Las respuestas a las peticiones de información de los más de 240 sujetos obligados –entre ellos instituciones y dependencias gubernamentales– no son suficientes, advirtió el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

A 5 años de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), señaló que “la cabal respuesta de los sujetos obligados nunca se logra porque se renuevan los periodos gubernamentales y siempre habrá flecos para encontrar que las instituciones y dependencias no sean todavía receptivas y respondan desde la primera vez en suficiencia”.

Durante el foro virtual “Avances y retos a 5 años de la entrada en vigor de la LGTAIP”, el comisionado presidente indicó que el Inai invierte “una buena parte de su concentración exclusiva en facilitar” –incluso por la vía de sus potestades de señalamiento y de exigencia cívica, ya que responden a una exigencia del estado de derecho– que se responda “bien lo que se tendría que haber contestado bien desde el principio”.

Acuña Llamas resaltó que el Instituto hace valer sus potestades de corrección y de señalamiento público respecto de las omisiones en la materia de hacer público lo público, ya que se sigue dando un proceso de adecuación dentro de las unidades de transparencia de los sujetos obligados.

Por su parte, la maestra Haydeé Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar, señaló que hay tres retos principales enfocados a la política pública de la Ley que no han terminado de resolverse: el primero es la información disponible online ya que a pesar de contar con políticas de transparencia proactiva los hechos señalan que sigue siendo la excepción y no la regla.

La especialista en temas de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y gobierno abierto advirtió que “se ha ido avanzando y algunos sujetos obligado tienen información disponible o abren mucha más información este sigue siendo un pendiente importante que ahora se ve más con la necesidad apremiante de conocer la información, por ejemplo, en términos de recursos relacionados con la pandemia […] la información debe ser oportuna”.

Pérez Garrido agregó que la información de oficio de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) también presenta su propia problemática que en algunos casos impide tenerla de manera oportuna y accesible.

El segundo reto mencionado por la directora ejecutiva de Fundar es la necesidad de digitalizar la información y archivos de las administraciones públicas y para cambiar la dinámica dentro de las administraciones ya que la falta de esa digitalización retrasa la oportuna y rápida respuesta de los sujetos obligados.

Por último, la maestra en democracia y derechos humanos señaló como tercer reto la falta de políticas relacionadas con la información dirigida a los grupos vulnerables y discriminados, principalmente indígenas, para que “llegue como tiene que llegar”.

Pérez Garrido explicó que esos tres retos principales no son los únicos, ya que los partidos políticos –como sujetos obligados– no están cumpliendo con sus obligaciones de transparencia; de igual forma falta información sobre los fideicomisos públicos, así como de actores que realizan actividades de interés público (como el sector privado), ya que no sólo las instituciones públicas realizan actividades de interés público.