Los excesos tienen un límite y los del primer mandaraeio estadunidense, Donald Trump, llegaron al extremo de no poder ser defendidos por miembros de la Corte Suprema de Justicia, que, por una mayoría de seis votos contra tres, echaron atrás el uso abusivo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA por sus siglas en inglés), la cual bajo ningún supuesto “autoriza al presidente a imponer aranceles”, según determinó la máxima instancia judicial de Estados Unidos.

Como se recordará, Washington impuso esos aranceles en abril de 2025, con el pretexto de que la IEEPA facultaba al presidente imponerlos. Sin embargo, la Corte Suprema dictaminó que esa interpretación no era correcta, pues dicha ley solo aplica a situaciones de emergencia nacional y no autoriza aumentar aranceles a decenas de países, premisa que no se cumplía. Además, la medida invadía facultades que corresponden al Congreso y no al presidente.

En el llamado “Día de la Liberación”, Trump impuso aranceles recíprocos a decenas de países alrededor del mundo, al acusar prácticas comerciales desventajosas para Estados Unidos. Los aranceles anunciados el 2 de abril del año pasado establecieron un impuesto mínimo de 10 por ciento y de hasta 25 por ciento a las importaciones que ingresaran al país, lo que afectó de forma directa a la mayoría de las naciones de América Latina.

Para Trump, el fallo de la Corte representa un revés significativo, porque invalida legalmente gran parte de los aranceles recíprocos anunciados en abril, así como otros impuestos aplicados por Estados Unidos a países como México, Canadá y China, bajo el argumento de que son responsables del tráfico de drogas ilícitas, como el fentanilo, hacia territorio estadunidense.

La decisión judicial adquiere una dimensión política especial, ya que contó con los votos a favor de tres magistradas y magistrados de tendencia liberal: Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor. No obstante, causó sorpresa en la Unión Americana que el fallo también recibiera el respaldo de tres integrantes de tendencia conservadora; entre ellos, Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch y John Roberts.

Más aún, se interpretó como un duro golpe para Trump, ya que dos de esos jueces, Barrett y Gorsuch, fueron apoyados en su postulación durante el primer periodo de Donald Trump, quien, molesto, los calificó de “tontos” y “perros falderos”.

Como es su costumbre, Trump colmó de elogios a los otros tres magistrados conservadores que votaron en contra del fallo. Sin embargo, ello no altera una sentencia que, si bien no modificará su estrategia de utilizar los aranceles como arma de chantaje y extorsión comercial contra más de 180 naciones, incluidos sus socios de América del Norte, como México y Canadá, sí lo obliga a replantear su ruta comercial mediante otros mecanismos, como la orden ejecutiva conocida como Sección 122, que le faculta a imponer aranceles de hasta 25 por ciento, aunque solo por un periodo de 150 días.

El fallo de la Corte Suprema devuelve al Congreso la facultad que le otorga la Constitución estadunidense, como Poder Legislativo, para determinar la imposición de aranceles e, incluso, la vigencia de la propia Sección 122.

En ese contexto, el panorama se complica aún más para Trump, ya que muchos legisladores republicanos, al igual que varios magistrados del máximo tribunal, han dejado de plegarse sin cuestionamientos a sus decisiones, sobre todo si se considera que, a un año de la imposición arancelaria, no se ha reducido el déficit comercial de Estados Unidos, uno de los propósitos declarados del primer mandatario.

No pasa desapercibido que desde mayo de 2025, jueces de primera instancia habían señalado la ilegalidad en la aplicación de la IEEPA, criterio jurídico ahora confirmado por la Corte Suprema, lo que coloca al gobierno de Trump ante un dilema complejo. De acuerdo con las normas que rigen el comercio mundial, los países afectados por la imposición arancelaria tendrían derecho a solicitar la devolución de esos recursos para resarcir el daño causado por una decisión abusiva y personal del mandatario estadunidense.

Se calcula que el monto ingresado a las arcas fiscales de Estados Unidos, tras casi un año de aplicación autoritaria de los aranceles de Trump, asciende a aproximadamente 175 mil millones de dólares. En ese sentido, el presidente ha señalado que su gobierno no ha contemplado la devolución de esos fondos y que el tema podría litigarse durante varios años en los tribunales.

Aunque Donald Trump aún puede recurrir a mecanismos como la Sección 122, así como a las secciones 232 y 301, estos ordenamientos, al igual que la IEEPA, solo aplican ante riesgos a la seguridad nacional o prácticas comerciales desleales, condiciones que el propio mandatario estadunidense ha vulnerado de manera sistemática.

Desde el viernes 20 de febrero, el escenario de los abusos comerciales de Trump frente al mundo se ha complicado, ya que, como explicó el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, no se puede permitir que el gobierno de Washington continúe con su agenda arancelaria, pues ello “reemplazaría la colaboración histórica entre el poder ejecutivo y el legislativo en materia de política comercial por una formulación de políticas presidenciales sin control”.

“En consecuencia, el presidente debe mostrar una autorización clara del Congreso para justificar su extraordinaria pretensión de imponer aranceles. No puede hacerlo. Si el Congreso hubiera tenido la intención de otorgar ese poder distinto y extraordinario mediante la IEEPA, lo habría hecho de forma expresa, como lo ha hecho de manera sistemática en otros estatutos arancelarios”, sentenció Roberts, al colocar una camisa de fuerza institucional al trastornado mandatario.

Imponer de manera global un arancel de 10 por ciento, o de cualquier otro porcentaje decidido de forma discrecional, constituye un intento desesperado frente a una crisis interna que crece en los Poderes Legislativo y Judicial contra el presidente estadunidense, quien ahora enfrentará la presión de los afectados por el cobro de aranceles ilegales, como lo estableció por mayoría la Corte Suprema. Se trata de 175 mil millones de dólares que, conforme al derecho internacional, deberían devolverse a quienes pagaron esos gravámenes aplicados de manera ilegal.

Por si fuera poco, la violación constante de las reglas del comercio internacional y de la propia Constitución de Estados Unidos comienza a bajar de su pedestal a un presidente empecinado en gobernar la nación más poderosa del planeta a partir de rabietas y extravíos personales. Es momento de que sus socios del T-MEC exijan seriedad y congruencia en el tema arancelario, que, como queda claro, compete al Congreso y no al presidente estadunidense.

Martín Esparza*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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