A cinco años de la creación de la Guardia Nacional (GN), hoy es el proyecto militar más importante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Actualmente cuenta con 130 mil elementos desplegados por todo el país y se ha mantenido como una institución civil, a pesar de las reformas secundarias que se aprobaron en 2022. En éstas se aprobó el traspaso de la GN de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). Fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien detuvo esta transferencia, bajo el argumento de que era una acción inconstitucional. Sin embargo, en febrero de este año, el presidente López Obrador propuso nuevamente este cambio en su paquete de 20 iniciativas de reforma.

Pero, ¿qué tiene de especial la Guardia Nacional? Idealmente, su formación híbrida: este grupo cuenta con el entrenamiento militar que reciben los elementos de las Fuerzas Armadas y la capacitación en derechos humanos que reciben los policías. Con la intención de lograr una formación integral, se espera que este aparato militar pueda desarrollar sus tareas de manera eficaz. Sumado a esto, sería el primer paso para retirar a las Fuerzas Armadas de las calles, una de las promesas más fuertes de este sexenio.

Según nuestro mandatario federal, es necesaria la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena para evitar que este organismo se corrompa. Sin embargo, ante la llegada de la nueva administración al Poder Ejecutivo, es necesario cuestionar si ¿la promesa de sacar al Ejército de las calles se cumplirá en el sexenio venidero?; o si ¿la estrategia planteada por el actual presidente ha logrado los resultados deseados? Sobre todo, preguntar: ¿cuáles serán los mecanismos para evitar que casos como Ayotzinapa o Nochixtlán se repitan?.

La próxima presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que planea dar continuidad a la estrategia de seguridad instrumentada durante la primera fase de la cuarta transformación, al tiempo que confirma su visión compartida de incorporar la GN a la Sedena. Esto,  durante la inauguración del nuevo cuartel de la GN ubicado en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, en compañía de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. En total acuerdo con las posturas de Andrés Manuel y Sheimbaum, Rodríguez aseguró que este organismo cuenta con el 76.6 por ciento de confianza entre la población mexicana. Además, la secretaria de Seguridad argumentó que para mantener este porcentaje es necesario que la institución se encuentre dentro de la rectitud y principios de las Fuerzas Armadas.

La historia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública comenzó con Felipe Calderón: durante su sexenio –2007 a 2012–, la fallida guerra contra el narco destapó las problemáticas que trae consigo colocar al Ejército y la Marina en las calles sin contar con los protocolos necesarios para proteger los derechos humanos, y tampoco con las autoridades necesarias para vigilar su actuar durante las operaciones: su cabeza era Genaro García Luna, encargado de la guerra contra el narcotráfico.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido numerosas recomendaciones al Ejército, Marina y Sedena por uso ilegítimo de la fuerza. Entre 2007 y 2020, el Ejército acumuló 10 mil 712 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos durante detenciones a civiles. Tortura, desaparición forzada y violencia sexual son algunos de los agravios más comunes contra la sociedad civil.

Casos como el de Asunción Nochixtlán engrosan la lista de violaciones a derechos humanos cometidos por agentes estatales. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, la noche del 19 de junio de 2016 ha quedado marcada como una de las más violentas para esa comunidad. Aquel día, los pobladores se enfrentaron a elementos del Ejército, de la extinta Policía Federal y de la policía municipal durante 18 horas. El uso de la fuerza cobró la vida de ocho personas y dejó 103 heridos, además de numerosos afectados colaterales por el uso de bombas de gas lacrimógeno.

El pueblo de Nochixtlán no se ha detenido desde entonces, han encontrado aliados que les brindan herramientas para esclarecer y visibilizar los hechos. Uno de ellos es la CNDH, que reafirmó las violaciones a derechos humanos durante la represión. Por ejemplo, que tras la detención arbitraria de 20 personas, no fueron presentadas inmediatamente al Ministerio Público. Ocho de ellas declararon haber sido víctimas de tortura y amenazas por parte de los agentes que les detuvieron.

Tres años después, ya en el actual gobierno y en una conferencia matutina de 2019, el presidente López Obrador aseguró que habría justicia por la represión en Nochixtlán. Actualmente se sabe que la Fiscalía General de la República continúa con las investigaciones, apuntando a diferentes expolicías que, se presume, fueron autores de algunas muertes ocurridas en los hechos. Sin embargo, solo algunos exmandos estatales han comenzado un proceso  por la presunta complicidad en este caso.

Uno de ellos de nombre Ismael M, quien fue llamado a declarar el 26 de enero de 2023 y luego fue encubierto por el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca, pues difirió la audiencia hasta junio de ese mismo año, bajo el argumento que el abogado de oficio desconocía la carpeta.

A 8 años sin resolución, el caso Nochixtlán revela la incompetencia de las instituciones responsables y se vuelve un campanazo de alerta para las diferentes cámaras legislativas. A pocas semanas de discusión sobre la adhesión del mando civil más grande a la Secretaría de la Defensa Nacional, valdría la pena exponer estos casos y preguntarnos si realmente la Guardia Nacional es la respuesta para la seguridad del país.

¿No se está convirtiendo México en un país militarizado? ¿Cuál es la diferencia de convivir día a día con la GN, si continúa habiendo abuso de poder de los agentes responsables? ¿Cómo hacer que la población realmente se sienta a salvo con la GN, cuando históricamente los las Fuerzas Armadas han perpetuado violencias y arbitrariedades contra la sociedad civil? Mientras se considere que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es un mecanismo extraordinario para combatir los altos niveles de inseguridad en México, es un hecho que su permanencia en las calles continuará prolongándose, luego de considerarse  necesaria para combatir la complejidad del crimen organizado.

En un país donde el historial de los elementos de seguridad apunta a que existe poco o nulo conocimiento en temas de derechos humanos –al igual que protocolos insuficientes para prevenir o, en su defecto, castigar el uso ilegítimo de la fuerza–, por supuesto que el avance de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública preocupa a las y los defensores, activistas y organizaciones de derechos humanos. Ello, por las implicaciones que esto podría significar en cuanto a la protección y garantía de los mismos.

Michel Maestro*

*Colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

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