La Fiscalía General del Estado de Jalisco cometió diversas omisiones en las diligencias que realizó en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, señaló el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. El sitio donde presuntamente se desaparecían personas estuvo bajo custodia de dicha autoridad local desde septiembre de 2024, tras el aseguramiento hecho por la Guardia Nacional; sin embargo, la Fiscalía estatal no rastreó huellas dactilares ni objetos hallados, como prendas o calzado; no procesó los vehículos encontrados en el lugar, de los cuales tres ya han sido robados; además, la revisión e inspección del inmueble no fue completa ni exhaustiva, acusó el abogado de la nación.

En conferencia de prensa, señaló que la Fiscalía jalisciense comenzó sus investigaciones en el inmueble entre septiembre y octubre de 2024, pero que, hasta ahora, no cuentan con dictámenes definitivos de identificación con base en restos, y tampoco tienen pruebas físicas ni químicas concluyentes sobre si hubo o no hornos crematorios.

El fiscal Gertz Manero exhibió que las autoridades de Jalisco no han establecido vínculos, participaciones o encubrimientos que presuntamente pudieron haber cometido autoridades locales con miembros de grupos criminales, en especial con el Cártel Jalisco Nueva Generación, incluso cuando víctimas han confirmado estas relaciones. Sobre esto, ejemplificó que una persona señaló a la policía de Tala por cooptarla y llevarla al rancho Izaguirre.

Respecto al inmueble, el fiscal general alertó que la Fiscalía de Jalisco no investigó quién es el dueño del rancho –donde presuntamente se cometían estos delitos– ni los antecedentes del mismo.

Además, acusó que  una vez realizadas las diligencias en el lugar, los funcionarios locales se fueron, lo dejaron abandonado y sin protección. Todas estas irregularidades fueron encontradas por la misma FGR a partir de un protocolo de investigación que comenzaron alrededor de hace dos semanas, afirmó Gertz Manero, quien añadió que las autoridades jaliscienses tampoco dieron intervención inmediata a la Fiscalía General, aun cuando había delitos del fuero federal, por posesión de armas de fuego de alto calibre y delincuencia organizada.

Al tener la certeza de que había pruebas suficientes de los ilícitos federales, indicó que la FGR atrajó el caso. No obstante, acusó que las autoridades de Jalisco todavía no entregan la carpeta completa: sólo han otorgado algunos datos. Y añadió que, una vez que se tenga toda la documentación, entonces la FGR podrá comenzar sus propias investigaciones e identificar si las pruebas están contaminadas o no.

No obstante, confirmó que hasta ahora tienen información “muy preliminar”. Entre lo que saben hasta ahora, destacó que se encontraron “pequeñas osamentas” con restos de huesos de personas. Además, ofreció hacer un recorrido en el lugar con la prensa, para que los reporteros y reporteras vayan al lugar de los hechos y constanten lo que existe y lo que no existe de primera mano. Ello, luego de que varios medios de comunicación difundieron la versión de que existen hornos de cremación.

Agregó que este caso fue dirigido a las autoridades locales después de que la Guardia Nacional, en funciones de policía auxiliar, descubrió el inmueble en septiembre de 2024. En aquel momento, explicó, hubo intercambio de disparos, pues la GN fue atacada por personas pertrechadas en el lugar. Al respecto, recorsó que en aquel momento detuvieron a 10 personas y encontraron dos personas que se encontraban secuestradas; sin embargo, mencionó que no se sabe cuántas pudieron haber estado, en total, en esa misma situación con anterioridad.

El fiscal confirmó que en hechos aislados y distintos, se ha detenido por diversos delitos a más personas vinculadas al rancho Izaguirre. La conexión, explicó, se ha establecido porque en el lugar estaban sus prendas o identificaciones –credenciales de elector, principalmente–, aunque no reveló el número específico, dato que dará a conocer posteriormente.

Por otra parte, el doctor Gertz Manero se comprometió a que el caso sea resuelto con inmediatez; ello con base en que hay muchas pruebas y conocimiento del caso hasta ahora. En este sentido, resaltó que revisarán la responsabilidad de las autoridades de la Fiscalía de Jalisco y se hará justicia desde el ministerio público que atrajo el caso, hasta el fiscal que tuvo que haber supervisado.

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