Al cumplirse 3 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero, Amnistía Internacional señaló que “la mentira histórica de este caso marcará el sexenio de [Enrique] Peña Nieto”.
Para la organización, es tiempo de que el presidente de México deje de apropiarse del discurso de la sociedad civil con fines de campaña y oportunismo mediático.
“La Historia no perdona, y nosotras tampoco: México es un país de víctimas, y el presidente debe dejar de tratar de ocultar los casos bajo la alfombra y enfrentar la realidad de un país en donde la corrupción y la falta de legalidad matan y desaparecen a las personas día a día”.
Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, aseguró que “hoy nuestro país sigue de pie después de las profundas cicatrices que los últimos fenómenos naturales han provocado; pero también hoy se abre de nuevo una de las más lacerantes y preocupantes heridas de la memoria colectiva: la desaparición forzada de 43 estudiantes, un hecho terrible y crimen de derecho internacional que hasta ahora no ha sido debidamente investigado y que sigue sin resolverse, dejando en la incertidumbre el destino de los estudiantes pero sobre todo, la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos”.
Amnistía recordó que padres y madres de los jóvenes estudiantes, acompañados por la sociedad civil, luchan para encontrar la verdad y acceder a la justicia. “Los seguiremos contando, los seguiremos buscando”.
La desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Al respecto, la organización recuerda que los normalistas rurales fueron arrestados por policías municipales mientras se preparaban para participar en una manifestación en la Ciudad de México, para conmemorar una masacre de estudiantes ocurrida el 2 de octubre de 1968.
“Las autoridades mexicanas han dicho que los estudiantes fueron secuestrados por una banda criminal de la zona y que sus restos fueron incinerados en un basurero local. Sin embargo, tras una investigación forense de 1 año, un grupo de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que era científicamente imposible que ese número de cuerpos fueran incinerados en un basurero en las condiciones que dicen las autoridades, una conclusión que es compartida por otros expertos que han tenido acceso al caso.”
Nancy Flores