Las democracias: debates de actualidad, coordinado por Gerardo Ávalos Tenorio y René Torres Ruiz, es un libro publicado por la UAM muy pertinente en esta época.

Vivimos un momento en el que los modelos de democracia liberal representativa están en crisis en el mundo. Contemplamos cómo, en Estados Unidos, mientras el 65 por ciento de la población está en contra de la guerra contra Irán, Washington ataca ese país. Además, los poderes federales, estatales y locales chocan abiertamente, como sucedió en California, Minnesota, Illinois, Nueva York y otras entidades donde enfrentaron las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

A ello, se suman los enfrentamientos entre Trump y la Suprema Corte de Estados Unidos, como ocurrió con el reciente decreto migratorio para limitar la ciudadanía automática de las personas nacidas en ese país. Cada vez más, los gobiernos de Estados Unidos y de otras naciones gobiernan por decreto y enfrentan grandes protestas.

Como dice René Torres Ruiz, la democracia representativa de cuño liberal hace patente, cada vez más, su incapacidad, insolvencia y desinterés para resolver problemas y demandas sociales propios de nuestro tiempo: empleo, educación, protección de los derechos humanos, identidades diversas, autonomía y defensa de las identidades de grupos sociales dentro de contextos estatales, medio ambiente, transparencia, legalidad, alto a la corrupción y a la violencia en distintos planos, etcétera.

Dada su muy estrecha relación con los intereses del neoliberalismo, se trata de un modelo político que propicia gobernar en el vacío, sin un respaldo popular amplio, y que genera una profunda indiferencia hacia la política y la democracia.

En el neoliberalismo, el sistema opera para mantener la dictadura de las corporaciones, cuyos intereses son siempre priorizados. En los países en que, en el pasado, gobiernos progresistas trataron de impulsar algunas medidas de corte popular, nacionalista y redistributivo dentro del sistema, este ha operado para traer de vuelta a la ultraderecha, como sucedió en Argentina, Bolivia, Brasil con Bolsonaro, Ecuador, El Salvador, Honduras y Chile.

Hoy gobierna un narcotraficante en Ecuador; en Argentina, un desquiciado Milei; en Perú ganó la hija de Fujimori, un criminal de lesa humanidad; en El Salvador, Bukele, un dictador; en Chile, Kast, hijo de un nazi y abiertamente pinochetista.

En Colombia ganó fraudulentamente la elección De la Espriella, un abogado mañoso, cantante, sionista y de ultraderecha. Es el tipo de personaje que resulta electo por su fama en la televisión y los espectáculos, como ocurrió con Reagan y Trump en Estados Unidos, o con los comediantes Volodímir Zelenski, en Ucrania, y Jimmy Morales, en Guatemala.

Mucha gente se desilusiona y cuestiona: ¿Cómo los pueblos eligen a esos gobernantes? Se expresa con desprecio hacia la población de tal o cual país que hace una mala elección, pero no se cuestiona el modelo político y electoral que lleva al triunfo a representantes tan impresentables.

El sistema actual genera violencia, polarización, pauperización, ignorancia, racismo, crisis de salud, misoginia, prejuicios y desinformación, y son los grandes centros de poder los que lo producen.

Es una democracia, como dice Gerardo Ávalos, “elitista, representativa y, sobre todo, procedimental o formal, pues no está dirigida a cambiar las condiciones sociales en las que se desenvuelve la civilización capitalista”.

Es conocido, por ejemplo, que la raíz del problema del narcotráfico radica en Estados Unidos, que compra la droga, la distribuye en su territorio, lava el dinero, administra el negocio, lo usa para intervenir contra gobiernos que no le son incondicionales y crea condiciones de violencia que generan miedo y pánico; además,  fabrica y vende las armas.

Ante ello, la oferta de “seguridad, mano dura y orden” da gran popularidad a los candidatos de derecha. Así se ha vivido la bukelización de la política latinoamericana.

Un sistema en el que la mayoría de los candidatos gana con 20 por ciento del voto, con niveles de abstención de alrededor de 40 por ciento, y en el que, además, millones de votantes quedan fuera del padrón por diversas razones.

Un sistema cuyas campañas, en vez de centrarse en propuestas, polarizan entre quienes están a favor y quienes están en contra; se centran en escándalos personales y generan rechazo hacia la política y los políticos, sin excepción, creando apatía y desinterés. Asimismo, fomenta discursos de odio, xenófobos y violentos.

No se fomenta el pensamiento crítico, sino seguir a un líder, adherirse a un partido sin cuestionar sus programas, sin ejercer la autocrítica ni generar una cultura política de reflexión, organización y acción, sino simplemente ser partidarios incondicionales.

Un sistema que, por las “reglas del mercado”, no permite a los gobiernos progresistas resolver problemas estructurales, lo que, con el paso de los años, causa la desilusión y el rechazo del electorado.

Un sistema que usa todo su poderío económico para profundizar la defensa de sus intereses mediante megaproyectos de minería, infraestructura o privatización del agua. Además, fomenta la corrupción de funcionarios progresistas, lo que genera el descontento de las fuerzas populares, las cuales, en muchos casos, terminan por ejercer un voto de castigo ante la decepción provocada por los gobiernos progresistas y sus políticos.

Un sistema que mantiene el control de los grandes medios de comunicación y del ámbito cultural fomenta la desinformación y alimenta el consumismo y el aspiracionismo de la clase media.

Busca la identificación con el rico y el poderoso para provocar una disociación cognitiva en la que se nieguen las condiciones reales en las que se vive y las clases oprimidas se ubiquen del lado de los opresores.

Este sistema multimillonario, económico y mediático se apoya en un instrumento formidable: el sistema de partidos y los organismos electorales, que están bajo el control de las cúpulas nacionales y extranjeras.

Esta situación, en la que la democracia liberal representativa atraviesa una de sus peores crisis en América Latina y el mundo, nos motiva a reflexionar sobre nuevas vías hacia una democracia sustantiva, una profunda renovación democrática que garantice que el pueblo decida y que impere la voluntad popular.

Es preciso detectar los factores que invalidan una elección libre, auténtica y equitativa, así como proponer las medidas necesarias para establecer una democracia genuina en interés del pueblo.

Luego de siglos de luchas, la humanidad aspira a vivir en una democracia donde el pueblo decida su destino. Por eso, el sistema imperialista aparenta defender la “democracia” –que es puramente formal– e incluso agrede y ocupa otros países en una supuesta “defensa de la democracia”.

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional impulsan el “sistema de partidos” como la única forma de gobierno democrático, como la materialización de la democracia, expresada en el pluripartidismo y la alternancia de los partidos en el poder.

Tras esa fachada democrática impera la dictadura del gran capital. Eso no es democracia en absoluto.

De hecho, el país del Norte que vende la idea de la “democracia” y los “derechos humanos” está demostrando ser un régimen autoritario, brutal, imperialista y caótico. Su modelo, la “democracia americana”, ha fracasado claramente a la vista del mundo entero. La decadencia de las instituciones de Estados Unidos es visible.

Los gobiernos progresistas van directo al fracaso si se empeñan en sostener las viejas instituciones antidemocráticas y no se apoyan en la organización del pueblo en defensa de sus propios intereses.

Hace falta una renovación democrática que haga efectiva la soberanía popular y rompa con todo el sistema de control actual de las corporaciones.

Una elección democrática comienza por la selección democrática de los candidatos. Actualmente, estos son elegidos por las cúpulas partidarias y sirven a las mafias políticas, no a los electores.

Es preciso dejar de financiar a los partidos políticos –que se han convertido en verdaderas franquicias– y destinar esos recursos a financiar un sistema electoral en el que sean los propios electores quienes seleccionen a los candidatos en los centros de trabajo, estudio y vivienda.

Así nos representarán mexicanas y mexicanos comprometidos con su comunidad y con el país, y no con los de “arriba”.

Los militantes de los partidos que aspiren a puestos de representación pueden ganar la candidatura mediante el trabajo en favor de su comunidad y ser seleccionados por ésta, y no por la cúpula de su partido. Teóricamente, los partidos tienen la misión de llevar su proyecto político a la sociedad con trabajo y compromiso, no mediante el dinero; sin embargo, actualmente existe un verdadero “mercadeo” partidario.

Debe ser el elector quien seleccione a los candidatos para dar cumplimiento al derecho constitucional de “votar y ser votado”, derecho negado en la práctica por el actual monopolio de los partidos para presentar candidaturas. La selección de candidatos por parte de los electores tiene la ventaja de permitir escoger a personas que conozcamos directamente y no a las “imágenes” que nos “venden” los medios, ocultando los intereses que representan.

Debe surgir de las comunidades organizadas de vivienda, trabajo y estudio, es decir, de la gente que conoce a las personas con las que convive. No se debe financiar a los partidos, sino a un sistema que permita que un ejército de trabajadores sociales apoye a los colectivos a expresar y formalizar sus propuestas, así como la selección de candidatos.

Los representantes serán electos con base en el programa impulsado en su campaña y estarán mandatados por los electores. Actualmente, en campaña prometen una cosa y, ya en el poder, hacen lo contrario.

¡Basta de darles un cheque en blanco a los funcionarios que imponen políticas que nunca propusieron en sus campañas! Salinas no habló de incorporarnos al Tratado de Libre Comercio, ni Zedillo de rescatar a los bancos con el Fobaproa y vender los ferrocarriles nacionales al extranjero.

Fox nunca insinuó que nos integraría a la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte; Calderón ocultó su proyecto de privatizar Petróleos Mexicanos e integrarnos militarmente a Estados Unidos mediante el Plan Mérida y la “alianza estratégica”.

Por ello, es necesario que los representantes sean mandatados para desarrollar el programa definido y decidido en las elecciones y que exista la revocación del mandato para quien no cumpla.

Dice la Constitución, en su artículo 39: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Es hora de cambiar la forma de gobierno y transformar el sistema político actual para impulsar la renovación democrática en México.

Pero una persona o un partido, por sí solo, no va a lograr derrotar intereses muy poderosos. Esto solo puede lograrlo una sociedad de ciudadanos conscientes y organizados en sus lugares de trabajo, estudio y vivienda, que decidan, impulsen y hagan posible la transformación del país.

Solo la fuerza del pueblo puede derrotar a la fuerza de las corporaciones; solo así puede triunfar su soberanía.

La democracia –demos, pueblo; cratos, poder– es la soberanía popular, expresión del poder popular que se construye del nivel local al regional y nacional, de abajo hacia arriba.

El gobierno federal debe desarrollar el proyecto y unificar los esfuerzos y recursos para materializar las decisiones del pueblo, su unidad y el desarrollo integral y multilateral del país.

Así, la soberanía parte de la soberanía local: de la selección de candidatos, de la participación y de la discusión de proyectos y programas desde la base.

Tenemos que pasar del malestar y la protesta a la reflexión y a las nuevas vías para la democracia, para que ya no sean los grandes centros de poder financiero quienes decidan.

La semilla democrática ancestral de nuestras tierras, organizada a partir de los calpullis que elegían en asamblea a sus representantes, puede germinar en un sistema en el que se reconstituyan las comunidades y sean el sostén, los defensores, guardianes e impulsores de la democracia verdadera.

En ella no gobernarán las cúpulas ni los poderosos, sino que serán los pueblos quienes decidan y desarrollen el poder popular.

El gran desarrollo actual de las fuerzas productivas y las formidables nuevas tecnologías permiten producir todo lo necesario para satisfacer las necesidades de cada ser humano. También hacen posible revertir los procesos de destrucción de la naturaleza y la degradación de las relaciones humanas.

Lenin decía que, para desarrollar grandes energías, hay que plantearse grandes objetivos. Sí se puede construir un nuevo proyecto democrático y, en colectivo, construir un proyecto de sociedad que resuelva las necesidades más profundas y sentidas de la humanidad.

Ha llegado el momento de armonizar los intereses de los seres humanos entre sí; el interés individual con el interés colectivo; el interés de los colectivos con el interés general, y el interés del ser humano con el de la naturaleza.

La humanidad, ante la crisis actual, el caos y la descomposición, vislumbra ya un futuro en el que la democracia recupere su verdadero sentido y conduzca al bienestar, la justicia y la paz.

Ese gran objetivo solo se puede alcanzar en democracia.

Pablo Moctezuma Barragán*

*Doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y militante social

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