Los conflictos entre los poderes Legislativo (la mayoría de los legisladores) y el Ejecutivo por un lado, y el Judicial por el otro, con respecto a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, es resultado del saneamiento que la nueva administración federal y la mayoría legislativa intentan hacer del sistema judicial; pero no sólo de ése, también del político en sus diferentes niveles como consecuencia, pues el Poder Judicial ha sido comparsa, en muchos casos, de administraciones pasadas.
Esta confrontación en tiempos de la transición política que vivimos es una consecuencia lógica si entendemos que los magistrados, sector agasajado con privilegios económicos y prestaciones inimaginables para la gran mayoría de la población, son esperpentos de un poder económico y político que estamos intentando cambiar y hasta erradicar. Nadie dijo que la transición sería tersa.
Cualquier cambio, hasta en los procesos de renovación pacíficos, puede generar encuentros ríspidos entre facciones que conforman una sociedad. Lo que es perturbador es que sean los encargados de impartir justicia los que no ven la injusticia de la que son partícipes. La defensa de sus salarios mediante miles de amparos legales y en manifestaciones públicas expone su desesperación por mantener privilegios adquiridos en un sistema político de prebendas, del que ellos han sido figuras centrales amparadas por el intercambio de favores con los gobiernos pasados.
Ante la negativa de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de acatar el Art. 127 constitucional en su fracción segunda: “II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.”, y la férrea defensa que de sus intereses económicos hacen enarbolando el Art. 94 constitucional que dice: “La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.”, habrá que argumentar que ellos, los paladines de la justicia, acatan a discreción algunos artículos de la Constitución mientras violan otros. Que el diferendo continúe hasta sus últimas consecuencias y si ellos logran mantenerse en la injusticia que así sea; pero que desde ya los salarios del Poder Judicial tengan tope en el salario presidencial y que el Art. 127 aplique para todos los que aspiren a laborar en el sector judicial, para que les quede claro que esa es una responsabilidad muy elevada que no se ejerce a partir de sueldos millonarios y que debe ser adquirida por compromiso; y si quieren enriquecerse siempre podrán montar un buffete jurídico.
En un país en el que la injusticia social es enorme y las abismales diferencias económicas fragmentan a la sociedad entre millones de pobres y pocos millonarios, es lamentable que los representantes del Poder Judicial se nieguen a caminar al lado de la población en el plan de austeridad; pues no sólo se trata de bajar sueldos para ahorrar dinero e invertirlo en otros frentes, ya que el propósito de fondo es zanjar la brecha económica que nos divide. Es ofensivo que un servidor público perciba entre 500 mil y 600 mil pesos al mes cuando el grueso de la población recibe salarios inferiores a los 10 mil pesos; más aún cuando los trabajadores con menores ingresos tardan hasta 30 años en adquirir una casa o departamento de “interés social” con un monto incluso menor al del sueldo mensual de los altos funcionarios de la corte.
La mayoría de los “impartidores” de justicia han olvidado el concepto más elemental de la misma, si la entendemos como el principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece por derecho, razón y equidad; pues son ellos quienes determinan lo que les corresponde con base en la preservación de sus intereses; y acostumbrados a una vida de privilegios y dispendios, consideran que es equitativo por su investidura percibir un salario 60 veces mayor al del grueso de la población.
Los justicieros magistrados, jueces y otros de la alta burocracia judicial alegan que su independencia como poder y su efectividad laboral sería menoscabada por la reducción de sus percepciones, por lo tanto su integridad no depende de su compromiso con la aplicación de la justicia en beneficio social, sino con el monto de su emolumento. Cínicamente nos dicen que en ellos habita la corrupción y que ésta sólo es contenida por un salario millonario. Con su negativa a la reducción salarial sólo se están desacreditando más ante la ciudadanía de un país en el que la impartición de justicia y el respeto a la legalidad no es una constante.
Hasta ahora sus enormes ingresos no han garantizado sus fallos a favor de la sociedad, por ejemplo revocar el amparo concedido al Sindicato Mexicano de Electricistas del 13 de septiembre de 2012, que ordenaba a Felipe Calderón restituir la fuente de trabajo a más de 16 mil trabajadores; o las sentencias de los tribunales electorales que avalaron fraudes en elecciones presidenciales como la de 2006 o en algunas estatales como en la reciente elección de Puebla. Además varios magistrados y jueces incurren en nepotismo y otras corruptelas. Con un desempeño inclinado hacia grupos políticos y minorías empresariales y favoreciendo familiares laboralmente al interior de sus dependencias, no sólo se les debería reducir el salario, deberían ser removidos de sus cargos.
A pesar de las voces escandalizadas, las mediáticas desinformadas y las de intelectuales calificados que hablan de escenarios de inestabilidad y apocalípticos por la confrontación entre poderes, es ahora cuando debemos mostrar el “músculo social”, en las redes y en manifestaciones públicas, pues si ya hemos batallado en contra de otras injusticias a lo largo de años, hacerlo para desarmar a los magistrados será sólo una batalla más por la justicia social que merecemos.
*El pasado 8 de enero, el pleno de ministros de la Suprema Corte decidió reducir voluntariamente su sueldo en 25 por ciento, “como medida de racionalidad del gasto público”. No obstante, continuarán ganando más que el presidente de la República (nota de la Redacción).
Roberto E Galindo Domínguez**
**Maestro en apreciación y creación literaria, M en C, literato, arqueólogo, diseñador gráfico. Cursa el doctorado de novela en Casa Lamm. Miembro del taller literario La Serpiente.
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