A 5 años y 4 meses del derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi causado por la minera Buenavista del Cobre –propiedad de Grupo México–, se espera que este 8 de enero de 2020 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dicte sentencia respecto de tres casos relacionados con el Fideicomiso Río Sonora.
Se trata de los amparos interpuestos por los representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora, que cuestionan la forma de operar del Fideicomiso, la falta de apoyo al Proyecto de Reactivación Agropecuaria para la región, la extinción del propio fondo y la conclusión del Programa de Remediación Ambiental a partir del derrame.
El Fideicomiso prometía que la minera Buenavista del Cobre y el gobierno dotarían de agua limpia, atención a la salud y reactivación económica a las personas afectadas; sin embargo, durante su aplicación éste se caracterizó por su “falta de transparencia y las irregularidades en su operación”.
Por ello, los Comités argumentaron que el Fideicomiso presidido por el entonces subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) Rodolfo Lacy Tamayo realizó actos de autoridad al ser el principal mecanismo destinado a reparar los daños del derrame.
Mediante comunicado de prensa, la organización Poder informó que, de los 2 mil millones de pesos comprometidos para llevar adelante las acciones de remediación, sólo se ejerció el 61 por ciento, equivalente a 1 mil 231 millones 367 mil 946.29 pesos.
Entre los gastos realizados destacan la entrega de sumas de dinero “supuestamente a personas afectadas”, la compra e instalación de tinacos con la finalidad de almacenar agua potable, la obra negra de un centro de salud de especialidades que continua inconcluso y gastos de publicidad cuatro veces mayores a los destinados a la atención en salud.
Asimismo, Poder señala que en los siete municipios afectados se ha registrado un aumento de enfermedades, sin embargo, siguen sin recibir atención médica, además no cuentan con acceso a agua limpia y se enfrentan a la “enorme crisis” que afectó al campo.
El Fideicomiso cerró de manera unilateral el 2 de febrero de 2017, sin haber completado la reparación y sin dar aviso a las personas afectadas, por ello se exige la reapertura del Fideicomiso hasta que cumpla con la reparación total de los daños causados para que se reconozca la autoridad responsable y las consecuencias de sus acciones indicó Óscar Encinas miembro de los Comités de Cuenca Río Sonora.
La organización Poder asegura que “el Fideicomiso Río Sonora fue creado mediante un acuerdo entre la empresa Buenavista del Cobre y el gobierno de Enrique Peña Nieto, como solución para el resarcimiento y reparación de los daños causados por el derrame tóxico, conocido como el ‘peor desastre ambiental en la historia de la minería en México’, que ha afectado a más de 22 mil personas en siete municipios de Sonora”.
Indra Cirigo
