La multitudinaria marcha realizada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) a la Cámara de Diputados, el pasado 11 de octubre, mostró su compromiso permanente con las luchas y demandas de una sociedad que aún no termina de reponerse de las tropelías derivadas de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, hace justo 9 años.

Tras el despido autoritario de 44 mil electricistas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entró a atender a los 6 millones de usuarios de la zona centro del país, materia de trabajo del SME, con pésimos resultados. El servicio fue prestado a un alto costo por contratistas inexpertos que ocasionaron innumerables fallas y cuantiosas pérdidas a los consumidores, sobre todo a los prestadores de servicios, comerciantes y pequeños y medianos empresarios.

Nadie, hasta la fecha, se ha hecho responsable de asumir los daños causados, como tampoco del saqueo a la red de cobre que fue desmantelada para suplirla con cableado de aluminio. Pero fue sin duda el daño ocasionado a la economía de miles de familias de escasos recursos por el cobro arbitrario en sus recibos, lo que ha mantenido vigente una lucha social apoyada desde sus inicios por el SME, como la mantenida en todos estos años por la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE).

Lamentable que ni Calderón, causante del mayúsculo problema, ni las autoridades que están por concluir su función en diciembre próximo, dieron solución a un generalizado reclamo de justicia que brincó los linderos de la zona centro del país para expandir los abusos de la CFE por todo el territorio nacional. Un encubierto fraude cometido por una entidad pública que ha sido ignorado por el Estado, cuando su origen estuvo en una aberración jurídica expedida en su momento por el Ejecutivo.

En el rango de la generalizada impunidad se sitúa a la ahora clasificada como Empresa Productiva del Estado, a la que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no ha tocado en lo absoluto por sus innumerables abusos a los usuarios –60 mil es el cálculo conservador de documentadas anomalías–, motivo por el cual la marcha del pasado 11 de octubre que inició en la sede sindical del SME, de Antonio Caso 45 hacia la Cámara de Diputados, adquirió una especial importancia pues la ANUEE y el SME volvieron a recordar en San Lázaro a los legisladores la lucha social engendrada en la irresponsabilidad de la CFE por sus cobros estimados que derivaron en los llamados “recibos locos”, bautizados de esta manera porque impusieron montos absurdos y aumentos sin ni ton ni son a familias de escasos recursos, que pasaron pagar 80 y 100 pesos a cantidades superiores a los 5 mil pesos.

Fueron estos atropellos los que han tenido marchando en las calles y realizando plantones en dependencias como la Secretaría de Energía, a miles y miles de amas de casa, jefes de familia y pequeños comerciantes, que han quedado atrapados en la irremisible paradoja de optar por pagar sus alimentos o su luz.

Por tercera ocasión, el SME fue de la mano de estos ciudadanos agraviados a entregar su propuesta de iniciativa ciudadana, acompañada de más de 200 mil firmas, que plantea elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad como un derecho humano, estableciendo además una tarifa social que favorezca a los que menos tienen y que por obra y gracia de las incongruencias de la CFE han tenido que quedarse a oscuras en sus hogares.

Otra de las reiteradas exigencias de la ANUEE es la aplicación del borrón y cuenta nueva, que termine con la amenaza que se cierne contra miles de familias, ya que los latrocinios de la CFE han llegado a los extremos de judicializar los adeudos con amenazas de embargos, criminalizando la lucha de los usuarios, muchos de los cuales han sido encarcelados por el simple hecho de exigir justicia y manifestarse de manera pública.

El documento fue recibido por el diputado Mario Delgado, coordinador de Morena y miembro de la Junta de Coordinación Política, así como por integrantes de la Comisión de Energía, encabezados por su presidente, Manuel Rodríguez González. Debe mencionarse que en el nuevo contexto político donde la correlación de fuerzas dio un giro total, participaron en el mitin del SME y la ANUEE, a las afueras del Palacio Legislativo, los diputados Azael Santiago Chepi, de Oaxaca; la diputada Simey Olvera Bautista, de Hidalgo, y Mirtha Villalvazo Amaya, también integrante de la Comisión de Energía.

Fue notorio que el planteamiento se recibió con un talante diferente al de las dos anteriores ocasiones en que la tecnocracia liberal era mayoría en el Congreso, por lo que siempre terminaba dando evasivas y negándose a realizar un análisis serio y a fondo de esta fundamentada demanda social.

En manos de una nueva mayoría legislativa está el aprobar esta iniciativa cuyos fundamentos surgen de la necesidad de resarcir el sentido social y nacionalista a nuestra política energética en su conjunto. El pasado 27 de septiembre se cumplieron 58 años de la nacionalización de la industria eléctrica cuyos objetivos de fortalecer el sistema eléctrico nacional como palanca del desarrollo económico y mecanismo de justicia social para llevar la electricidad a un precio justo a toda la población quedaron desvirtuados con la aprobación de la Reforma Energética.

Los miembros del Congreso de la Unión tienen en sus manos toda la información para valorar y apoyar esta iniciativa que fue desechada por quienes nunca asumieron su función como representantes populares; su carácter fue el de representantes de los grupos empresariales, tanto nacionales como extranjeros, protegiendo a toda costa los intereses de una minoría, haciendo de lado el reclamo generalizado de una sociedad agraviada que les pasó la factura en las pasadas elecciones presidenciales.

Por eso, los diputados y senadores que hoy son mayoría no deben olvidar su deuda histórica con las clases populares que, al votar a su favor, les confiaron la expedición de leyes más justas como lo es la iniciativa presentada el pasado 11 de octubre por el SME y la ANUEE. El planteamiento ya está en sus manos como también su aprobación que ayudará a que la prestación del servicio eléctrico no sea visto de manera mercantilista, sino como un derecho humano en beneficio de millones de mexicanos.

Martín Esparza*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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