Las tres grandes fracturas en el Cártel de Sinaloa abrieron episodios de violencia en la entidad; los datos sobre el total de homicidios registrados arrojados por la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa dan cuenta de ello. A un año del secuestro del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael –el Mayo– Zambada esta no ha sido la etapa más cruenta para esta organización.

Fuente: Fiscalía General de Justicia de Sinaloa

La primera de las fracturas en el grupo criminal ocurrió tras la captura de Alfredo Beltrán Leyva –alias el Mochomo–, ocurrida el 22 de enero de 2008. Este episodio terminó con la alianza entre el cártel de los Beltrán Leyva y el de Sinaloa, al tiempo que desató una ola de violencia que se acrecentó en los dos años posteriores.

En ese mismo año, Iván Archivaldo Guzmán Salazar –uno de los hijoa de Joaquín (el Chapo) Guzmán y actual líder de la facción de Los Chapitos, grupo responsable del secuestro del Mayo– fue liberado tras permanecer casi tres años en prisión. Había sido detenido el 13 de febrero de 2005 en Zapopan, Jalisco. El magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano consideró que no había motivos para que permaneciera en prisión, pues en aquella época se consideró que no participaba en el tráfico ilegal de drogas.

En aquel momento y tras esa liberación, Arturo Beltrán Leyva –alias el Barbas, el Jefe de jefes o el Botas Blancas y hermano del Mochomo– acusó a sus socios del Cártel de Sinaloa de traición, por la detención de Alfredo. Un año más tarde, el 16 de diciembre de 2009, Arturo fue abatido por elementos de la Secretaría de Marina, en Cuernavaca, Morelos, y su cuerpo fue vejado y expuesto.

De 2008 a 2010, justo cuando Felipe Calderón gobernaba el país y la supuesta “guerra” contra el narcotráfico estaba en manos de Genaro García Luna, la violencia aumentó considerablemente en Sinaloa. En esos tres años de enfrentamientos, ocurrieron 7 mil 313 homicidios dolosos. Años más tarde, García Luna fue encontrado culpable de aliarse con el Cártel de Sinaloa para traficar narcóticos a Estados Unidos.

La segunda de las rupturas del grupo delictivo, tuvo lugar después de la tercera detención y posterior extradición a Estados Unidos del Chapo Guzmán. El 8 de enero de 2016 –ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto–, las Fuerzas Armadas mexicanas ejecutaron la Operación Cisne Negro en Los Mochis, para recapturar a Guzmán Loera. Seis meses antes se había fugado de la prisión de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México.

Tras su extradición a territorio estadunidense, sus hijos tomaron el mando del también llamado Cártel del Pacífico e iniciaron una lucha por el control de la organización contra Dámaso López Serrano, el Licenciado, y su hijo Dámaso López Núñez, el Mini Lic.

López Serrano fue pieza clave en la primera fuga del Chapo del penal de Puente Grande, Jalisco, en 2001, durante el sexenio de Vicente Fox. El Licenciado fue detenido en la Ciudad de México y posteriormente extraditado al país vecino del norte, mientras que su hijo decidió entregarse meses después a las autoridades estadunidenses para negociar una reducción en su condena. De 2016 a 2017 sucedieron un total de 4 mil 287 homicidios dolosos en la entidad.

De 2019 a 2022, ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la tasa de homicidios en Sinaloa se mantuvo con una tendencia a la baja, incluso después del 17 de octubre de 2019, cuando ocurrió el llamado Culiacanazo: una serie de enfrentamientos en Culiacán tras la fallida detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán López –alias el Ratón–. Este líder de Los Chapitos fue finalmente aprehendido el 5 de enero de 2023.

Aquella situación de c alma en Sinaloa pronto acabó. El 25 de julio de 2024, Joaquín Guzmán López, entregó al Mayo Zambada al gobierno de Estados Unidos. Como consecuencia, la violencia en la entidad repuntó producto de las disputas entre la facción de Los Chapitos –liderada por los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar– y Los Mayos –bajo el mando de Ismael Zambada Sicairos, alias el Mayito Flaco–. Desde agosto de 2024 hasta junio de 2025 se registraron un total de 2 mil 477 homicidios en la entidad.

Tras el secuestro, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó la captura del líder histórico del Cártel de Sinaloa. Merrick B Garland ofreció un mensaje a medios en el que dijo: “se detuvo en El Paso a dos presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, el primero es Ismael Mayo Zambada García o el Mayo, cofundador del cártel; el segundo es Joaquín Guzmán López, hijo de su otro cofundador conocido como el Chapo”.

Posteriormente, el entonces embajador de Estados Unidos en México dijo en un encuentro con medios que “Joaquín Guzmán voluntariamente se entregó, lo segundo, es que al Mayo lo habrían llevado contra su voluntad. No hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación”.

Más adelante, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, aseveró que el “secuestro” del capo sinaloense era un hecho probado, por lo que se solicitó información que estableciera en qué términos se dio la entrega del Mayo.

Posteriormente, el propio Ismael Zambada difundió una carta a través de su representante legal, en la que relató que aquel día Joaquín Guzmán López lo invitó a una reunión en la que estarían presentes el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Iván Archivaldo y el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén. Según lo relatado por Zambada, Cuén fue el único que acudió a la reunión, en donde fue asesinado.

En la misiva, Zambada dijo que llegó a la finca Huertos del Pedregal, en Culiacán, alrededor de las 11 de la mañana, acompañado de cuatro escoltas, incluido un policía judicial. Guzmán López lo llevó hasta una habitación oscura en donde fue emboscado, atado y obligado a subir a una camioneta que lo trasladó hasta una pista aérea, en donde abordó un avión privado junto al hijo del Chapo. Después de casi tres horas de vuelo aterrizaron en Estados Unidos y fueron arrestados por autoridades de ese país que ya los esperaban.

El 21 de febrero de 2025, Zambada envió otra carta al consulado de México en Nueva York exigiendo su repatriación y la intervención del gobierno mexicano, pues argumentó que su captura fue ilegal, violó el debido proceso y denunció que Estados Unidos carece de legitimidad para imponerle la pena de muerte.

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