Con motivo de su visita a México, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, hizo una declaración que no deja lugar a dudas respecto de la crisis en derechos humanos y seguridad que enfrenta el país.

El recuento incluyó la cifra de personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, periodo en el cual se ha desarrollado la supuesta “guerra” contra el narcotráfico. De acuerdo con el relator, en ese lapso fueron asesinadas 151 mil 233 personas, entre ellas miles de migrantes en tránsito.

“Para un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras calculadas son, simplemente, impactantes”, señaló. Otra alarmante cifra corresponde a los más de 26 mil desaparecidos, muchos de los cuales pudieron ser víctimas de desapariciones forzadas. El funcionario de la ONU también destacó que miles de mujeres y niñas son abusadas sexualmente o se convierten en víctimas de feminicidio. “Y prácticamente nadie ha sido condenado por dichos crímenes”.

Y es que, por más discursos del gabinete de Enrique Peña Nieto y del propio presidente, la realidad mexicana no se puede ocultar. No se trata de una percepción errada, sino de una lamentable tragedia humanitaria que padecemos desde el gobierno de Felipe Calderón y que parece no tener fin.

Es en este contexto de violencia desbordada que el relator señaló que el 98 por ciento de los crímenes cometidos en México queda sin resolver; además, que la mayoría de ellos no son nunca propiamente investigados.

Zeid Ra’ad Al Hussein destacó que parte de la violencia puede ser atribuida a los poderosos y despiadados grupos del crimen organizado, a los que condenó por haber hecho miserable la vida de mucha gente, sin embargo –dijo–, “muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la policía y algunas partes del Ejército, ya sea actuando por sus propios intereses o en colusión con grupos del crimen organizado”.

En este sentido, el relator destacó tres casos dada su gravedad: Tlatlaya, Ayotzinapa y Tanhuato; a los que se refirió como “una sucesión de incidentes específicos y recientes [que] han llamado considerablemente la atención y preocupación internacionales”.

Del primero, recordó que “el 30 de junio de 2014, autoridades militares anunciaron que durante un ataque en una bodega en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, soldados mataron a 22 de los agresores, incluyendo a una niña de 15 años. Sólo después de varios meses, y gracias a una valiente testigo y algo de periodismo audaz, emergió una historia por completo diferente; dicha historia sugiere que la mayor parte de esas 22 personas de hecho se habían rendido y que luego fueron ejecutadas sumariamente, y que tres mujeres sobrevivientes habían sido sujetas a detención arbitraria y a tortura. Desde entonces, detalles más alarmantes sobre el caso han emergido, como la aparente alteración de la escena del crimen y la fabricación de cargos contra las sobrevivientes, así como la naturaleza de las órdenes de operación dadas al oficial a cargo de las mismas”.

Del caso Ayotzinapa, indicó que “la confianza de la ciudadanía en las instituciones federales y locales fue seriamente resquebrajada por las desapariciones forzadas de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y el asesinato de seis personas, ocurridos en Iguala, Guerrero. Los informes sugieren poderosamente que la policía local realizó violentos ataques y emboscadas en contra de los estudiantes desarmados, así como contra un equipo de futbol local”.

Sobre el tema, Zeid Ra’ad Al Hussein respaldó el reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y llamó al gobierno a actuar decisivamente sobre las recomendaciones del GIEI, “incluyendo su insistencia de que las autoridades reviertan su decisión de no permitir que los expertos se entrevisten con miembros del Batallón 27 [del Ejército Mexicano], quienes estaban presuntamente en la escena cuando algunos de los ataques tuvieron lugar”.

Además, refirió que tanto el GIEI como el Equipo Argentino de Antropología Forense revelaron las limitaciones e irregularidades relacionadas con los servicios forenses en México. Por ello, dijo, es preciso y urgente crear una institución nacional forense de carácter autónomo y con recursos adecuados

Del tercer caso señaló: “aún está por ser adecuadamente resuelto. Incluye los asesinatos de nueve personas en Apatzingán, en enero de 2015, y de 43 personas, incluyendo un oficial de policía, en Tanhuato [Michoacán], en mayo”.

 Contralínea 458 / del 12 al 18 de Octurbe 2015