Estudiantes de la Escuela Normal Rural Pantaleón Domínguez, de Mactumactzá, Chiapas, exigen la restauración del sistema de internado que fue cancelado hace más de 15 años, así como ampliación de la matrícula, aumento presupuestal para su escuela, cese al “desprestigio mediático” y respeto a la organización estudiantil. Aunado a ello, reafirman su oposición a la evaluación docente.
Los integrantes del Comité Estudiantil de Mactumactzá también solicitan una audiencia con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; ello, debido a la desatención de las autoridades estatales y del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aseguran en entrevista con Contralínea.
Mactumactzá perdió su sistema de internado en 2003, durante el gobierno estatal de Pablo Salazar Mendiguchía. Los dormitorios y el comedor fueron desmantelados, el presupuesto se redujo y la matrícula fue recortada de 527 a 240 estudiantes, a pesar de que ese mismo año se convirtió en una escuela mixta.
Los normalistas lucharon por recuperar su comedor, pero a la fecha deben pagar renta y otros servicios con una beca mensual de 2 mil pesos, que no ha aumentado en 15 años y que es entregada de forma irregular.
“Defendemos nuestra casa [la normal] que es la que nos ha protegido durante 4 años. La lucha que nosotros tenemos ahora es por el internado. Una normal rural no es nada sin sus cinco ejes [político, académico, cultural, productivo y deportivo] y sin su internado”, explican estudiantes del Comité Estudiantil de la normal que solicitan el anonimato por temor a represalias.
Sabotaje y ataques mediáticos constantes
Mactumactzá ha sufrido problemas académicos desde que, en 2016, 50 trabajadores y 16 maestros abandonaron sus labores dejando a la escuela en una situación crítica.
Según el Comité Estudiantil, estos trabajadores siguen cobrando sueldos y se han sumado a la campaña de desprestigio mediático que tacha de “vándalos” a los normalistas. Por esto, temen que el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas busque volcar a la sociedad en su contra para que “no haya indignación si nos atacan y la sociedad aplauda un intento de cierre de Mactumactzá”.
A mediados de febrero, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, secretaria de educación de Chiapas, declaró que Mactumactzá sólo tiene dos opciones: o se transforma o desaparece.
Para el Comité Estudiantil ésta es una amenaza directa de cerrar la normal o transformarla en una institución donde ya no tenga cabida la organización estudiantil y la lucha social.
Al desprestigio mediático atribuyen la detención y encarcelamiento del director de la escuela, Conrado de Jesús Borraz León, quien en agosto pasado fue acusado (y posteriormente absuelto) de homicidio y homicidio en grado de tentativa por el fallecimiento de una alumna.
La acción penal en su contra no procedió, pero el acontecimiento fue leído por los normalistas como un escalada de la campaña en su contra, toda vez que la detención se realizó después de que los medios difundieran información acerca de las “novatadas” en la escuela con videos que, de acuerdo con los estudiantes, no corresponden a la normal.
“La política que nosotros manejamos, eso es lo que pretende acabar el gobierno; quieren terminar con la conciencia que generan las normales”, asegura uno de los normalistas.
Desde su egreso, 22 normalistas de Mactumactzá no han conseguido empleo como consecuencia de la evaluación de la reforma educativa. “Están ofertando 82 plazas para las 17 normales del estado, pero dicen que ya están consideradas para los idóneos del año pasado, o sea, no hay espacio para nosotros. ¿De qué nos sirven entonces 4 años de formación docente si al final no va a haber trabajo?”
De diciembre de 2018 a la fecha, aseguran los normalistas, las autoridades educativas del nuevo gobierno han aplicado la reforma punto por punto y han llevado a la práctica las medidas que había logrado detener el movimiento magisterial.
Alba Olea
