Las aportaciones voluntarias representan la única posibilidad que los trabajadores tienen para incrementar su fondo de retiro, dado que el gobierno mexicano se reúsa sistemáticamente a subir los salarios. Así lo revela el informe El horizonte del salario desde cinco puntos cardinales, elaborado por el Grupo de Investigación sobre el Salario y el Empleo (GISE), en el cual se explica la crisis que ha generado la transición del sistema de jubilaciones solidario al de aportaciones definidas.
Por un lado, se encuentran las bajas pensiones que alcanzan los trabajadores, las cuales ahora no rebasan ni una cuarta parte del monto de su sueldo, mientras que antes obtenían el ciento por ciento de éste. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoce que México es uno de los países con la fracción del salario que se recibe como jubilación más baja, la cual, según estimaciones de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), no supera el 26 por ciento.
Por otro lado, el gobierno y la iniciativa privada enfrentan un desabasto de recursos para invertir, los cuales antes eran financiados por los fondos para el retiro de los trabajadores; dinero que las empresas devolvían con rendimientos tanto para las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) como para los beneficiarios.
Esta situación se debe a que las reformas realizadas al sistema de pensiones en 1997 por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y en 2007 por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) permitieron que los fondos para el retiro se individualizaran y, por tanto, se hicieran proporcionales al sueldo de cada trabajador.
Las modificaciones provocaron la desaparición del fondo común que solventaba la jubilación de todos los trabajadores con el ciento por ciento de su salario; hecho que, según los integrantes del GISE, desencadenó la reducción del monto de las pensiones, y de los recursos que tanto el sector gubernamental como la iniciativa privada ocupaban para invertir y financiar sus operaciones
El fondo también se ha reducido debido al aumento del empleo informal, esto es, de personas que no gozan de seguridad social y que, a su vez, no contribuyen ni con impuestos ni con aportaciones para su retiro. De acuerdo con las cifras presentadas por el GISE, al término de 2015 aproximadamente el 60 por ciento de la población activa laboraba en la informalidad.
Asimismo, para disminuir la tensión social, el gobierno se comprometió a jubilar bajo el régimen anterior, es decir, con el ciento por ciento de su salario, a los trabajadores que acreditaron más de 20 años de antigüedad laboral al momento de las reformas. Esto representa una deuda que las autoridades deberán solventar con el presupuesto, al menos hasta el 2030. Según la Consar, tan sólo en 2014, el gobierno federal dedicó al pago de pensiones y jubilaciones para sus empleados 525 mil 443 millones de pesos, cantidad que representaba el 3 por ciento de Producto Interno Bruto (PIB).
Aunque la crisis ha sido detectada por las autoridades e, incluso, se espera que pueda agravarse en 2030 cuando la mayor parte de los adultos mayores viva en pobreza extrema, según el informe del GISE, el gobierno vislumbra como solución aumentar el fondo de retiro solo con las aportaciones voluntarias o con el monto del crédito autorizado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que cada trabajador no haya ejercido.
