Cuando escuchamos o mencionamos la palabra amnistía, el ambiente tiende a ponerse expectante, silente, observador, como si se hablara de algo imposible, desconocido o que solo se dice en redes sociales.

Hoy, al hacer un repaso por la historia reciente de mi país, me encuentro con una tradición que ha sido estrategia primordial para los procesos de paz en la nación. Quise hacer un viaje rapidito al corazón de Venezuela, lugar donde nací, sin dejar de lado el reconocimiento de varias regiones en Latinoamérica como Chile, Argentina, Perú y El Salvador, que han optado por proponer, aprobar y aplicar amnistías para mantener la armonía y la convivencia en cada uno de sus territorios.

Pero para entender el presente, luego del bombardeo del 3 de enero por parte del gobierno de Estados Unidos a Venezuela, fue vital asomarse a una herramienta que ha sido un recurso histórico, algo como un botón de reinicio en los momentos más críticos de nuestra historia: la amnistía.

En Venezuela, esta tradición de paz y convivencia se remonta a más de dos siglos atrás, en plena Guerra de Independencia en 1820. Pero antes de comenzar con el repaso, es necesario saber, por lo menos someramente, qué es una amnistía.

¿Olvido?

La palabra proviene del griego amnestia, que significa ‘olvido’. En Derecho, es el perdón que extingue la responsabilidad penal de forma colectiva, y se define como un instrumento del Poder Legislativo para borrar legalmente delitos del pasado, y con ello, sanar fracturas políticas y sociales.

En Venezuela, se fundamenta actualmente en el Artículo 187, numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que sostiene el objetivo de lograr la convivencia democrática y la paz de todas y todos los venezolanos. Pero el Artículo 29 prohíbe amnistiar violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y queda fuera el narcotráfico, la corrupción y el homicidio.

De Bolívar a Chávez, una cronología del perdón

En noviembre de 1820, el país se desangraba, y cuando menos se esperaba, el contexto dio un giro: los delegados del libertador Simón Bolívar y del jefe realista Pablo Morillo se sentaron en Santa Ana, Trujillo, para firmar el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra; se pasó de la barbarie a normas ciudadanas que respetaban la vida de heridos y prisioneros para dar fin al sangriento decreto de “guerra a muerte”. De aquí el conocido abrazo de Bolívar y Morillo. Este acuerdo es considerado un antecedente fundamental del derecho internacional humanitario, que busca proteger a no combatientes y prisioneros.

Poco después, entre 1827 y 1828, el propio Bolívar utilizó el perdón como una decisión política estratégica, lo que permitió amnistiar a participantes del movimiento separatista conocido como “La Cosiata” en 1826, que fue liderado por el general José Antonio Páez. Esta absolución buscaba evitar la guerra civil y ratificar a Páez como jefe civil y militar del país, así como la reconciliación de las élites venezolanas, bajo el mando de Francisco de Paula Santander, que rechazaban el centralismo de Bogotá para intentar salvar el sueño de La Gran Colombia.

A lo largo del siglo XIX y principios del XX, Venezuela aprendió que reconciliar era existir. Tras la cruenta Guerra Federal en 1864 se condonaron a los combatientes, y para 1902, el presidente Cipriano Castro perdonó incluso a sus rivales, como el Mocho Hernández, para que se unieran a la defensa de la patria durante el bloqueo naval extranjero por Alemania, Reino Unido e Italia. La amnistía, como vemos, siempre ha aparecido como ese recurso político de emergencia en momentos donde la cuerda se tensa hasta no dar para más.

En el siglo XX, encontramos a figuras como Rafael Caldera, quien en 1969 utilizó la Ley de Amnistía y Pacificación para reintegrar a la vida civil a las guerrillas de izquierda, y así legalizar partidos que antes estaban en la clandestinidad. El mismo Caldera, durante su segundo mandato en 1994, otorgó el indulto a Hugo Chávez y a sus compañeros de rebelión tras el intento de golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez en 1992, evento que dio resultado por la aguda crisis económica, la corrupción generalizada y el descontento social generado por el “paquetazo” neoliberal de la época, además de que sucedió tras el estallido social del “Caracazo” en 1989.

Con la llegada de la Revolución Bolivariana, liderada por Chávez, en el año 2000 decretó una Ley de Amnistía Política General. Para finales de 2007 y principios de 2008, el mandatario amplió estos beneficios para incluir a figuras del supuesto gobierno interino -después del intento de golpe de Estado por la derecha y oligarquía venezolana-, y a participantes del paro petrolero entre el 2002 y 2003.

En años más recientes, en 2016, la Asamblea Nacional conformada por una mayoría opositora intentó proclamar una Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, pero el Tribunal Supremo la declaró inconstitucional y nunca se aplicó; sobre esto, les contaré en el próximo artículo.

Los episodios de violencia dirigidos por la oposición extrema del país, conocidos como “guarimbas” en 2014 y 2017, dejaron un saldo trágico de más de 160 muertos y casi 2 mil heridos en todo el territorio nacional. La magnitud del problema fue tal que el gobierno de Nicolás Maduro optó por promover los diálogos de paz que resultaron en diversas excarcelaciones. Además, creó la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, cuyo papel fundamental ha sido investigar los hechos violentos y, sobre todo, es una vía para reconducir a los sectores más radicales hacia la política institucional. Este proceso se convirtió en un mecanismo de supervivencia estructural.

Para esta fase, la reconciliación se planteó como un puente que incluyó la participación de actores internacionales de gran peso, como el Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en el marco de la Conferencia Nacional por la Paz, en el 2014. Este esfuerzo de diálogo buscaba que, mediante la voluntad política de distintos sectores, se pudiera frenar el ciclo de caos que se había instalado “como herramienta política” desde la extrema derecha.

De nuevo el botón de reinicio 

Sin embargo, en este tablero de ajedrez histórico, la reconciliación juega un rol dual. Por un lado, hay quienes sugieren que estas medidas de gracia han servido para desacreditar a los sectores golpistas y favorecer el entendimiento entre quienes apuestan por la democracia. Pero, por otro, existe un desafío ético enorme y es el papel de la reconciliación hoy, especialmente con la nueva Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática de 2026, lograr ese equilibrio que tanto se ha buscado, donde se perdone para avanzar, pero sin que ello signifique una revictimización de las familias que sufrieron asesinatos, mutilaciones o pérdidas por la violencia opositora y, mucho menos, que este proceso nos lleve al olvido de hacer justicia con paz.

Llegamos a un presente que parece cerrar un círculo, pero serán los procesos de convivencia y armonía en todo el territorio nacional, así como la diversidad de actores sociales, políticos y económicos los que definirán este momento, al mismo tiempo en el que se avanza bajo una amenaza latente: un presidente constitucional secuestrado junto a su esposa, la primera dama y diputada, aún sin ser liberados.

Esta costumbre, que llega hasta nuestros días con la nueva Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática de 2026, aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional, y que con ella, tras un periodo de extrema violencia política entre 2014 y 2017, el presidente Maduro ha impulsado más de 800 excarcelaciones entre finales de 2025 y principios de 2026. Sucedió como parte de una estrategia de diálogo, aunque hay varios debates alrededor sobre cómo lograr la justicia sin perturbar la sensibilidad y el dolor de quienes sufrieron la violencia, y que se garantice que estos hechos no vuelvan a suceder.

Desde el gobierno del comandante Chávez, quien dijo “pasar la página” para que el país marche hacia la paz, aunque el camino siga lleno de debates sobre la impunidad y la justicia real, la convicción por el diálogo se ha mantenido. Pero actualmente nos enfrentamos a un desafío: ¿Cómo lograr que este “olvido” legal permita avanzar sin que signifique impunidad para las víctimas de asesinatos y mutilaciones?

Nos encontraremos en el siguiente artículo para abordar las “guarimbas”, comprender el contexto actual en el marco de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, y sobre cómo Venezuela es una crónica de intentos persistentes por reencontrar la paz en medio de conflictos.