Defensores de derechos humanos y periodistas, aglutinados en asociaciones civiles, exigen a la LXI Legislatura de Jalisco que abrogue la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado, “por vulnerar el derecho a la consulta y a la participación de sus destinatarios”.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, los Periodistas de a Pie y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos también piden al Congreso estatal que “declare ilegal la convocatoria para la elección de integrantes del Consejo Consultivo que contempla dicha legislación”.
Asimismo, solicitan al Poder Ejecutivo que suspenda el procedimiento contenido en el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco del 22 de junio pasado.
Las organizaciones se declaran preocupadas por “la situación de violencia extrema que día a día ocurre en nuestro país y especialmente en Jalisco”. Esa entidad, señalan, ocupa los primeros lugares en el número de personas desaparecidas de manera forzada e involuntaria”.
Agregan que “los feminicidios y homicidios dolosos no cesan; la impunidad del despojo de la tierra y el territorio de las comunidades rurales e indígenas por parte de empresas trasnacionales y el crimen organizado, con protección de las autoridades de los tres niveles; la corrupción de quienes están a cargo de hacer cumplir la ley, es una práctica tolerada en todos los niveles, y la violencia cotidiana ejercida por la delincuencia organizada, y por las mismas autoridades, dejan a cada persona en total estado de indefensión”.
Según las organizaciones, “después de Siria y Afganistán, México es el peor país para ejercer la libertad de expresión. De acuerdo con organizaciones internacionales y nacionales se tienen registradas de 2000 a junio de 2017, 108 periodistas asesinados, y solamente en tres casos se ha procesado a los responsables, lo que significa el ciento por ciento de impunidad”.
Por ello, señalan que “ante la difícil situación en que se ejerce la profesión de informar y se defienden los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales en Jalisco, nos parece inadmisible que el Congreso del Estado haya elaborado la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas sin reconocer el derecho a la consulta y a la participación de sus destinatarios. Consideramos que una legislación sin consulta carece de legitimidad. Por lo tanto, exigimos que la LXI legislatura de Jalisco la abrogue y realice una consulta respecto a la finalidad y alcances de la misma”.
Nancy Flores
