Al intervenir ilegalmente comunicaciones con el malware Pegasus, el gobierno de México habría violado la inmunidad diplomática que concedió a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
La confirmación de Citizen Lab sobre el presunto espionaje gubernamental en contra de los miembros del GIEI –revelada este 10 de julio por el diario estadunidense The New York Times– es “especialmente grave”, consideran organizaciones sociales.
“El espionaje en su contra podría tener graves implicaciones en términos de derecho internacional y refuerza la necesidad de un panel internacional que supervise la indagatoria [sobre el uso que ha dado el gobierno al malware Pegasus]”, indican el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Artículo 19, Social TIC, Red en Defensa de los Derechos Digitales, entre otras.
A través de un comunicado, refieren que “fue el propio Estado mexicano el que solicitó su presencia en el país, para brindar asistencia internacional en el caso Ayotzinapa, mediante un acuerdo en que se les aseguraba inmunidad diplomática por tratarse de un grupo formalmente designado por la propia CIDH”.
Para las organizaciones, “la comprobación de nuevos intentos de espionaje confirma que el uso de Pegasus obedeció a una amplia operación de uso indebido de espionaje que debe ser investigada. No sólo fueron espiados periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, sino que hoy sabemos que también lo fueron líderes de partidos políticos e incluso integrantes de un mecanismo internacional de asistencia técnica”.
Por la gravedad de esta revelación, indican, es necesario que se generen “mecanismos adicionales y extraordinarios para asegurar garantías de independencia en la investigación, tales como la intervención de un panel de expertos independientes, que incluya la participación de mecanismos internacionales de derechos humanos”.
Además, las organizaciones consideran que, a la brevedad, “se transparenten todos los contratos y demás documentos relacionados con el proceso de contratación de la tecnología Pegasus por parte de todas las dependencias que pudieron haber adquirido este spyware de la empresa NSO o similares vendedoras de servicios de espionaje”.
