Existe una clara participación del Estado en la comisión de la desaparición forzada, la cual es un crimen de Estado y una grave violación a los derechos humanos, así como una política que muestra generalidad y sistematicidad, y se ha convertido en un crimen contra la humanidad, denuncia organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Advierten que las desapariciones forzadas “son cometidas por corporaciones policiacas o militares y en muchos de los casos se cometen a través del crimen organizado, guardias privadas o civiles armados que actúan bajo el mandato, consentimiento o aquiescencia del Estado”.
Sin embargo, señalan que la estrategia del Estado ha sido diluir su responsabilidad respecto a las desapariciones forzadas, sosteniendo la falsa idea de que la mayoría son realizadas por particulares sin relación con el Estado, lo cual es una de las formas de eludir su responsabilidad y desaparición forzada de la Ley General y, en su lugar, incluir delitos como secuestro y trata de personas, que no constituyen ni una violación de derechos humanos ni un delito como el término de personas no localizadas, extraviadas o ausentes.
Como parte de la campaña contra la desaparición forzada en México, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Comité Cerezo México, Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C, Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y sierra Oriental (CODHHSO), entre otros, señala que a casi tres años de que se reformó el artículo 73 constitucional, México sigue sin contar con una Ley General en materia de desaparición forzada.
El Senado y la Cámara de Diputados han incumplido, hasta la fecha, con el mandato constitucional, aunque justo es decir que, como Estado mexicano, la deuda legislativa lleva por lo menos 18 años, cuando la exigencia de una ley contra las desapariciones forzadas se escuchó por primera vez en voz de familiares y organizaciones de víctimas de desaparición forzada.
José Réyez