“Hay mujeres jornaleras que no saben ni como pedir ayuda en español, ellas hablan nuestra lengua me’phaa… tampoco tienen para pagar un parto, ni acceso a los servicios de salud… los niños no reciben ninguna atención médica y han llegado a ser atropellados en los mismos campos en los que trabajan sus padres…” enlista Lucy, una mujer jornalera que está en busca de que este sector reciba una atención debida por parte de las autoridades. Se trata de los mexicanos más pobres del país.
Como el de Lucy, otros jornaleros rindieron testimonio en el foro: Jornaleras y jornaleros agrícolas. Presente y futuro. En la retahíla de denuncias se mencionó la concentración de apoyos en manos de algunos empresarios, los actos de corrupción entre los delegados de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); así como de las dependencias en los estados; los sindicatos charros, el abuso de poder, maltrato, acoso sexual, jornadas extenuantes de trabajo y pagos que no les alcanzan para mantener a sus familias, tienen a jornaleros sumergidos en la miseria.
Y es que México es uno de los principales productores/ exportadores agrícolas del mundo y su mercado preferente es Estados Unidos. Miles de ellos viajan del sur (la región más pobre del país) al centro y norte del país, donde la agroindustria ha elevado su demanda de mano de obra. Ahí se contratan personas de cualquier edad; la mayoría son originarios de comunidades indígenas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Jalisco, Nayarit y San Luis Potosí, se indicó en el marco del foro organizado por la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, coordinada por Margarita Nemecio.
La Red —que integran diversas organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Voces Mesoamericanas, acción con pueblos migrantes, Centro de desarrollo indígena Loyola, entre otras— indicó que, actualmente “la política pública de atención a la población jornalera es insuficiente y en varios casos inoperante, tiene poca perspectiva migratoria cultural, étnica, de infancia y de género”.
“Los presupuestos para atender a la población son insuficientes, sobretodo sabiendo que en México hay más de 9 millones de personas jornaleras y sus familias, y ante este panorama, la reducción de los recursos destinados a su atención son cada vez menores… A nivel educativo, la población potencial del programa para la inclusión y equidad educativa (PIEE) está entre 3.5 millones de niños y niñas, pero el presupuesto destinado para este año sólo cubrirán a 22 mil personas”, indicó la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas.
