Nueva York, Estados Unidos. Las tácticas de censura se han vuelto más complejas, lo que plantea desafíos mayores tanto para los periodistas como para otros actores sociales.
En su informe anual Ataques a la prensa, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) documenta una serie de casos de censura en diferentes partes del mundo y muestra un mundo de represión contra los medios de comunicación.
La censura “se vuelve definitivamente más avanzada y compleja y ocurre en diversos niveles”, dijo a Inter Press Service (IPS) la directora de campaña del CPJ, Courtney Radsch.
De hecho, el director ejecutivo del CPJ, calificó a esa nuevas estrategias de “represión 2.0”.
“La represión 2.0 es una actualización de lo peor de las tácticas viejas, desde la censura estatal hasta la detención de los críticos, con las nuevas tecnologías de la información, que abarcan a los teléfonos inteligentes y a las redes sociales, suavizando los bordes”.
A fines de 2016, había casi 260 periodistas en la cárcel, el mayor número que haya documentado el CPJ.
Turquía es el país que tiene más periodistas en la cárcel con más de 145 tras las rejas, más que China, Egipto e Irán sumados.
La represión contra los medios de comunicación se profundizó tras el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016 y la consiguiente imposición del estado de emergencia, en el que se amparó el gobierno turco para clausurar 50 diarios, 30 canales de televisión y tres agencias de noticias.
También se lo acusa de utilizar las leyes antiterroristas para detener periodistas, como el jefe editorial del diario turco Cumhuriyet, Can Dündar, detenido en noviembre de 2015 y condenado a 6 años de cárcel por revelar secretos de Estado, espionaje y ayudar a una organización terrorista.
Hace poco, 30 profesionales fueron condenados a cadena perpetua por sus vínculos con el diario Zaman, relacionado con el clérigo musulmán Fethullah Gülen, a quien el gobierno considera responsable de la intentona golpista, tras lo cual el periódico quedó bajo control gubernamental.
En Kenia, las autoridades recurren a un nuevo mecanismo para controlar a los medios de comunicación: el dinero.
“Como escasean los recursos para los medios tradicionales por la intrusión de las tecnologías digitales, el uso de la autocensura por presiones económicas, conocido en inglés como fiscing, también es una forma de asegurarse de que los periodistas sean más ‘razonables’ en su cobertura”, explicó el periodista Alan Rusbridger, en el informe del CPJ.
“El asesinato es turbio. El dinero es prolijo”, apuntó.
Pero el control de la información no es exclusivo de los países en desarrollo, precisó Rasch.
En Estados Unidos, el presidente Donald Trump creó una hostilidad contra los medios a un grado “nunca visto a escala nacional”, opinó el periodista Alan Huffman en el informe del CPJ.
El presidente Trump criticó a algunas organizaciones de medios por dar “noticias falsas”, y hace poco reiteró que inventaron historias durante la Conferencia de Acción Política Conservadora. “No tienen fuentes; las inventan cuando no tienen nada”, dijo a los presentes.
La retórica de Trump suele envalentonar a sus seguidores, quienes luego abuchean a los periodistas. Huffman relató el caso de un partidario del presidente que llevaba una camiseta que sugería el linchamiento: “Cuerda, árbol, periodista: SE SOLICITA UNA REUNIÓN” (sic).
El presidente estadunidense incluso restringió y hasta negó el acceso a periodistas considerados hostiles, entre los que había profesionales de Buzzfeed, de The Huffington Post y de The Washington Post, y hasta amenazó con cambiar las leyes de difamación para facilitar las demandas contra periodistas y agencias de noticias.
En uno de los capítulos del informe, Christian Amanpour señaló las similitudes entre esas tendencias “tóxicas” en Estados Unidos y en el resto del mundo.
“La misma dinámica infectó a poderosos segmentos de los medios estadounidenses, como ocurrió en Egipto, Turquía y Rusia, donde los periodistas se vieron arrinconados por cuestiones político-partidarias, deslegitimados y acusados de ser enemigos del Estado. El periodismo se convirtió en un arma. No podemos permitir que pase eso”, subrayó.
En Ecuador, se acusa al gobierno de usar las redes sociales para reprimir periodistas.
Después de tuitear de que el exvicepresidente Lenin Moreno no había pagado sus impuestos, la cuenta del periodista Bernardo Abad quedó cerrada por violar los términos del servicio. Al final de la semana, eran nueve las cuentas que habían quedado temporalmente suspendidas, por el mismo asunto.
Radsch dijo a IPS que con Internet y las redes sociales, ahora hay “más medios para la represión y las amenazas”.
China llevó eso a otro nivel al proponer relacionar los comentarios en línea de los periodistas con sus finanzas.
Bajo el plan de crédito social propuesto, los periodistas que critiquen al gobierno podrían sufrir consecuencias económicas personales, como la disminución de la calificación crediticia o hasta que les nieguen un préstamo. Ese tipo de censura supera a las tácticas habituales de bloquear cuentas de redes sociales para perjudicar las actividades cotidianas de los profesionales.
Rasch subrayó la necesidad de abogar por una Internet abierta y por los derechos de los periodistas.
“Debemos recordar la importancia de la prensa, que sigue ayudándonos a entender toda la información con la que se nos bombardea a diario”, explicó a IPS.
También recomendó a los periodistas adoptar prácticas de comunicación más seguras para preservar su privacidad y la de sus fuentes.
Y lo más importante, los profesionales deben mantenerse fuertes y comprometidos con una información basada en hechos.
“Esa es la mejor forma, y la más importante, de luchar contra la nueva censura”, subrayó Simon.
“Los periodistas no pueden sentirse desmoralizados. Necesitan seguir su vocación y buscar la verdad con integridad y creer honestamente que los reveses, si bien son reales, son temporales”, concluyó.
Tharanga Yakupitiyage/Inter Press Service
