El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció que el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha operado con ineficacias, por lo que la Secretaría de Gobernación (Segob) se encuentra en análisis para identificar con mayor precisión los riesgos en los que se encuentran los periodistas y defensores.
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Asimismo, dijo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) lleva a cabo una fiscalización del fideicomiso que lleva los recursos presupuestales del Mecanismo.
En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario de gobernación indicó que actualmente hay 790 personas bajo el Mecanismo de protección, de las cuales 498 son defensores de derechos humanos (el 63 por ciento) y 292 periodistas (37 por ciento).
Los beneficiarios se concentran, principalmente en 10 estados, destacando la Ciudad de México, con el 17 por ciento; Veracruz, con el 9.6, y Guerrero, con cerca del nueve por ciento, comentó en Palacio Nacional.
Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, enlistó que entre las problemáticas detectadas se encuentran:
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“Las acciones del Mecanismo son reactivas, burocráticas, con pocas medidas de prevención y no atienden al universo de los defensores de derechos humanos y periodistas (solamente a los que nos reportan situación de riesgo).
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“Existe una empresa privada que, desde el origen del Mecanismo, otorga exclusivamente todas las medidas de protección y que tiene reportes de deficiencias en su operación, particularmente en sus dispositivos tecnológicos y de su personal.
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“El presupuesto asignado al Mecanismo es insuficiente.
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“Los protocolos para el análisis de riesgo de los peticionarios se encuentran en el inicio de su proceso de certificación.
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“Existe cooperación entre la Federación y las entidades federativas en esta tarea, pero no son normativamente vinculatorias, lo que genera discrecionalidad en la atención a beneficiarios”.
El funcionario de Segob indicó que desde el 1 de diciembre a la fecha se han registrado seis homicidios de periodistas, de los cuales sólo Rafael Murúa Manríquez, en Baja California Sur, estaba bajo la protección del Mecanismo.
En el caso de defensores de derechos humanos, añadió, se han suscitado nueve asesinatos, “de los cuales solamente se han esclarecido dos, en particular el caso de Sinar Corzo, en Arriaga Chiapas, incluso el Congreso local ya promovió el desafuero del presidente municipal de Arriaga”.
Del homicidio de Samir Flores, en Amilcingo, líder opositor a la termoeléctrica de la Huexca, dijo que se han identificado a tres agresores, “pero falta concretar la identificación de los autores intelectuales”,
Encinas Rodríguez, enfatizó que se da seguimiento de periodistas que han sufrido algún tipo de agresión, entre las más recientes: a Jesús Hiram Moreno, director del portal de noticias Evidencias, en Juchitán, Oaxaca; y el caso de Miguel Badillo, director de Contralínea, que fue allanado su domicilio el pasado 23 de marzo (https://bit.ly/2U4JfrH).
Érika Ramírez
