Organizaciones civiles rechazaron el cálculo hecho por autoridades en torno a a la cifra oficial de desaparecidos, que ronda las 37 mil víctimas. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada –conmemorado cada 30 de agosto–, exigieron que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador verifique los datos.

El problema con esta cifra radica en que los “registros, tomados de las denuncias ingresadas por las personas, iniciaron por averiguaciones circunstanciadas, donde no son consideradas averiguaciones previas ni carpetas de investigación”, explica a Contralínea Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático.

Por ello, el manejo de las cifras resulta incierto para las organizaciones sobre todo por la falta de transparencia. Al respecto, Delgadillo considera que hay una cifra oculta por la desconfianza y el miedo, cada vez más habituales, al momento de hacer una denuncia de desaparición.

Para la activista, esto se encuentra motivado, en gran medida, por la inexistencia de “garantías eficaces de protección para las víctimas”, y también por el involucramiento de servidores públicos.

Eso coloca a víctimas directas e indirectas en una situación de mucha vulnerabilidad, porque “hay una especie de complicidad del Estado que investiga con el Estado que protege a servidores públicos que pudieran haber sido actores en los casos de desaparición”.

Agrega que “si bien es cierto que hay una cifra oficial de personas desaparecidas en México, que alcanza cerca de 37 mil, la parte que nos preocupa es que esta cifra no refleja la realidad del país”.

Fabián Vega