Defensores de derechos humanos que denunciaron la desaparición forzada de personas en Tamaulipas y responsabilizaron de los hechos a elementos de la Secretaría de Marina sufren criminalización y acoso gubernamental.
Por ello, el colectivo #SeguridadSinGuerra –integrado por más de 300 organizaciones sociales, ciudadanos y activistas– exigió al gobierno federal que garantice la vida, integridad y seguridad de los defensores en Tamaulipas.
Según el colectivo, en vez de cumplir con sus obligaciones, las autoridades “han optado por hostigar y criminalizar a quienes desde la sociedad civil defienden los derechos humanos”.
En un comunicado, el colectivo informa que el Estado no cumple con su deber de proteger a la población, por lo que víctimas o familiares deben recurrir a instancias internacionales.
“Tratar de silenciar a un defensor de derechos humanos sólo hará que salgamos otros más a defender sus causas”, indican.
Por esos motivos exigen al presidente Enrique Peña Nieto y a la Secretaría de Gobernación que garanticen que los defensores de derechos humanos puedan continuar con su labor de manera segura y que atiendan el llamado de Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, de realizar una búsqueda efectiva de los desaparecidos y que los responsables sean llevados ante la justicia.
Después de la desaparición de 21 hombres y dos mujeres en Nuevo Laredo, entre febrero y mayo pasados, Zeid pidió al Estado mexicano detener las desapariciones en la ciudad y sus alrededores, ocasionadas por miembros de seguridad federal y la Marina, y reconoció que familiares de víctimas han logrado más avances en las búsquedas (sin ningún tipo de protección) que las mismas autoridades.
Diana Aguila
