La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) acreditó la responsabilidad de Profuturo GNP Afore, Afore Sura, Afore XXI Banorte y Principal Afore, así como de 11 personas físicas por prácticas monopólicas absolutas en el mercado de fondos para el retiro de los trabajadores, a las que impuso multas por mil 100 millones de pesos. También se investigó a Afore Bancomer que en marzo del 2013 se fusionó con Afore XXI, quien adquirió los derechos y obligaciones de la sociedad extinguida.
En un comunicado, a Cofece informó que los agentes económicos sancionados celebraron acuerdos para reducir los traspasos entre Afores, conducta que disminuyó la competencia que existía entre ellas para ganarse la preferencia de los trabajadores, en un mercado en donde las inversiones y las comisiones que cobran están reguladas, y los traspasos son una fuente fundamental de competencia.
Señaló que el objetivo de esta práctica indebida era reducir el gasto comercial, lo que repercutiría en mayores beneficios para las Afores. Es decir, al tratarse de un mercado en el cual es complejo modificar el monto de las comisiones y en el que las inversiones están reguladas, las administradoras buscaron incrementar sus utilidades a partir de una reducción de su gasto comercial, el destinado a lograr traspasos de cuentas de los trabajadores, a través de concertar entre ellas la reducción de los mismos, disminuyendo así su competencia.
Las personas físicas a las que se les acreditó responsabilidad por prácticas monopólicas absolutas son : José Eduardo Silva Pylypciow, Carlos Eduardo Salas Westphal y Arturo García Rodríguez (Profuturo); Enrique Ernesto Solórzano Palacio y Alejandro Múzquiz Díaz (Sura); Francisco Javier González Almaraz y Ricardo Villalobos Muro (Afore Bancomer y Afore XXI), así como Francisco Tonatiuh; Rodríguez Gómez (Afore XXI), y Alfonso Gabriel Cajiga Estrada, Ramón Elías Antonio Pando Leyva y Marcelino de la Garza Cárdenas (Principal).
Explicó que cada trabajador que ha cotizado en el IMSS o ISSSTE tiene una cuenta personal e individual a la cual se canalizan sus aportaciones, que es administrada por una Afore. Además, tiene derecho a elegir cuál de ellas manejará sus ahorros para el retiro, respetando las restricciones sobre registro y traspaso de cuentas que señala la regulación.
No obstante, en seis ocasiones entre noviembre de 2012 y junio de 2014, directores generales y directores de operaciones de las Afores sancionadas celebraron convenios para reducir el traspaso de cuentas entre ellas, estableciendo montos máximos de traspasos semanales que variaban dependiendo del acuerdo, con lo que disminuían la competencia.
Los convenios tenían la característica de ser bilaterales y se celebraron de la siguiente manera: Profuturo-Afore Bancomer, alrededor de noviembre de 2012 a enero de 2013; Profuturo-Afore XXI, entre octubre de 2013 a mayo de 2014; Afore XXI-Sura, entre enero y junio de 2014; Afore XXI-Principal, enero a junio 2014; Profuturo-Sura, marzo a junio de 2014, y Profuturo-Principal, febrero a junio de 2014.3
El cumplimiento de los acuerdos se monitoreaba a través de correos electrónicos en los que se establecieron mecanismos para ocultar la identidad de las Afores sancionadas, como utilizar sobrenombres para las empresas, lo que muestra que conocían la ilegalidad y consecuencias de la acción. Por otro lado, con base en datos de la CONSAR, se acreditó que en los periodos en los que estuvieron vigentes los convenios se redujeron los traspasos de cuentas entre las Afores involucradas.
En 2014, del gasto total de una Afore, el comercial representó alrededor de 34%, y llegó a ser hasta 50% de la comisión cobrada a los trabajadores. Estas acciones, si bien buscaban reducir los costos de las administradoras, no se vieron reflejadas en una mejor comisión para los clientes.
José Réyez
