Al presentar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 (DNSP), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subraya que el respeto por los derechos humanos aún sigue siendo una asignatura pendiente en los centros de reclusión.
Así lo demuestra especialmente el caso de las cárceles municipales, que en promedio nacional obtuvieron una calificación de 3.90, renglón donde sobresalieron por sus deficiencias los penales de Nayarit, 1.40; Hidalgo, 2.78; Jalisco, 3.57; Tabasco, 3.94; Chiapas, 4.12; Puebla, 5.24 y Quintana Roo, 5.69. No pasa inadvertido que en el año que se informa en los estados de Tabasco y San Luis Potosí se iniciaron el cierre de cárceles municipales como se propuso en la Recomendación 28/2016.
Por lo que hace a los centros municipales con menor promedio son: la Cárcel Distrital de Zimapán en Hidalgo; el Reclusorio Preventivo Municipal de Cihuatlán en Jalisco; la Cárcel Distrital de Zacoaltipan en Hidalgo; y las cárceles municipales de Acaponeta, Rosa Morada y San Blas en Nayarit, estas tres últimas con una calificación inferior a un punto.
Las calificaciones para los Centros de Readaptación Social (CERESOS) fue de 6.27; para los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS), 7.21 y para las prisiones militares, 7.95.
Los centros estatales con menor promedio son: el CERESO de Chilpancingo; la Penitenciaría Central de Oaxaca; el CERESO de Cancún; el CERESO de Actopan, Hidalgo; y el CERESO de Venustiano Carranza en Nayarit.
Las deficiencias encontradas en los centros municipales se refieren especialmente a insuficientes actividades laborales y de capacitación para el trabajo, falta de separación entre procesados y sentenciados, carencia de reglamentos y manuales, escasa o nula difusión de la normatividad, falta de áreas médicas, medicamentos y profesionales de la medicina, inexistencia o insuficiencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento de esos centros, así como de acciones preventivas para atender incidentes violentos.
Este Diagnóstico se realizó sobre una muestra de 131 centros penitenciarios estatales, 42 cárceles municipales, 19 centros federales y 3 prisiones militares, de un total de 392 centros, y así se abarcó una población de 211,982 personas internas, que conforman el 87.73% de la población total recluida al inicio del año 2016.
José Réyez
