Quito, Ecuador. La XX Asamblea Plenaria de la Conferencia de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanos (Comjib), realizada en Quito, mostró la importancia de contar con un sistema jurídico actualizado, para garantizar mejor atención a la ciudadanía.

Durante dos días, 24 y 25 de abril, titulares y funcionarios de las carteras de justicia de al menos 21 estados se reunieron en la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), ubicada en la Mitad del Mundo, en busca de un lenguaje común para avanzar en el trabajo de ese complejo y necesario sector.

La cita concluyó con la aprobación del Plan de Acción Iberoamericano sobre Modernización de la Justicia y Nuevas Tecnologías, que comprende cuatro líneas fundamentales de acción, definidas por los delegados.

Acercar la justicia al ciudadano, cooperación iberoamericana de procesos transfronterizos, reforma del modelo de gestión de procesos judiciales y las nuevas tecnologías en sistemas penitenciarios, cada una con sus diferentes iniciativas estratégicas, son ejes incluidos en el texto.

Según precisó Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos de Ecuador y presidenta de la Plenaria, la primera acción encierra los servicios jurídicos online con procesos de integración entre operadores, mientras la segunda incluye la firma y puesta en marcha de tratados sobre transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional.

Los otros dos ejes hacen referencia a la actualización de las sedes judiciales y los expedientes electrónicos; así como a la instalación de dispositivos de seguimiento electrónico y el sistema integral de gestión penitenciaria.

En la elaboración del Plan se tomaron en cuenta recomendaciones de los representantes de España y Portugal, países que compartieron su experiencia sobre los beneficios de la incorporación de innovación tecnológica al sector jurídico.

Al respecto, Javier Herrera, Director General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia de España, precisó que esa nación europea aplica con éxito las llamadas subastas judiciales electrónicas, con acceso para cualquier ciudadano y procesos transparentes en cuanto a su ejecución y adjudicación.

El funcionamiento de las sedes judiciales electrónicas, que permiten a personas involucradas en un proceso judicial, hacer consultas las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 días del año y la comunicación por vía digital de nacimientos al Registro Civil, fueron otras de las iniciativas implementadas en España y explicadas por Herrera.

Por su parte, Ecuador socializó su experiencia con el uso de los dispositivos de vigilancia electrónica, como alternativa a la privación de libertad, que además facilita la rehabilitación.

La titular de Justicia, especificó que en el país ya se aplica esa tobillera electrónica a 50 personas, quienes por disposición de las autoridades pertinentes cumplen sanción en libertad o esperan para presentarse a juicio.

La equidad de género también tuvo su espacio en la Comjib con la propuesta de implementar un modelo penal acusatorio en el sistema penitenciario y la adopción de un Comité por la Equidad de Género, temas abordados por Costa Rica y Bolivia.

En ese sentido, Cecilia Sánchez Romero, ministra tica de Justicia y Paz, habló sobre el tratamiento discriminatorio y de vulnerabilidad dado en la región a la política criminal de la mujer, que sufre un entorno de violencia doméstica.

Por su parte, César Augusto Romano Molina, delegado del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia, recomendó establecer una ruta crítica de acción y constituir un Cuerpo Adhoc, donde se eleve una propuesta final para consideración del Comité conformado por especialistas.

La meta final es establecer más acciones dirigidas a víctimas de violencia de género, aclaró el secretario general de la Conferencia, Arkel Benítez.

El objetivo es que las propuestas guarden relación con la realidad y problemática de cada uno de los países, donde se realizan transformaciones en la normativa legal para favorecer la gestión de cada uno de los países que conforman la instancia.

La cita internacional concluyó con siete acuerdos a partir de la aprobación de un modelo de planificación estratégica con enfoque de gestión por resultados desde la Secretaría General hacia la Comjib y el análisis del impacto de la implementación del modelo penal acusatorio especialmente en el sistema penitenciario.

Asimismo, el pleno decidió la realización de un estudio de viabilidad para la creación de un Comité Jurídico de Derecho Internacional Iberoamericano por el desarrollo progresivo y la futura codificación del derecho internacional.

Los presentes también aprobaron la posible constitución de una Fundación como instrumento de financiación que permita impulsar una agenda de justicia como eje de desarrollo social para la cooperación al desarrollo desde la institución.

Impulsar el modelo iberoamericano para la prevención de la violencia y el delito, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el disfrute de la convivencia pacífica y la adopción de un Comité por la Equidad de Género en la Justicia, fueron los acuerdos finales.

La Conferencia de los Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos es un organismo que busca mejorar el sistema judicial en la región, para lo cual promueve la creación de políticas aplicables a los Estados miembros y a la conformación de alianzas regionales y subregionales.

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México. Además, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela son los estados miembros de la Comjib.

Sinay Céspedes Moreno/Prensa Latina