Las deficiencias del Estado en materia de derechos de los pueblos originarios agravan la presencia del crimen organizado y grupos armados en comunidades indígenas, además la impunidad de sus acciones delictivas afecta la vida cultural, normativa y física de los habitantes, advierte Nayeli Ramírez Espinosa.
En su informe La libre determinación de los pueblos indígenas en México, agrega que el racismo, la discriminación, las políticas públicas desarrollistas, la impunidad y la prevalencia de la inequidad son las carencias del Estado mexicano que propician el actuar de las organizaciones delictivas en los pueblos originarios, los cuales, a consecuencia, sufren la destrucción de su territorio, el despojo de sus recursos naturales y el desmantelamiento de sus sistemas normativos y de gobernanza.
La estancia del crimen organizado y de los grupos armados en comunidades indígenas, aunada a la corrupción del Estado, afecta los proyectos de autonomía local, asevera Ramírez Espinosa, por ello los pueblos se encuentran cada vez más dependientes a sus propias capacidades de defensa.
“Las comunidades que han resistido el embate de la creciente criminalidad han sufrido violencia y la muerte de muchos de sus miembros y representantes. Según datos de organizaciones de sociedad civil, casi 400 defensores ambientales, muchos de ellos indígenas, han muerto asesinados desde 2012”, asevera el escrito.
Esta situación de intimidación y ataques obligó a los pueblos originarios a cambiar su organización comunitaria, además mermó el disfrute de su reconocimiento obtenido ante el gobierno nacional. Asimismo, el panorama condiciona las opciones legales de los pueblos, quienes eligen diversas vías para ejercer sus derechos en un marco jurídico nacional que no se garantiza judicialmente y es insuficiente.
“La inoperancia de las autoridades de procuración e impartición de justicia impulsó a las comunidades a aplicar sus propios sistemas normativos a los infractores, crear casas de justicia e instaurar sus propios procesos de readaptación social y juicios populares, así como atender conflictos en asambleas regionales y comunitarias”, precisa el análisis de Naayeli Ramírez.
También la minería, la tala, la concesión excesiva de agua, los desarrollos agroindustriales, los proyectos turísticos, los aeropuertos, las carreteras y los proyectos de desarrollo ajenos a las comunidades indígenas influyen en las problemáticas que enfrentan los pueblos originarios en su búsqueda de autonomía.
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