A bordo de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuatro visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobrevuelan las costas de Nayarit con rumbo a la Colonia Penal Federal Islas Marías (CPFIM), la cárcel más antigua del país que comenzó a operar en 1905, en tiempos del general destacado, Porfirio Díaz. Estaba entonces bajo el control del presidente, ahora del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien designó como director del Centro a Jaime T Fernández López, quien fue director interino en el Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, Jalisco, tras la fuga del narcotráficante Joaquín Guzmán Lorea, el Chapo, en enero de 2001.

 

Durante los últimos meses en las oficinas del ombusman nacional se recibieron múltiples quejas de internos y de sus familiares que aluden a torturas físicas y sicológicas, extorsiones, abuso de autoridad, segregación, retenciones ilegales, deficiencia alimentaria, enfermos con padecimientos infectocontagiosos sin atención médica, entre otras irregularidades graves. Se diría que es la misma problemática de muchas prisiones mexicanas, sólo que el hecho de que ocurra en Islas Marías resulta alarmante, porque las negras historias de presidio infrahumano en el legendario penal franqueado por “muros de agua” –como lo definió el escritor y activista político, José Revueltas– parecían cosa del pasado.

 

Después de que fuera el penal más temido de México, retratado en decenas de libros y películas, utilizado para confinar lo mismo a delincuentes peligrosos que a presos políticos, activistas y opositores al gobierno, a partir de 1980, se convirtió en “un modelo de prisión que permite observar la readaptación social de los internos basado en el trabajo y la convivencia en relativa libertad”, de acuerdo con palabras del fallecido siquiatra y criminalista, Carlos Tornero Díaz.

 

En 2005, cuando fungía como titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la SSP, en tiempos de Ramón Martín Huerta como secretario, Tornero explicó a Contralínea que la base de la readaptación era el trabajo, la educación, las actividades culturales y la convivencia familiar. La oferta laboral incluía actividades agrícolas, de ganadería, apicultura, acuacultura, pesca, carpintería y talleres.

 

Entonces era frecuente que internos de penales de todo el país solicitaran compurgar los últimos años de una sentencia en las Islas Marías por lo atractivo que resultaba cohabitar con su familia. El estímulo lo obtenían uno pocos: reos de baja peligrosidad que no pertenecieran a la delincuencia organizada, con un historial “ejemplar” en su estancia en otros penales, sentencia ejecutoria pendiente máximo de dos años y buen estado de salud física y sicológica.

 

“Muchos pedíamos nuestra transferencia allí, pero había que cumplir todos los requisitos y aprobar los exámenes. A los adictos los rechazaban, a los agresivos o a los que no les gustaba trabajar. Para ir allí tenías que estar sano, una sola infracción en el reclu y te eliminaban de la lista”, explica Israel Sánchez, exconvicto del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde ingresó bajo cargo de robo y una condena a seis años de prisión.

 

Los 274 kilómetros que comprenden las islas María Madre, María Cleofas, María Magdalena y el islote San Juanito, en el Pacífico mexicano, fueron hasta el sexenio foxista el penal que cumplía las normas mínimas estipuladas por los protocolos internacionales. Hoy las transferencias son forzadas. Son de nuevo tiempos en que la historia de la CPFIM se inscribe con testimonios de tortura y presidio infrahumano.

 

“Los derechos aquí ya no existen, vivimos con temor, pues si reclamamos nos castigan. Cada campamento se rige por su propio reglamento, y cada que cambian de comandante hay nuevas reglas”, refirió un interno ante la CNDH (expediente CNDH/3/2011/4598/Q).

 

Pero la Secretaría de Seguridad Pública aún indica que la CPFIM es un penal modelo. “Se les engaña con un modelo de prisión que ya no existe”, señala el abogado Guillermo Andrés Aguirre, tercer visitador general de la CNDH.

 

El caso de Rafael, interno del Cereso de Cieneguillas, Zacatecas, es ilustrativo: le prometieron que si pedía su transferencia tendría un empleo y, viviría con su familia. Lo transfirieron en diciembre de 2009, pero para enero de 2011, denunció ante la CNDH que aún no se había autorizado ni siquiera que su familia pudiera visitarlo, no tenía trabajo remunerado puesto lo obligaban a hacer melga (trabajo no remunerado) y además lo castigaban sin razón.

 

El viejo modelo consideraba el vínculo familiar como prioritario para la reinserción social. En el de García Luna, el Consejo Técnico Interdisciplinario tarda más de un año en autorizar la visita y no existe la visita conyugal. A las 429 internas, por ejemplo, no se les permite relacionarse con los varones.

 

Cuando se autoriza una visita, ésta debe llegar a Mazatlán y enlistarse en el barco de la Secretaría de Marina que cada semana provee de insumos a la Colonia. Pero la prioridad en el barco son los enseres, el personal penitenciario y si queda espacio algún familiar.

 

A juicio de la CNDH, el nuevo modelo “no favorece la reinserción social de las personas privadas de su libertad y sí, en cambio, la actuación de las autoridades penitenciarias de ese complejo deriva en un acto de molestia, toda vez que no existe fundamento legal alguno que establezca que el Consejo en cuestión se encuentra facultado para restringir el derecho de los internos a ser visitados”.

 

A 112 kilómetros de San Blas, el helicóptero aterriza en el helipuerto de Balleto, uno de los ocho campamentos que comprenden la Colonia Penal, ahora llamados ceferesos (los otros son Aserradero, Bugambilias, Morelos, Nayarit, Laguna del Toro, Rehilete y Papelillo). En Balleto se concentran las áreas administrativas, las habitaciones del personal de la SSP y el embarcadero a cargo de la Secretaría de Marina.

 

Cuando los visitadores descienden, apenas se toman un respiro, en unos minutos se hallan entre cientos de internos ansiosos por revelarles sus penares. Algunos a susurros, temerosos de que la custodia identifique a los quejosos y les asesten más “correctivos”. Pero puede más la desesperación que el miedo, se descubren y les muestran los brazos y piernas laceradas por las golpizas. A hurtadillas, uno les expone las marcas que le dejó el custodio que le machacó los testículos y las manos, ahora orina sangre y no puede ni siquiera mover los dedos.

 

En todos los campamentos escuchan quejas, lo mismo en Balleto que en Aserradero, también en Bugambilias. Hablan los de Morelos, luego los de Nayarit, denuncian también los de Laguna del Toro, Rehilete y Papelillo. Los visitadores toman nota, registran agravios, reúnen evidencias, tres días de labores de sol a sol. Aglutinados los casos integran 25 expedientes que derivaron en la recomendación 90/2011, misma que en diciembre de 2011, la CNDH emitió en contra de García Luna por violar los derechos humanos relativos a la seguridad personal, la salud, la legalidad, la seguridad jurídica, al trato digno y la reinserción social.

 

Del sexenio de Vicente Fox Quesada al de Felipe Calderón Hinojosa, la CPFIM se convirtió de prisión modelo, a otro penal que reproduce las deficiencias del sistema carcelario mexicano. Son los malogrados resultados del Programa Nacional de Seguridad Pública y la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia de García Luna, quien en 2007, prometió hacer de Islas Marías el penal federal más grande y eficiente del país y para ello recibió un presupuesto histórico de más de 4 mil millones de pesos.

 

Con Fox se concretaba el proyecto de convertirlo en un centro turístico, después de que en noviembre de 2000, fue decretado Área Natural y Reserva de la Biósfera, pero después García Luna definió su nuevo uso: una colonia penal con ocho ceferesos de máxima y “supermáxima” seguridad. Con el histórico presupuesto acordó la construcción con Homex, una empresa sinaloense que, por cierto, ha dejado una estela de supuestos abusos y explotación laboral.

 

En un lapso de cinco años, la SSP confinó a una población mil veces más grande que la de 2006 (entonces eran 700 internos, ahora son más de 7 mil). Ésta creció de forma exponencial pero no así la oferta laboral, base de la readaptación. Sólo 800 internos tienen empleo remunerado, a otros se les circunscribe a la melga, pero a la mayoría se les tiene inactivos, lo que se contrapone con el artículo 18 de la Constitución que considera al trabajo como un medio para lograr la reinserción social del sentenciado.

 

Dado las observaciones de la CNDH en su recomendación 90/2011, se podría inferir que de penal modelo no tiene nada, y que hoy Islas Marías es un sitio insalubre donde los internos están a merced de un manejo discrecional de la custodia no ajena a actos de corrupción como extorsiones o cobros indebidos.

 

La readaptación quedó completamente fuera, antes todos los internos se mantenían ocupados, ahora “es pasmosa la inactividad en la que están, no hay trabajo ni ocupación para la mayoría. Y muchos pasan días y días en segregación sin un claro motivo. Discrecionalmente se deciden los correctivos disciplinarios a los que se ha hecho acreedor”, explica el tercer visitador de la CNDH, Guillermo Andrés Aguirre, jefe del equipo que inspeccionó la prisión insular.

 

 

Olores fétidos inundan las inmediaciones de La Marina y La Borracha. El hedor emana de las tazas de baño desbordantes, de la tubería rota, del drenaje expuesto a la superficie. Sobre las paredes el moho forma pestilentes murales amorfos que atraen toda suerte de insectos y fauna nociva.

 

La Marina y La Borracha, instalaciones a cargo de la Secretaría de Marina, son prisiones dentro del penal de “muros de agua”. Son los apandos que la custodia de la SSP utiliza para “corregir” a los internos.

 

A las celdas de castigo va directo el que trae el uniforme sucio, los pantalones raídos, el que no tiene gorra, al que le creció el cabello, quien miró mal a un custodio, el que se quejó con los de Derechos Humanos.

 

A La Borracha va el tuberculoso aunque contagie a cualquiera, porque la SSP no brindó atención médica oportuna ni se impuso un cerco sanitario.

 

La tuberculosis está considerada como un problema de salud nacional, pero cuando se detectó su brote, la SSP no hizo nada por evitar el contagio. El director del Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le pidió al del penal, Jaime T Fernández López, que le permitiera hacer un rastreo de las personas que estuvieron en contacto con el enfermo para evitar un brote endémico, pero el funcionario fue indolente.

 

A la celda de castigo va cualquiera, y ello depende del humor del custodio dado que el centro no posee un reglamento que estipule las infracciones, ni la duración mínima y máxima de las sanciones que pueden ser impuestas a los internos; en consecuencia, discrecionalmente custodios y administrativos imponen castigos.

 

Edgar,por ejemplo, infringe frecuentemente las reglas, pero nunca sabe porqué, sólo que le toca La Marina o La Borracha. Su más reciente “infracción” le valió un “correctivo disciplinario” de dos meses aislado e incomunicado.

 

Entre enero y febrero de 2011, los custodios le impusieron “correctivos” a 14 internos “por no portar gorra”, no obstante que en el penal nunca se las proporcionaron. Los llevaron a La Borracha, precisamente, junto al enfermo de tuberculosis.

 

Los custodios primero segregan y torturan y hasta después, ocasionalmente presentan al castigado ante el Consejo Técnico. Samueles uno de esos casos. Lo encerraron en La Borracha siete días entre moho y excremento, después lo presentaron al Consejo que le impuso 45 días más de encierro total en Papelillo, restringido a cualquier actividad. También pasó con Israel, a quien detuvieron en La Marina 120 días. Y a Omar, a quien le retiraron el alimento y era blanco de golpizas frecuentes.

 

El 22 de diciembre de 2010, a 12 internos de Aserradero los encerraron en La Marina sin informarles la causa. Los custodios ingresaban al apando para golpearlos, a uno de ellos tan salvajemente que comenzó a orinar sangre, luego de que un custodio le machacara los genitales.

 

Joaquín tampoco conoció el motivo de su castigo. Yacía interno en el Cefereso Número 5 de Villa Aldama. En diciembre de 2010, lo sacaron de su celda, lo llevaron a Islas Marías, lo metieron a una celda de castigo sin camisa y descalzo. Allí estaba Mario, otro interno que tampoco supo lo que le mereció el apando.

 

En La Marina un hombre enfermó. Sus compañeros de segregación le pidieron a los custodios que lo llevaran a la clínica del IMSS, éstos respondieron que dado que había hablado “mal de ellos” allí lo dejarían para que se muriera.

 

A raíz de la investigación que inició la CNDH, entre marzo y septiembre de 2011, a varios internos los transfirieron al Cefereso Número 5 de Villa Aldama, Veracruz, y al Número 8, en Guasave, Sinaloa.

 

 

En diciembre de 2010, Joel, interno del Reclusorio Preventivo Varonil Sur (del Distrito Federal) fue transferido a la CPFIM. Apenas piso la isla, los custodios le dieron la bienvenida: una golpiza mientras le exigían que les entregara sus pertenencias. Como se negó, lo golpearon hasta provocarle un traumatismo testicular. Requería de hospitalización y una intervención quirúrgica urgente, pero no se la hicieron porque no había un anestesiólogo. En consecuencia se le desarrolló una hernia inguinoescrotal. Los custodios lo amenazaron: si los delataba o presentaba una queja lo golpearían cada día o, quizá lo desaparecerían. A su madre le exigieron un giro de 300 pesos para que Joel pudiera llamarle vía telefónica.

 

Lejos quedaron aquellos días en que cometer una infracción en Islas Marías derivaba en trabajo para la isla, como hacer “la matinée del viernes” (como le llamaban los internos a descargar el barco de la Marina). Hoy se imponen pagos para evitar los golpes o los castigos.

 

Las torturas físicas y sicológicas han sido de tal gravedad que derivarán en indagatorias penales y administrativas. La CNDH presentará denuncias penales en la Procuraduría General de la República en contra de los funcionarios y empleados de la SSP adscritos a ese centro. También 16 quejas ante la Contraloría Interna por violaciones al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

 

El abuso de autoridad ha llevado a los internos a situaciones extremas, como el caso de Damián, un interno que, bajo amenazas de muerte, desesperado, el 29 de diciembre de 2010, se evadió del apando y se refugió en la parroquia de Balleto. Acordonaron la zona para recapturarlo, pero birló el cerco y se escondió en el baño de una habitación en la parte superior. Cuando lo encontraron se negó a regresar a su estancia gritando que lo matarían. Prefirió el suicidio. Sorpresivamente se arrojó por la ventana, pero sus compañeros alcanzaron a sujetarlo de los tobillos antes de que cayera al vacío.

 

En noviembre de 2011, seis internos intentaron fugarse amarrándose a recipientes de plástico y tablas de madera. Flotaban a 59 millas náuticas al Oeste de Puerto Vallarta, cuando los tripulantes de una lancha dieron aviso a la Secretaría de Marina.

 

Para eludir los días en La Marina o La Borracha muchos prefieren “arremontarse”, es decir esconderse en el monte, hasta que tienen hambre o ya enfermos y deshidratados se entregan a los marinos. Cuando hay “arremontados” todo el penal sufre las consecuencias, cada dos horas los custodios hacen pase de lista, hasta que los “arremontados” vuelvan.

 

La cantidad de recursos públicos asignados al centro tampoco se ve reflejado en los servicios, ya que incluso algunos los pagan los internos. Se les cobra de 300 a 3 mil pesos para que puedan tener contacto con su familia vía telefónica. De cualquier punto de la isla deberán de trasladarse a Balleto, que es donde están las 10 cabinas que operan los custodios; cuatro horas a pie y después una fila de 200 personas, llegado el turno, la operadora hará un sólo intento, si la familia no responde sólo pasadas dos semanas se podrá intentar de nuevo.

 

 

“La dotación de alimentos es escasa y de mala calidad, por lo que constantemente presento malestares gastrointestinales y debilidad, además, tardan mucho tiempo en brindar la atención médica y se niegan a proporcionarme vitaminas. Estoy enfermo de la vista y de los pies, no puedo caminar […] No me dejan trabajar en la panadería ni en la carnicería, a veces laboro como quiropráctico con un ingreso de 500 pesos con los cuales compro tortillas, porque las autoridades no nos las proporcionan”, refiere el testimonio de un interno.

 

Para administrar las Islas Marías, la SSP recibe un presupuesto anual de más de 300 millones de pesos. El alimento, lógicamente, debería de ser el insumo básico, pero la CNDH documentó que los alimentos muchas veces están descompuestos y no son aptos para el consumo humano, y además se preparan en condiciones insalubres.

 

“La preparación de los alimentos en los campamentos denominados Aserradero, Balleto, Bugambilias, Laguna del Toro, Morelos, Nayarit, Papelillo y Rehilete, es insalubre; lo anterior, en virtud de que la elaboración de éstos se hace en un área abierta ya que no cuenta con paredes; la cocción de los mismos es a base de leña lo que produce tizne y humo que se impregnan en el techo; hay una gran cantidad de moscas y los utensilios presentan malas condiciones de higiene ya que se encuentran cubiertos de cochambre; además, los internos responsables de su elaboración no utilizan las protecciones de sanidad adecuadas para su ello, y se exponen durante su preparación a temperaturas extremas, en detrimento de las condiciones de salud.”

 

Las áreas habitaciones, que adolecen de mantenimiento, están enmohecidas e impregnadas de hedores derivados del drenaje expuesto al que hace mucho no se le da mantenimiento.

 

La CNDH refiere que “hay una deficiencia en cuanto a los recursos que se destinan para la organización de los centros penitenciarios, y sobre todo la fiscalización de los recursos”. Por ejemplo aun con el cuantioso presupuesto de la colonia penal registra un déficit de todos los insumos. Hace más de dos años que a los internos no se les proporcionan uniformes, los alimentos son raquíticos, de mala calidad y preparados en condiciones pésimas, agua escasa y no potabilizada, cuatro o cinco tortillas por semana.

 

 

Los presos del penal federal más caro del país no tienen tampoco acceso al servicio médico. Eventualmente reciben consulta en la Clínica Rural del IMSS, que no cuenta con especialidades. La deficiencia genera situaciones que ponen en riesgo a toda la población, como ocurrió con Javier, interno del Cereso Municipal de Ciudad Juárez, enfermo de VIH e hipertensión, que era atendido en Chihuahua por Centros Ambulatorios de Prevención y Atención en SIDA e ITS (institución que atiene a personas con VIH y enfermedades de transmisión sexual). Indebidamente fue trasladado a Islas Marías donde no recibió tratamiento alguno. Un mes después presentaba graves problemas estomacales recrudecidos por la ingesta de agua no potable. En la CPFIM no le proporcionaban enseres de higiene personal, y aunque su familia le envió dinero para que los comprara, nunca le fueron entregados.

 

También el caso de Antonio, en agosto de 2010, comenzó con dolores y molestias en los testículos que antecedieron a un tumor. Durante su estancia en Islas Marías no recibió atención médica alguna. O Gerardo, enfermo de dislipidemia, hipertensión, insuficiencia coronaria, sobrepreso, y quien además tenia las arterias tapadas.

 

“Existen graves deficiencias en la prestación del servicio médico, lo cual vulnera el derecho a la protección a la salud de los internos que puede derivar en un problema de salud pública; lo anterior, debido a que no se cuenta con suficientes médicos generales, especialistas, personal de enfermería, ni con un cuadro básico de medicamentos; no existen programas de detección de enfermedades infectocontagiosas; ni el instrumental y el material para llevar a cabo estudios de laboratorio y gabinete básicos; primeros auxilios; reanimación cardiopulmonar básico y avanzada; y no se han acondicionado las áreas de hospitalización y odontológica”, signa el informa de los visitadores.

 

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos estipulan que en los centros de reclusión los servicios de un especialista en siquiatría son necesarios para resolver los problemas de salud mental que presenta la población como consecuencia de la pérdida de la libertad y la falta de contacto con el medio familiar y social, así como por el cambio radical en su forma de vida. También porque “el abuso y la dependencia de sustancias sicotrópicas provocan diversos trastornos mentales que requieren de la intervención de dicho especialista para que elabore el tratamiento medicamentoso y sicoterapéutico individualizado”.

 

En las Islas Marías, donde García Luna ha confinado a miles de internos entre quienes se haya muchos de alta peligrosidad, de acuerdo el criterio de SSP, no hay ni un siquiatra, sólo hay un juez y un defensor de oficio. Tan problemático es eso como el hecho de que la Secretaría de Seguridad Pública no tiene un control administrativo de los internos de la CPFIM.

 

Por ejemplo, los visitadores se entrevistaron con cinco internos que denunciaron irregularidades en su proceso y abusos de los custodios. La CNDH le solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública el expediente de cada uno, pero los funcionarios respondieron que no existían tales internos. Sorprendidos los visitadores replicaron que durante su presencia en la isla se entrevistaron con ellos.

 

“Nos decían ‘ellos no están allí’”, ¿entonces en dónde están?, les respondimos. Ni sabían que allí estaban. Cuando les demostramos que sí, a algunos los reubicaron después de nuestra visita. Ello nos dejó claro la falta de control que tienen de los internos. Resulta que no saben ni a que presos se llevaron, eso es lo que observamos que esta sucediendo”, explica Guillermo Andrés Aguirre.

 

La SSP tampoco cuenta con un archivo eficiente que permita por lo menos conocer quienes conforman la población penitenciaria y tampoco se lleva un control de los expedientes únicos, ni de los expedientes jurídicos de cada interno.

 

Esa falta de control, a la que alude el representante de CNDH, hacen de Islas Marías un penal altamente peligroso, dado el carácter que el gobierno de Calderón le ha dado al sitio al utilizarlo, junto con el Cefereso de Nayarit, como centros de confinamiento de reos que de manera emergente son llevados allí para despresurizar otros penales. La transferencia más reciente fue la de octubre de 2011, cuando llevaron a 161 internos provenientes de penales de Oaxaca.

 

En la CPFIM, la CNDH detectó también retenciones y transferencias ilegales. Como el caso de Roberto, interno del Cereso de Ciudad Juárez, que en diciembre de 2010, fue transferido a las Islas Marías aunque estaba ya en tiempo de obtener el beneficio de libertad anticipada por purgar siete años de una condena de 10. En Juárez además estaba bajo rehabilitación postoperatoria, que le fue suspendida a su llegada a la isla.

 

La ubicación geográfica del penal además incide en el deterioro de su administración, al estar “fuera del ojo público”, considera la CNDH. “Ese es un problema grave porque sale del ojo público, evidentemente se potencializa la posibilidad de daños graves a la población y de abusos, y como ir es un rollo, ese es un problema que nosotros observamos también. Se pueden cometer toda clase arbitrariedades terribles en contra de la dignidad humana”, explica el tercer visitador.

 

Si los criminalistas como Carlos Tornero referían que Islas Marías era el único penal donde era efectiva y visible la readaptación social, significaría que ahora el gobierno de Calderón no le deja a México un solo penal donde la readaptación sea posible.

 

Contralínea solicitó al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, su postura respecto a los señalamientos de la CNDH y las investigaciones penales y administrativas que en próximos días se presentarán contra sus subalternos. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.

 

 

 

 

Un negro legado entregarán al país los gobiernos panistas en materia de administración de los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos). El caso emblemático, sin duda, es la fuga del Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, del Cefereso de Puente Grande, Jalisco, el 19 de enero de 2001, apenas 50 días después de la llegada del expresidente Vicente Fox Quesada a Los Pinos. Ya libre, también en los gobiernos panistas, el sinaloense se convertiría en el narcotraficante “más poderoso del mundo”, conforme lo calificaron autoridades del gobierno de Estados Unidos en enero de 2011, y en una de las cien personalidades “más influyentes” del mundo, de acuerdo con la revista Time (2009).

 

Pero además de fugas espectaculares y privilegios escandalosos en Ceferesos de “máxima seguridad”, de Fox a Felipe Calderón, el legado en materia de derechos humanos es de rezagos graves.

 

El tercer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Guillermo Aguirre, maestro en sociología por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica, en Oñate, España, explica: “No hay mejora en las condiciones de trato y de seguridad, y la seguridad implica no sólo la del interno sino la de las personas que trabajan en los centros y de las que visitan éstos. No se puede mancillar la dignidad de las personas todos los días al momento de la revisión, al momento de la atención, al momento de llamarle como te diriges al interno, porque lo que se genera es una situación muy distinta a la que se busca para la reinserción social”.

 

La gestión del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, le ha merecido diversas recomendaciones por agravios e irregularidades en diversos Ceferesos, similares a las que se documentaron en Islas Marías: retenciones ilegales, segregación, torturas físicas y sicológicas, condiciones infrahumanas.

 

Una de éstas, la 25/2010 a favor de los internos en el Cefereso Número 5 de Villa Aldama, acreditó violaciones a los derechos a la seguridad personal, a la legalidad, a la seguridad jurídica, al trato digno, a la salud y a la readaptación social. Ésta derivó en 28 quejas de más de 200 internos.

En este Cefereso se encontraron sin atención médica a enfermos con padecimientos infectocontagiosos o males degenerativos: con VIH, esquizofrenia, glaucoma, hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, hiperuricemia, leucemia, hiperuricemia, hipertensos, paralíticos, con gastritis crónica, cáncer en la piel, de testículo, excoriaciones en la piel u otros llagados.

 

Aunque las observaciones de la CNDH eran alarmantes, las autoridades no tomaron medida alguna. La consecuencia inmediata fue la muerte de un interno por falta de atención médica oportuna. En consecuencia, la Comisión emitió otra recomendación, 68/2011, también dirigida a García Luna.

 

Respecto al tema de las retenciones ilegales, el precedente es la recomendación 46/2011, por la retención ilegal de un interno del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala, Morelos, durante un año, cuatro meses, ocho días. Después se acreditó la retención ilegal de una mujer en un penal de Jalisco, que derivó en la recomendación 74/2011. Después un caso en Tabasco, recomendación 78/2011. Luego uno de Islas Marías, recomendación 79/2011.

 

Desde el Observatorio Mexicano de Prisiones se considera que la labor de García Luna al frente de los Ceferesos no ha contribuido a mejorar el sistema carcelario mexicano, identificado por el Observatorio Internacional de Prisiones como uno de los diez peores del mundo; por el contrario, que ha abonado más a su deterioro.

 

Adrián Ramírez, representante del Observatorio Mexicano de Prisiones, (parte del Observatorio Internacional de Prisiones) explica que “hay un cúmulo de situaciones que han sido denunciadas. No porque se trate de personas acusadas de delitos se les tenga que someter a un régimen penitenciario que va más allá de la simple privación de la libertad y que violenta gravemente los derechos humanos. También observamos un criterio de este concepto jurídico de delincuencia organizada, que es una forma difusa de delito que hace que las personas vivan un régimen de excepción y por lo tanto, puedan ser llevados a estos penales de máxima seguridad sin que se acredite su culpabilidad.

 

Ramírez, también presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos denuncia además un “uso discrecional” de los Ceferesos con carácter político: “el gobierno de Felipe Calderón los ha usado para confinar luchadores sociales que aunque no debieran reunir o no reúnen el perfil que se establece, aún así son llevados a penales federales de máxima seguridad, condenándolos de antemano, lo que violenta su derecho a la presunción de inocencia”.