Las inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de Xóchitl Gálvez Ruiz, al encubrir sus acciones en la empresa Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI), deben ser investigadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), insistieron los simpatizantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al anunciar que solicitarán una averiguación por omisión de ingresos.
“Se presentó a las nueve de la mañana el abogado Gustavo García y su servidor, la firma con el aval de Mario Delgado, el presidente del partido, para que investigue las declaraciones que no cuadran en nada; las declaraciones donde omite declarar una empresa [Omei]; donde omite donaciones; y donde emite ingresos, y donde emite intereses y conflicto”, indicó el diputado local, Víctor Hugo Romo.
De igual manera, señaló que la candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México habría incurrido presuntamente en el delito de enriquecimiento ilícito, por el tráfico de influencias ejercidas durante su mandato frente a la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, en el trienio de 2015 a 2018.
Tras reiterar que las opacidades patrimoniales de Gálvez son falaces por ocultar su millonaria suma en acciones en OMEI, el candidato a diputado local –por el distrito 5 de la capital– confío en la facultad del órgano electoral de investigar las irregularidades de la empresaria y aspirante presidencial.
“Para aquellos que pueden tener alguna duda de qué pasará si la investigación tiene sustento, pues es que se le conmine a la candidata a decir la verdad de lo que declara. Segundo, que reciba una amonestación o una multa al partido político que la postula. Hasta eso, ha quedado la queja de las declaraciones que Xóchitl Gálvez expuso y declaró con el afán de decir verdad, y que no cuadran, y son absolutamente contrarias a la realidad”.
La semana pasada Víctor Hugo Romo y Mario Delgado habían anunciado la intención de presentar una denuncia en contra de Gálvez ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y las contralorías federal y local.
Sin embargo, explicaron que se abstendrán de realizar cualquier acción administrativa o penal hasta que pase el actual proceso electoral, “para que no se victimice” la candidata de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).
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