Entre 2013 y 2017, el gobierno federal destinó 2 billones 611 mil 92 millones de pesos a la prevención y atención de fenómenos naturales perturbadores, riesgos epidemiológicos y riesgos ambientales por el cambio climático, revela el más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Y aunque México es el país que más desastres naturales ha padecido en los últimos años en la región de América Latina y el Caribe –por su ubicación geográfica, características climáticas, orográficas e hidrológicas, así como su actividad volcánica y sísmica–, los presupuestos sufrieron un severo recorte en 2017.
De acuerdo con la “Auditoría de cumplimiento financiero 2017-0-06100-15-0055-2018”, el gasto –ejercido a través de varios programas públicos– ascendió a 523 mil 371.9 millones de pesos en 2013; para 2014 aumentó a 566 mil 30.2 millones; en 2015 cayó a 538 mil 52.5 millones; en 2016 pasó a 560 mil 392.1 millones; pero en 2017 bajó a 423 mil 246.2 millones de pesos.
Según la ASF, el año pasado ese monto se destinó a 58 programas presupuestarios asociados con las materias de protección civil, vigilancia epidemiológica, medio ambiente y cambio climático, operados por 16 instituciones.
Los más de 423 mil millones de pesos ejercidos en 2017 representaron el 8.2 por ciento del total del gasto neto del sector público presupuestario (por 5 billones 177 mil 596.8 millones de pesos).
Como se recordará, en septiembre de ese año México sufrió dos sismos altamente destructivos, que en conjunto costaron la vida de 462 personas, hirieron a miles y causaron daños materiales. Pese a ello, el gasto en la materia fue menor que en los años previos.
En su informe, el máximo órgano de fiscalización advierte que los desastres naturales constituyen una fuente significativa de riesgo fiscal en países altamente expuestos a fenómenos naturales perturbadores, como México.
Agrega que la limitación en los mecanismos de prevención, reservas prudenciales, transferencia de riesgos, atención de emergencias y la falta de una adecuada planeación financiera para hacer frente a los desastres naturales pueden crear dificultades, demoras y restar efectividad en la respuesta gubernamental, lo que podría agravar las consecuencias en términos de pérdidas humanas y económicas.
Recortes presupuestarios
Al revisar la Cuenta Pública 2017, la Auditoría Superior descubrió que los recortes presupuestarios afectaron principalmente los programas operados por las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Comunicaciones y Transportes (SCT) , así como por Petróleos Mexicanos (Pemex).
En el caso de la Semarnat, el informe indica que se redujeron 9.5 por ciento en términos reales, por las menores erogaciones en los programas de agua potable, drenaje y tratamiento, y en los apoyos para el desarrollo forestal sustentable.
Para la SCT identifica que las erogaciones se redujeron 18.1 por ciento real, principalmente en el programa de reconstrucción y conservación de carreteras, que se presentó en el Anexo 16 “Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático” del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, así como en el programa de servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos, el cual se consideró con base en las alineaciones a las metas nacionales del Programa Nacional de Protección Civil.
Respecto de Pemex, observa que las erogaciones se redujeron 16.9 por ciento real, debido al deterioro de la posición fiscal de la empresa en 2015 y 2016, por la caída del precio internacional del petróleo y de la plataforma de producción, lo que derivó en una reducción de la inversión física, principalmente en los programas de proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos y el de operación y mantenimiento de la infraestructura en ecología.
Los riesgos asociados a la petrolera tienen que ver con accidentes y derrames, incluso aquellos provocados por la delincuencia organizada (con el robo de hidrocarburos).
Nancy Flores
