Su rostro refleja el cansancio de una vida dedicada al trabajo. En sus manos se perciben las cicatrices que han dejado las arduas jornadas cociendo balones de futbol. Sin embargo, la huella más significativa se encuentra en sus ojos. Durante los nueve años que Leobardo Zúñiga pasó en la cárcel perdió la vista, a causa de la diabetes mellitus y la falta de una atención médica adecuada.

 

Delgado, cabello corto, ojos hundidos, vacío en la mirada. Con dificultad, hila palabras en español: “Tengo tres años que no veo nada. Yo cosía balones de noche: hasta las 11 de la noche los cosía. Se calientan los ojos por el esfuerzo de la vista… Por eso se acaba la vista”, explicaba en 2011, cuando aún se encontraba en reclusión.

 

“Si viera bien podría trabajar aquí [en la cárcel]. Hay mucha chamba, podría hacer bolsas, pero no veo nada. Si me dieran cinco pesos, compro tortillas y jabón. Si viera bien trabajaría, pero está cabrón, pues.”

 

Ahora, en libertad, el daño es irreversible. “Yo creía que me iba a morir ahí dentro. No lo creí cuando me dijeron que iba a salir; ahora estoy en mi casa y me tienen que ayudar para todo”, dice en un testimonio grabado por la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal).

 

Leobardo Zúñiga –de 69 años– es indígena na’saavi originario del municipio Ayutla de los Libres, Guerrero. En abril de 2003 fue detenido, acusado de homicidio calificado. Hasta 2012 fue absuelto.

 

José Luis Gutiérrez Román, director general de Asilegal, explica en entrevista que la prisión preventiva es una medida cautelar excepcional, en la cual un juez no debe de tardar más de dos años en sentenciar a un procesado. Sólo se puede rebasar cuando el procesado lo requiera para su defensa.

 

El abogado señala la inconstitucionalidad de la prisión preventiva, como la  aplicada a Leobardo Zúñiga: “se está violando el Artículo 20 de la Constitución, que establece claramente los plazos para ser investigados; y también está atentando contra la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

 

El director de Asilegal comenta que a partir de la reforma constitucional de 2011 los acuerdos internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano son aplicables al ámbito local.

 

“Muchas veces la gente que es pobre y no tiene un abogado que pueda acelerar su proceso queda esperanzada a que un abogado público lo haga, y el proceso se va atrasando”, comenta José Luis Gutiérrez.

 

Además señala que la discriminación es otro factor para el abuso de la prisión preventiva. Ubica el caso de las personas indígenas, en donde muchos jueces no quieren juzgarlos para evitarse las formalidades que estas personas requieren; por ejemplo, tener un traductor en el juicio: “Muchos jueces esperan hasta que la persona aprende español, para poder llevar su proceso […]. En la cuestión de género, muchas mujeres al estar bajo un proceso penal, entran en conflicto con su comunidad y a veces son tachadas. En ese sentido, los operadores de justicia no les ponen atención a sus procesos y se olvidan de su derecho de accesos a la justicia”.

 

Miguel Victorino Cruz Sánchez, abogado defensor de Leobardo, comenta que el caso de su defendido es un ejemplo de abuso de prisión preventiva: “La dilación en los procesos [judiciales] es una situación, desgraciadamente, muy recurrente en el estado de Guerrero. Esto se da porque no hay infraestructura; además, las autoridades que se encargan de administrar justicia no tienen la voluntad por apegarse a los términos que señala la ley.

 

“Las autoridades, en aras de justificar su trabajo, se valen de que las personas no saben leer ni escribir; además, de que no entienden a cabalidad el español. Esto permite que sean envueltos por la gente del Ministerio Público que se encarga de realizar la investigación y se haga una imputación injusta, como en el caso de Leobardo: no existe ni la ética ni la responsabilidad ni la honradez por parte de los servidores públicos encargados de administrar justicia.”

 

 

José Marcos Leobardo Zúñiga fue detenido y encarcelado junto con José Marcos Pánfilo Agustina, otro indígena na’saavi del mismo municipio.

 

De complexión delgada, la cabeza a rape y camisa a rayas desabotonada se observaba a José Marcos en el interior del Centro de Readaptación Social de Ayutla de los Libres, el cual, hasta diciembre de 2011, contaba con 147 presos. Sin embargo, después de nueve años en prisión –al igual que Leobardo– fue puesto en libertad por el juez de primera instancia, quien lo absolvió del delito del homicidio calificado que se le imputaba.

 

Asilegal se hizo cargo de la defensa desde diciembre de 2010. La estrategia jurídica se basó en el principio de presunción de inocencia y del debido proceso, asentados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

 

En un comunicado fechado el 17 de abril de 2012, Asilegal señala que el caso de José Marcos es uno más de abuso de prisión preventiva “del que son víctimas muchos indígenas en nuestro país, aunado a las irregularidades en la integración de procesos penales por parte de las autoridades ministeriales en Guerrero”.

 

En ese sentido, refieren que existe un “recurrente y lamentable uso del sistema de administración de justicia para encausar castigo entre particulares y acusaciones sin sustento, que inician en actos de imputaciones especulativas, deductivas y alejadas de toda condición objetiva, científica y profesional”.

 

 

La imagen fue impactante: el cadáver se encontraba en el suelo con una herida profunda en la cabeza; la sangre emergía de manera constante.

 

Entre el shock y el nerviosismo buscó a su marido sin encontrarlo. Asustada, tomó dinero, ropa y salió del lugar.

 

Se trata de Zenaida Pastrana de la Cruz, indígena nahua originaria de Potoichán, municipio de Copanatoyac, también de Guerrero. Aún se encuentra en reclusión.

 

“Mi marido y otro señor llegaron tomados a la casa. Mi marido me dijo que fuera a la tienda a comprar unos refrescos, y cuando llegué a la casa, dejé los refrescos y me fui al campo a darle de comer a los animales; cuando regresé vi mucha gente que estaba ahí en la casa”, relata, angustiada, Zenaida.

 

Los vecinos al verla salir intentaron lincharla: “Cuando me detuvieron, me golpearon y me amarraron de las manos, me dijeron que había matado a una persona. Me hincaron delante de ellos para amarrarme de la cintura; una persona se me acercó diciendo que me había visto matar a quien estaba en mi casa”.

 

Ana Lilia García Altamirano, coordinadora jurídica de Asilegal, explica que después de amarrarla a un poste, los vecinos de la comunidad comenzaron a golpear a Zenaida. Fue justo el momento cuando llegó la policía; posteriormente fue trasladada al Ministerio Público.

 

“Me trasladaron a Tlapa [de Comonfort]. Tres días después de mi detención me llevaron al reclusorio. No entendía lo que me decían, el intérprete no hablaba el mismo dialecto que yo”, explica la indígena nahua.

 

Las irregularidades jurídicas que presentó el Ministerio Público fueron amplias. Éste asentó que Zenaida fue detenida al interior de su casa, con sus dos hijas; sin embargo, Zenaida no tiene hijas.

 

La acusada comenta que los agentes que la custodiaban estaban ebrios y la amenazaban con matarla. Le decían más cosas en tono altisonante que no podía entender, debido a que no habla español.

 

Para José Luis Gutiérrez, éste caso evidencia tres acciones puntuales: la violencia institucional que sufren las mujeres en situación de reclusión en Guerrero; el abuso de la prisión preventiva generado contra éstas, y la falta de cumplimiento de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos de las personas indígenas.

 

Entre los estrechos pasillos del Centro de Readaptación Social de Tlapa de Comonfort –donde hasta diciembre de 2011 habitaban 267 presos– Zenaida pasa las horas recordando sus días en libertad y añorando a los suyos.

 

“No sé cómo resolver mi problema, estoy muy triste. Después de casi ocho años estoy desesperada, quiero salir para ver a mi familia. Si yo hubiera cometido el asesinato estaría conforme, pero este castigo no es para mí”, finaliza el relato grabado por Asilegal. Ella mantiene su mirada hacia abajo.

 

Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, hasta diciembre de 2011 habían 230 mil 943 presos a nivel federal, estatal y municipal en todo el país. De éstos, 5 mil 282 se encuentran encarcelados en Guerrero: 1 mil 211 del fuero federal y 4 mil 71 del común.

 

En ese último, 1 mil 996 estaban siendo procesadas: 1 mil 985 hombres y 101 mujeres. Los sentenciados eran 2 mil 75: 1 mil 993 hombres y 82 mujeres.

 

En el fuero federal, 623 hombres y 37 mujeres aún no recibían sentencia. Mientras que 537 y 24, respectivamente, ya habían sido sentenciados.

 

Es decir, el 49 por ciento de los encarcelados del fuero común pueden padecer abuso de prisión preventiva; del federal, la cifra aumenta al 54.5 por ciento.

 

En conjunto, los 18 centros penitenciarios en Guerrero tienen una capacidad para 3 mil 680 personas, por lo tanto se tiene una sobrepoblación de 1 mil 602 reclusos.

 

 

Tenía 16 años cuando lo detuvieron. Indígena me’phaa del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, recuerda con tristeza el día de su detención cuando aún era adolescente.

 

—¿Cómo te llamas? –le preguntaron.

 

—Pedro –respondió.

 

—¡Ah! ¿Pedro Gatica?

 

—Sí.

 

—¡No, pus ya te llevó la chingada!

 

Al momento de la detención, sus captores le dijeron que “a güevo” tenía que confesar lo que ellos le señalaran.

 

“Yo tenía miedo y vergüenza, porque no sabía hablar el español. Me metieron a una celda, me quitaron mi bolsa y mis huaraches. Me dijeron que no le dijera nada a nadie, ni a los custodios o al director del penal; de lo contrario me golpearían”, relata para la organización Asilegal. Su mirada se pierde, clavada en un punto fijo.

 

Sus compañeros en prisión se cuestionaban por qué Pedro seguía preso, si no pueden estar más de tres años sin sentencia. Él les comentaba que su caso ya estaba olvidado: “El gobierno me quiere tener aquí… Tal vez porque soy una persona muy pobre”.

 

Pedro Gatica fue absuelto después de más de 11 años de encierro, lo cual significó un infierno para él, debido a la soledad y el olvido.

 

Cuando le informaron que sólo necesitaba firmar unos papeles para quedar en libertad, tuvo sentimientos encontrados:?incredulidad y emoción.

 

Sin avisar, llegó a ver a su madre, quien no daba crédito a lo que veía: su hijo de 16 años, ahora con 27, en libertad. La expresión en el rostro de su madre refleja asombro y alegría, el llanto de felicidad no se puede contener.

 

“A veces, cuando cuento mi historia, me da un poquito de tristeza porque recuerdo el sufrir [en prisión] y el destino”, finaliza, con la voz entrecortada.

 

José Luis Gutiérrez señala que hay una falta de voluntad de las autoridades judiciales para que se deje de padecer el abuso de prisión preventiva. Además, considera que hace falta una visión alejada de estereotipos que esté apegada a la cuestión de género, la no discriminación y al respeto a los derechos humanos.

 

Asimismo, explica que la corrupción es otro problema a tratar, pues muchas de las personas procesadas afectaron algún interés por ser propietarios de un predio o de algunas tierras. Por lo cual, la gente que tiene poder podría pagar para que la justicia no sea pronta ni expedita, como marca la ley, para aquel que afectó sus intereses.

 

—¿Qué tienen que hacer los gobiernos para que no exista el abuso de la prisión preventiva?

 

—Apegarse a los principios rectores que marcan las leyes nacionales e internacionales, utilizar de manera excepcional la prisión preventiva y aplicar de una manera clara y precisa un sistema de justicia en donde se respeten los principios de publicidad, oportunidad y contradicción.

 

Contralínea solicitó entrevista con el secretario de Gobierno de Guerrero, a través de la oficina de Comunicación Social. Sin embargo, hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta.

 

 

 

Fuente: Contralínea 294