La negativa o dilación del derecho a la salud es una de las principales fallas dentro de los Centros Penitenciarios de la República Mexicana. Así lo apuntan las cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ya que de las 1 mil 151 quejas presentadas ante el organismo durante 2015, el 76 por ciento tiene que ver con este tema.
Por ese motivo, la Comisión emitió un Pronunciamiento sobre el Derecho a la Protección de la Salud de las Persona Internas en Centros Penitenciarios de la República Mexicana, el cual tiene como objetivo que las autoridades federales y locales competentes elaboren políticas públicas que protejan este derecho para las más de 250 mil personas internas, actualmente, en los 387 centros de reclusión municipales, estatales y federales del país.
El Pronunciamiento contempla ocho puntos; todos ellos encaminados a propiciar que quienes se encuentran privados de su libertad reciban la asistencia médica necesaria, pues esto es un derecho humano reconocido por la Constitución desde 1983 que el Estado debe de cumplir.
Entre las líneas de acción que la CNDH destaca, se encuentra el fortalecimiento del sistema de prevención de enfermedades por medio del esquema de vacunación; además del diseño de protocolos para agilizar la prestación de los servicios, y asegurar la atención oportuna en los casos urgentes.
También se menciona la aplicación de los sistemas de permanentes de vigilancia epidemiológica y de información continua en materia sanitaria, así como el desarrollo de un sistema de “consulta remota” que permita tener contacto, a través de las tecnologías, con hospitales públicos y privados cuando se requiera atención médica especializada.
El Pronunciamiento de la Comisión se emite en el contexto de la 35 Asamblea General Ordinaria de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), en la que el presidente Enrique Peña Nieto reconoció la universalidad del derecho a la salud, pues, afirmó, “es el bien más preciado”.
La CNDH elaboró el Pronunciamiento con base en documentos que previamente había emitido, como Recomendaciones Generales y Específicas; Informes Especiales, y el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2014. Fue aprobado por el Consejo Consultivo, y el documento está disponible en la página de internet oficial de este organismo.
