“Ante su evidente falta de compromiso, inacción y sobre todo por la obstaculización que desde su puesto realiza a la garantía de los derechos de las mujeres en México”, 29 familiares y víctimas sobrevivientes de violencia feminicida, 99 organizaciones sociales –incluida la Red TDT– y 143 defensores de derechos humanos pidieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la renuncia de la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), María Candelaria Ochoa Ávalos.

Los demandantes señalan que “estamos conscientes de la importancia de las instituciones creadas con el fin de cumplir en la coadyuvancia para una vida libre de violencia para las mujeres mexicanas; sin embargo, en este momento histórico, cuando la creciente gravedad de la situación del feminicidio en todo el país nos demanda instituciones fuertes y comprometidas, vemos con preocupación que quien está a cargo no esté a la altura de la problemática”.

Agregan que en su experiencia como organizaciones, al estar ubicadas en distintas partes del país, son testigos de que a más de 6 meses de que tomara posesión del cargo, la comisionada Ochoa Ávalos “no ha impulsado ni realizado acciones contundentes que puedan atender la problemática actual que cada día acaba con la vida de 10 mujeres en nuestro país”.

Y como ejemplo señalan la reciente promoción de un recurso de revisión contra el amparo concedido el pasado 13 de septiembre a las organizaciones de la sociedad civil peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para la Ciudad de México, por el Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa.

“Además de que esta acción –en sí misma dilata la necesaria activación de la Declaratoria de AVG y el cumplimiento del amparo concedido por el Poder Judicial de la Federación a las organizaciones peticionarias, víctimas y familiares de víctimas– el recurso interpuesto por la Conavim, cuya titular paradójicamente se reivindica como feminista, cuestiona la participación de la sociedad civil, su experiencia y su interés legítimo en actuar en defensa de los derechos humanos de las niñas y mujeres que viven en un contexto de violencia.”

Organizaciones, víctimas, familiares y defensores agregan que la titular de la Conavim “argumenta que la concesión del amparo y sus efectos no tienen un alcance al que como autoridad responsable pueda dar cumplimiento. Esto se traduce en manifestar que no depende de ella la designación de recursos ni el deber de transparentar las acciones gubernamentales, particularmente, sobre los informes generados por los grupos encargados para dar seguimiento a las acciones emanadas de la Declaratoria, pues menciona que todo ese trabajo es ‘información reservada’, lo que propicia también la falta de transparencia de los recursos y acciones que el Estado está obligado a realizar en cualquier tipo de gobierno”.

Y eso no es todo, los demandantes agregan que Ochoa Ávalos ha llevado a las organizaciones peticionarias a interponer demandas ante el Poder Judicial de la Federación, quien ha reconocido mediante los diversos juicios de amparo, el actuar ilegal de Conavim, como fue el caso también en el estado de Zacatecas. Ahí el Poder Judicial determinó que no se había fundado y motivado la negativa de la solicitud, ordenando se volviera a resolver sobre la admisión, tomando en consideración los hechos planteados por las organizaciones de la sociedad civil”.

Por ello, a través de una carta pública, llaman al presidente López Obrador “para que en concordancia con su compromiso de campaña y el discurso oficial, las servidoras y servidores públicos que se desempeñen en su gobierno tengan un alto compromiso con las causas que encabezan, pero también que sus acciones sean tangibles y en beneficio de la sociedad, que confía en que las malas prácticas y abusos de poder sean desterrados en esta cuarta transformación”.

Y además de exigirle la renuncia de María Candelaria Ochoa Ávalos, le piden un plan y acciones reales para el combate y erradicación de la violencia contra las mujeres en México; evaluar y medir resultados en las 19 AVG declaradas en el país, para conocer el grado de avance y obstáculos en la implementación de las medidas, con el fin de actualizarlas, direccionarlas, tenerlas por cumplidas o, en su caso, denunciar y sancionar a las autoridades omisas; garantizar que las medidas de las AVG sean específicas acorde a las problemáticas detectadas, y no se reduzcan en acciones de política pública ordinaria que los estados deben realizar, en cumplimiento de sus obligaciones establecidas en las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y en los programas de igualdad y contra la violencia de género.

Asimismo, fortalecer el Mecanismo de AVG, a través del diseño de una metodología de seguimiento y evaluación que incluya indicadores de resultado e impacto que permitan identificar qué acciones han funcionado, cuáles deben fortalecerse y qué acciones no coadyuvan a cumplir los objetivos del mecanismo de AVG, a fin de que las AVG puedan evaluar los avances en la disminución de la violencia contra las niñas y mujeres; transparencia en los tres niveles de gobierno de las acciones y recursos destinados para garantizar los derechos humanos de las niñas y mujeres; y reformar el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para evitar que los vacíos generen un mal uso e interpretaciones a modo de la propia Ley y del procedimiento del mecanismo de AVG, tutelando en todo momento el acceso a la justicia de las mujeres, niñas y adolescentes.