Tras el fraude de 2012 perpetrado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (Panal), muchos condenamos el atraco electoral y advertimos la descarada participación del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) –ahora Instituto Nacional Electoral (INE), misma institución pero más revolcada–, y señalamos la clásica compra de votos con las dadivas de siempre y con las tarjetas electrónicas de tiendas departamentales, éstas últimas, símbolo inequívoco de la modernización de las viejas marrullerías del dinosaurio priísta. No cabía duda, el PRI había modernizado sus fraudulentos métodos para regresar al poder federal, después de los 2 sexenios presidenciales en que el Partido Acción Nacional (PAN) llevó a México a la situación de crisis humanitaria que vivimos ahora; principalmente con Felipe Calderón, quien tuvo la ocurrencia de sacar a las calles a las Fuerzas Armadas para “combatir frontalmente” a algunos cárteles de la droga, que no a todos.

En ese entonces algunos ciudadanos, abatidos por otro fraude electoral, pensamos que existía la posibilidad de que el viejo PRI, “actualizado”, después de 12 años sin tener la Presidencia de la República estaría, si no ávido de hacer algo bueno (rara vez lo ha hecho) por el pueblo, al menos intentaría legitimarse con alguna acción contundente para permanecer en el poder presidencial por varias décadas más. Soñábamos demasiado, y el desencanto vino cuando encarcelaron a Elba Esther Gordillo y a Joaquín Guzmán Loera; por supuesto, no esperábamos acciones de esa magnitud tan intrascendente para el bien de la sociedad. Anhelábamos que el país recuperara los niveles de “seguridad” previos a la docena trágica panista y que se abatieran los altos índices de violencia que nos propinó el PAN con Calderón en su intento genocida de legitimar su particular fraude electoral.

Apelábamos a la tradicional corrupción priísta y, en definitiva, a su larga experiencia para “lidiar” con el crimen organizado. Qué ingenuos fuimos. El sexenio de Enrique Peña Nieto está en su recta final y la espiral de violencia y barbarie que arrasa a México desde el calderonato, con el PRI se ha incrementado y se ha extendido a casi todos los estados del país. Todo indica que el infierno desatado por Felipe Calderón es incontenible, y que ni el PRI puede hacer algo, está fuera de sus alcances y al parecer de sus intereses.

La banalidad de nuestros gobernantes es tal que viven en un mundo paralelo y distante del que habitamos los mortales ciudadanos; sí, dije bien, mortales, México es un país de muertos y víctimas, un enorme cementerio cuyos barqueros estelares son Calderón y Peña, lo que los ha llevado a la vileza. Y ya está en el intento de entrar a este selecto grupo de sepultureros políticos José Antonio Meade Kuribreña, el “no priísta” de ascendencia panista. El “ciudadano” impoluto y apartidista que será el encargado de darle continuidad a la desgracia que vivimos ahora. En este contexto nada bueno augura la Ley de Seguridad Interior impulsada desde el priísmo más rancio y apoyada por minorías partidistas, que han resultado sustanciales en las votaciones en las cámaras de diputados y senadores, para aprobar una ley incluso condenada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diversas autoridades internacionales en materia de derechos humanos.

Vivimos una situación de emergencia nacional, sólo minimizada por la indiferencia de los medios masivos de comunicación y por los ciudadanos que se giran y le da la espalda a los graves problemas nacionales. Individuos que viven o aspiran a vivir en el mundo paralelo de los políticos que nos han llevado a la desgracia; porque debe quedar claro que el enorme problema del crimen organizado es el resultado de nuestros gobiernos, de su actuar indiferente o equivocado, en el mejor de los casos. Son todos ellos, los potenciales votantes de la perversa continuidad, los que en las urnas amnistiarán al PRI o al PAN y sus partidos rémoras.

La coyuntura electoral de 2018 es sin duda el resultado de las política socio-económicas de décadas priístas y de los últimos tres gobiernos presidenciales. El sexenio de Peña Nieto, que está por concluir, sólo ha ratificado que entre las políticas panistas y priístas no existe gran diferencia, y lo peor, que el PRI al mando del país ha sido totalmente incapaz de proveer seguridad a los mexicanos y de erradicar la violencia. Al contrario, se ha incrementado en todo el país. Ese supuesto nuevo priísmo sólo ha sabido dar continuidad a la política calderonista de confrontación militar sin sentido. Esa que ahora buscan legitimar “legalmente” con La Ley de Seguridad Interior, violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y desoyendo las innumerables recomendaciones y condenas de diversos organismos internacionales, pero sobre todo, haciendo caso omiso de las protestas del pueblo mexicano.

El PRI ante su deteriorada imagen y escaza popularidad intentará a toda costa imponer a su deslucido candidato, sea como sea, burlando lo que sea necesario. No es descabellado pensar que aunque gane la oposición, la única que tiene posibilidades de arrebatarle la presidencia al PRI, los priístas encontrarán la forma legaloide o ilegal de violentar el proceso electoral –si no es que ya tienen un plan para eso–. Y ante una protesta social buscarán estrenar la Ley de Seguridad Interior contra la población. Como están las cosas, solamente una votación masiva a favor de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) que exceda en varios millones la diferencia con el segundo lugar, dificultaría las tretas fraudulentas priístas y panistas y, en alguna medida evitaría la represión al no haber protesta social por un fraude que difícilmente sería consumado; aunque del PRI y el PAN se puede esperar todo. Y para muestra un botón: la “amnistía” legal con Elba Esther Gordillo, quien ya está en su residencia de Polanco y con cargo al erario; eso sólo pasa en un país subdesarrollado, violento y gobernado por el PRIAN en la antesala electoral más importante para el país en lo que va del siglo.

Y ¿por qué sufragar por Morena?, por sentido común, y es que ya quedó claro que las políticas panistas y priístas sólo han deteriorado cada vez más la seguridad y la economía, han incrementado la pobreza y la desigualdad, y han potenciado al crimen organizado por todo el país; en estos difíciles tiempos nos queda esa opción, la única que hoy en día tiene posibilidades de ganar la Presidencia y realizar un cambio, aunque ligero, en la conducción del país. Es lo que hay y con ello nos jugaremos vidas e historia, las de millones de mexicanos y la de la nación en este 2018.

Roberto Galindo*

*Maestro en apreciación y creación literaria; literato; arqueólogo; diseñador gráfico. Cursa el doctorado de novela en Casa Lamm. Miembro del taller literario La Serpiente

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]

Contralínea 577 / del 12 al 17 de Febrero 2018