El presupuesto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en el 2020 sólo cubre el 25 por ciento de lo que al menos requeriría para cumplir con su mandato, advirtieron organizaciones defensoras de derechos humanos.
A inicios de septiembre, la SHCP envió el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2020, otorgándole a la Comar 27 millones 360 mil 858 pesos para su funcionamiento.
Esa proyección presupuestal es insuficiente para cumplir con el mandato, lo que contraviene la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y su Reglamento, así como las obligaciones aceptadas por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, señalan en un comunicado de prensa las organizaciones, entre las que se encuentran el Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria, el Grupo Articulador México del Plan Acción Brasil, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes.
Agregan que el propio titular de la Comar, Andrés Ramírez, ha manifestado la necesidad de contar con al menos 100 millones de pesos más para poder contar con un equipo humano y recursos suficientes para cumplir debidamente con su mandato.
Datos de la Comar refieren que en lo que va de 2019 se han recibido hasta 50 mil solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y se espera cerrar el año con más de 80 mil solicitudes. Ello como consecuencia de la realidad que se vive en la región de Mesoamérica.
Es por ello que las organizaciones solicitaron el aumento del presupuesto, a fin de garantizar los derechos de las personas que se ven obligadas a solicitar asilo en México para salvar sus vidas.
Señalaron que el hecho de iniciar los procedimientos prolongando sistemáticamente los plazos es consecuencia de la presión y el desbordamiento a la que están sometidas las personas trabajadoras de la Comar, situación que genera una deficiente protección de las garantías judiciales y de los principios del debido proceso, dejando en estado de indefensión a las personas que, en lo individual o con sus familias, se encuentran esperando una resolución.
“Pedimos a la Cámara de Diputados, en particular a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Asuntos Migratorios, presidida por la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, que rectifiquen el presupuesto asignado a la Comar y que actúen responsable y consecuentemente con las obligaciones de México de garantizar el derecho a la protección internacional y, sobre todo no traicionar o dejar en el olvido la tradición histórica de asilo en la región.”
Finalmente, las organizaciones solicitaron realizar espacios de parlamento abierto promovidos y con participación de autoridades competentes, sociedad civil, academia y agencias de Naciones Unidas para reflexionar sobre el impacto que pudiera tener un mayor presupuesto en la vida cotidiana de personas sujetas de protección internacional.
Indra Cirigo
