La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) instó a los gobiernos que presten atención urgente a la situación de millones de personas apátridas y sigan el conjunto de recomendaciones que ha emitido hoy para garantizar su cobertura en respuesta a la pandemia por Covid-19.
Advirtió que hay alrededor de 3.9 millones de personas apátridas en 78 países –y probablemente el número real sea mayor– y que, sin ciudadanía, no tienen acceso a los servicios esenciales, incluida la atención médica. En este contexto, indicó la ACNUR, podría negárseles u obstaculizárseles el acceso a las pruebas y el tratamiento contra la Covid-19. Otros podrían abstenerse a acceder a los servicios por temor a que su estado legal pueda ponerlos en riesgo de detención o deportación.
Además, la Agencia de la ONU estimó que muchos se encuentran recluidos en detención prolongada previa a la deportación, debido a que no son considerados residentes legales y no hay un país al cual deportarlos.
Al respecto, Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los Refugiados dijo que “el derecho a una nacionalidad es un derecho humano fundamental y en este momento de crisis puede significar la diferencia entre la vida o la muerte”.
La apátrida deja muchos marginados política y económicamente, discriminados y vulnerables a la explotación y abuso. Agregando que las personas en esta situación viven en condiciones sanitarias inadecuadas, lo que puede agravar el riesgo de brotes.
“A millones de personas en todo el mundo se les niega una nacionalidad y los derechos legales que vienen con ella. No existen en papel y la mayoría de las veces viven al margen de la sociedad. Nuestra preocupación es que en un momento tan crítico, en medio de una pandemia mundial, ahora corren un gran riesgo de quedar fuera de la respuesta”, aseguró Grandi.
Para garantizar la protección e inclusión de las personas apátridas en la respuesta de salud pública, la ACNUR publicó una serie de recomendaciones para los países, las cuales incluyen que los servicios de salud sean accesibles para todos, independientemente de su estado de ciudadanía o residente legal; la creación de una barrera entre los servicios de salud e inmigración para que las personas apátridas accedan a los servicios sin riesgos de arresto o detención; garantía de la inclusión de dichas personas con campañas de información; y la designación de las actividades de registro civil (incluido el registro de nacimientos, como servicios “esenciales”), permitiendo su continuación y minimizando el riesgo de que las personas puedan terminar apátridas debido a la falta de pruebas legales de identidad o derecho a la nacionalidad.
Finalmente, la ACNUR añadió que es necesario que los gobiernos se abstengan de colocar a las personas apátridas en detención preventiva y considerar la liberación de las personas detenidas por razones relacionadas con su condición; que aseguren que las medidas de respuesta no alimenten la xenofobia y la discriminación racial; y extiendan paquetes de apoyo financiero a todos los residentes vulnerables en el territorio, independientemente de su estado legal.
