El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene abiertas 18 investigaciones por presuntos actos de corrupción e irregularidades administrativas cometidas por personas servidoras públicas del organismo. De estos expedientes, cinco ya avanzaron a procedimientos de responsabilidad por posibles faltas graves, mientras que los 13 restantes se mantienen en fase de investigación activa.
Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el contralor del INE, Víctor Hugo Carvente, detalló que hay un expediente maestro del que se desprenden otros cuatro, con diversas líneas de investigación, incluido el ocultamiento y el conflicto de interés. Asimismo, explicó que los ocho expedientes restantes derivan de hallazgos identificados por el área de auditoría del organismo, que integró los informes de presuntos hechos irregulares para dar paso a las investigaciones correspondientes. “Es decir, estos hechos noticiosos también ya los teníamos identificados en el área de auditoría y conformaron el informe de presuntos hechos irregulares para que se convirtieran en una investigación”.
Carvente Contreras también advirtió sobre posibles irregularidades en los procesos de contratación del sistema electoral. Señaló que, entre 2014 y 2025 –ya durante la administración de Guadalupe Taddei–, cinco empresas con presuntos vínculos entre sí concentraron contratos por 2 mil 461 millones de pesos para abastecer de materiales electorales al INE y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).
El funcionario acusó que estas compañías habrían simulado competencia para obtener las adjudicaciones, situación que calificó como un problema histórico y estructural, que alcanza tanto al organismo nacional como a las autoridades electorales estatales.
Detalló que el 77 por ciento del monto global de esos contratos, equivalente a más de 1 mil 883 millones de pesos se concentró en los proveedores: Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY y Seriplast de México. “Al menos desde 2014 y hasta 2025, cinco empresas con vínculos entre sí, es decir, que han simulado competencia, recibieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos por venta de material electoral en los OPLES”.
En este sentido, el contralor informó que durante los últimos 11 años –periodo que abarca también la gestión de Lorenzo Córdova Vianello–, Cajas Graf encabezó la lista de empresas beneficiarias, con 1 mil 72 millones 876 mil 165.40 pesos, provenientes de adjudicaciones con el INE y 20 organismos electorales estatales. Le siguió Formas Finas y Materiales, con 815 millones 961 mil 175.06 pesos; Corporativo Zeg, con 278 millones 717 mil 552.46 pesos; Comercializadora JVLYU, con 208 millones 386 mil 239.14 pesos, y Seriplast de México, con 85 millones 123 mil 981.43 pesos.
Víctor Hugo Carvente también señaló que entre las posibles conductas bajo investigación se encuentran: conflictos de interés, ocultamiento de información, anomalías en contrataciones, abuso de funciones y presunto uso indebido de recursos públicos. El contralor precisó que los casos podrían involucrar a distintas áreas del instituto y que deberán avanzar conforme a las etapas legales correspondientes.
