El 22 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá mediante la resolución de un juicio de amparo, presentado por los Comités de Cuenca Río Sonora ante la decisión de ampliar una presa de jales en Cananea, si reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en asuntos públicos relacionados con el medio ambiente.
Luis Miguel Cano, abogado y representante de los Comités, mencionó en entrevista con Contralínea, que la decisión de la Corte “tiene una trascendencia sin igual”, ya que hasta el momento el derecho de consulta previa únicamente está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para comunidades y pueblos indígenas. Sería la primera vez que se otorga este derecho a todos los ciudadanos.
Además, dijo que en caso de ser positiva obligaría a las autoridades a informar y tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos en proyectos futuros, así como a presentar los impactos ambientales previstos.
Por ello, Greenpeace México, el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, entre otras organizaciones civiles expertas en la defensa del territorio y el medio ambiente, instaron a la Suprema Corte, a través de un comunicado, a que reconozca el derecho de participación de las comunidades en materia ambiental.
El representante también comentó que la SCJN puede negar el amparo con el argumento de que las leyes “no disponen que se deba dar participación a la gente y como no lo disponen […] no tiene la obligación de consultarla, y como no tiene la obligación de consultarla, la autorización que se le dio al informe previo para que la minera Buenavista del Cobre hiciera su presa de jales es adecuada”.
El abogado relató que los ciudadanos temen que vuelva a ocurrir un desastre ambiental como el de 6 de agosto de 2014, donde se derramaron 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México.
Aseneth Hernández
