La sentencia contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su esposa Linda Cristina Pereyra deja claro “un esquema de defraudación millonaria”, el cual operó en los sexenios del panista Felipe Calderón Hinojosa y el priísta Enrique Peña Nieto, indicó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, al señalar que esta sentencia demuestra que no existió una verdadera transición entre ambos gobiernos, sino la continuidad de un Estado capturado por la corrupción que venía operando desde la década de los 50.

“Ha quedado claro que todo ese dinero que salió del país y que fue alojado en el extranjero […] fue producto de un esquema de defraudación durante dos sexenios sucesivos. Y esto es también muy significativo desde el punto de vista político; nunca podemos hablar de ‘transición’ entre un partido y otro cuando en realidad las cosas no cambiaban. […] El cambio vino en 2018, por eso es que estamos aquí hablando de este tema”, señaló.

En conferencia presidencial, Gómez informó que, entre 2009 y 2018, la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) otorgaron 30 contratos a García Luna y su esposa, por un monto estimado de 625 millones 188 mil 677 dólares, y 93 millones 866 mil 666 pesos.

Ante estos hechos, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se decidió presentar una demanda civil en Florida, Estados Unidos, –entidad en la que residían los implicados–, así como un proceso penal en México. Sin embargo, el titular de la UIF destacó que en México el caso estuvo plagado de obstáculos en un inicio, debido a la corrupción dentro del sistema judicial mexicano.

Como ejemplo, Gómez contrastó la reciente resolución de la Corte del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade –que condenó a García Luna y a Pereyra a pagar 2 mil 488 millones de dólares al Estado mexicano por su participación en una red de sobornos vinculada a contratos públicos– con la emitida por un Tribunal Colegiado de Circuito en México, el cual otorgó un amparo y la protección de la justicia a la esposa del exsecretario de Seguridad Pública.

“No debemos desaprovechar esta enorme oportunidad para poder escarbar en la forma de operar de ‘los delincuentes de cuello blanco’, llamémosles así, por mencionarles de alguna manera. Y como se trata de una operación transexenal en que gobernaron dos partidos políticos [PAN y PRI] que finalmente se aliaron política y electoral, entonces, toda una lección para las actuales generaciones y una forma de ver las cosas para las anteriores generaciones que vivieron el Estado corrupto en su apogeo”, sostuvo.

Sobre la sentencia dictada la tarde del 22 de mayo por la jueza Lisa Walsh de la Corte del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, Goméz explicó que se dictaminó un pago tres veces mayor a la demanda porque los implicados se negaron a comparecer.

“Como las demandas fueron presentadas en momentos distintos, las cantidades varían por el nivel de conocimiento que de todo esto iba teniendo la Unidad de Inteligencia Financiera, que es quien originalmente presentó la denuncia en representación del gobierno de México.

Entonces, la sentencia de 748.8 millones de dólares que dicta la juez en Florida se refiere a tres veces los 250 millones de dólares que fueron demandados, por García Luna; y los mil 740 millones de dólares que le impuso como sentencia a Linda Cristina Pereyra, se refiere a los 580 millones que la UIF presentó en la demanda contra ella. Estamos hablando de dineros distintos presentados en momentos distintos con cuantificaciones diferentes por ese motivo”, puntualizó Goméz.

Al menos 15 empresas implicadas en el caso de García Luna: UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Pablo Gómez Álvarez, identificó al menos 15 empresas involucradas en el esquema de desvío de recursos que superaría los 100 millones de dólares, encabezado por el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereyra.

Algunas de estas empresas son: NUNVAV Inc, con contratos que ascienden los 347 millones de dólares, relacionados con el OADPRS, Cisen y la Policía Federal que 347; NUNVAV Technologies Inc, utilizada para formalizar contratos con el Cisen por más de 208 millones de dólares; Nice Systems Ltd, vinculada con servicios tecnológicos de la Policía Federal, con contratos por más de 69 millones de dólares; y la distribuidora GLAC, con contratos que ascienden los 26 millones de pesos, asociada con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

“Hay algunas otras que se usaron en la trama de lavado posterior; esas empresas no hicieron contratos ni recibieron directamente dinero, sino que recibían dinero de las que cobraban, de tal manera que se iba escondiendo el dinero y se iba difuminando pues todo, ¿no?, porque tenían que hacer muchos pagos. Esos pagos son los que tenemos que ver: hasta dónde, cómo. Nosotros ahorita estamos investigando cómo se repartió una parte, no muy grande para estos niveles, pero significativa para el gasto político, en efectivo, utilizando mecanismos gubernamentales”, expuso Pablo Gómez.

Sobre la millonaria cantidad desviada por Genaro García Luna, y su esposa Linda Cristina Pereyra, comentó que gran parte de ese dinero “fue a dar” a campañas políticas. “Y eso lo vamos a demostrar, pero eso no es en el juicio de Florida, eso en el juicio mexicano porque esto se tiene que ver también en los tribunales mexicanos. Y ya estamos en eso, ya hay órdenes de aprehensión abiertas, detenidos, hay una serie de cosas, hay unos avances muy buenos, y se van a abrir nuevos procesos y se va a ir adelante, no hay que detenerse”.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que Genaro García Luna no sólo fue sentenciado por sus vínculos con el narcotráfico y la delincuencia organizada, sino también es acusado de realizar negocios con recursos públicos, aún después de haber dejado su cargo como secretario de Seguridad Pública. “Después de que salió del gobierno seguía haciendo negocios con recursos públicos; cosa que no se trató en el juicio de García Luna en Estados Unidos porque no permitieron que esa parte entrara, solamente la parte cuando él fue servidor público”.

Igualmente, la primera mandataria remarcó que la sentencia emitida por la jueza Lisa Walsh revela un modus operandi utilizado por exfuncionarios cercanos a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En este sentido, mencionó que los contratos fueron adjudicados a empresas vinculadas a García Luna, a través de intermediarios o de empresas donde él y su esposa eran socios. “Fue un modus operandi durante muchos años de la forma de utilizar recursos públicos para volverlos privados, o sea: corrupción”.

“Lo relevante es que un Tribunal, aquí, no reconoce esto y dice a la esposa de García Luna que ‘puede retirar su dinero, que se descongelen las cuentas, que libremente puede utilizar ese recurso’. Entonces, la UIF decide en el 2021 poner el juicio en un Juzgado Civil en los Estados Unidos y dar todas las pruebas”.

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