El Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras –que depende de la Secretaría de Gobernación– y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) son débiles en cuanto a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, afirmó Raphael Steger Cataño, embajador eminente de México.

Y es que los periodistas y defensores de derechos humanos en México se enfrentan a diversas agresiones que se multiplican, regionalizan y se especializan en callar y frustrar sus voces de protesta y de información.

Por ello, durante la presentación del Informe 2019 libertad de expresión en México, del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), el investigador Armando Rodríguez Luna señaló que el diseño actual, el marco legal, las capacidades instaladas hasta el momento y los recursos económicos y humanos de las instituciones son totalmente insuficientes para enfrentar tanto agresiones como las zonas de silencio que están impactando directamente sobre el ejercicio de la libertad de expresión en el país.

El Informe de Casede señala que, tanto el Mecanismo como la Feadle son instituciones diseñadas federalmente, mientras que las agresiones tienen una fuerte carga local, y a pesar de que algunos estados han promovido instituciones para la defensa de la libertad de expresión a nivel local, la brecha respecto a las instituciones federales sigue siendo considerable.

Al respecto, Steger Cataño aseguró que la falta de efectividad se debe a la ausencia de un presupuesto razonable para lograr incidir en los ámbitos regionales y locales, así como mayor autoridad para cumplir sus funciones adecuadamente y sobre todo la selección que se hace de funcionarios que deben ser ratificados por la cámara de diputados y senadores.

Para lograr un cambio, Raphael Steger recomendó fortalecer las instituciones constitucionalmente autónomas por medio de una dotación presupuestal suficiente y la selección y propuesta de sus funcionarios expertos en materia de defensa de derechos humanos que tengan autoridad moral.

En la presentación, Mariclaire Acosta -presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción y del Comité de Participación Ciudadana- señaló la importancia de  movilizar a la población y a las víctimas para impulsar una reforma de esas instituciones.

Por su parte, Leonardo Curzio mencionó que no hay instituciones sólidas que protejan a periodistas y defensores, porque institucionalmente el país se ha deteriorado. Los políticos, dijo, siguen cobrando viejas facturas sin enfocarse en los nuevos problemas.

Indra Cirigo