Por omisión en los mecanismos regulatorios para el uso de transgénicos en el país, Greenpeace México exige el cambio de los funcionarios Enrique Sánchez Cruz, director en jefe del Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), y Rocío del Carmen Alatorre, comisionada de Evidencia y Manejo de Riesgos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Según la organización, ambos “han seguido un patrón sistemático de actos y omisiones que ha debilitado el marco de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados, también conocidos como transgénicos; tampoco han tomado medidas para evitar el pésimo manejo y gestión de los plaguicidas altamente peligrosos en México, entre ellos los insecticidas conocidos como neonicotinoides, que en otros países han sido prohibidos por el daño que causan a las abejas y otros polinizadores”.
Y es que Enrique Sánchez Cruz se ha mantenido en su puesto por 3 sexenios, mientras que Rocío del Carmen Alatorre ha fungido como comisionada de la Cofepris “al menos desde 2007”, precisa a Contralínea María Colín, campañista legal de la organización medioambientalista.
Para la activista, la permanencia de los funcionarios “impediría” la promesa del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de instrumentar eficazmente una política que protega al maíz nativo, y con ello evitar la inserción y siembra de transgénicos en los cultivos mexicanos.
Según un comunicado de Greenpeace, “en materia de bioseguridad de organismos genéticamente modificados prevalecen nulos, escasos o insuficientes mecanismos de inspección y vigilancia por parte del Senasica, así como laxitud en la aplicación de sanciones penales y administrativas, tanto a funcionarios que se abstienen de aplicar la ley como a aquellos que la emplean a modo, o a los agricultores que han admitido sembrar cultivos transgénicos de manera ilegal; y nulas investigaciones a casas semilleras que han comercializado semillas transgénicas, lo que permite que se extienda la contaminación transgénica en nuestro país”.
Para la organización, los funcionarios del Senasica han sido opacos en cuanto a los resultados de monitoreos anuales para la detección de soya transgénica en Campeche, para los ciclos agrícolas de 2016 y 2017, siendo las propias comunidades quienes, a través de monitoreos comunitarios, han denunciado presencia de soya modificada distribuida y sembrada de manera ilegal en el municipio de Hopelchén, Campeche.
En cuanto a la Cofepris, indica, no ha cancelado la autorización de uso de plaguicidas, a pesar de que 183 sustancias altamente peligrosas que figuran en la lista del Catálogo Oficial de Plaguicidas Altamente Peligrosos en México, los cuales están prohibidos en otros países.
María Colín considera que “ambas autoridades hacen mancuerna para crear políticas perversas que permitan la expansión de este tipo de contaminación en la biodiversidad del país”.
Jordana González
