El 20 de junio de 2015, Iván Juárez Torrijos, estudiante mexicano de maestría en ecología internacional en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), México, y la Universidad de Sherbrooke, Canadá, realizaba una estancia en la comunidad de Steadfast del Distrito Stannd Creek, al Sureste de Belice, cuando fue atacado brutalmente por dos sujetos que le causaron múltiples heridas: cuatro en la cabeza, una en la espalda, fracturado el cubito del brazo derecho y cortados tendones y flexores profundos y superficiales de cuatro dedos de la mano izquierda. Fue necesaria una cirugía para salvar su mano.

Johana Sánchez Rojas*

Este terrible hecho fue notificado a la licenciada Marbella Michel, de la sección consular mexicana en Belice, quien sugirió el traslado de Iván a México; para ello le ofreció pagar el boleto de avión y que después le repusiera el dinero a la Cancillería mexicana. Dadas las circunstancias, el estudiante aceptó de inmediato, pues en su cuenta de depósito de beca no tenía dinero.

El lunes 22 de junio, la familia de Iván se vio presionada por el Consulado para pagar el boleto de avión (no como se había acordado) aludiendo en una llamada telefónica que de lo contrario perdería el brazo o el dedo.

Fue trasladado en una camioneta del Consulado a Chetumal, Quintana Roo, después lo depositaron en el avión. Ya en la Ciudad de México lo esperaba una persona de Cancillería quien simplemente cumplió con esperarlo y entregarlo a su familia, sin preguntar más sobre las necesidades de traslado al hospital, por ejemplo. Su familia lo llevó en taxi al Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Ignacio Zaragoza, y ahí fue operado al día siguiente.

La agresión física fue apenas el inicio del tormento que Iván Juárez ha vivido desde hace 6 meses, ante el desinterés y la falta de sensibilización por parte de los responsables de Ecosur, la Universidad de Sherbrooke y la Cancillería mexicana.

Ahora sabemos también sobre el incumplimiento de Ecosur en la oferta diversificada para realizar prácticas profesionales en el extranjero. La maestría se promueve con una oferta de prácticas en el extranjero, que incluye países de Latinoamérica, Estados Unidos o incluso África. Los grupos en los cursos incluyen estudiantes tanto mexicanos como canadienses. En diciembre de 2014 se les informó a los estudiantes mexicanos que los sitios para las prácticas eran en Belice y sólo había un lugar para Canadá; en el caso de los alumnos canadienses, se les ofertaron países como Chile, Argentina, Guatemala o Marruecos. De esta manera no se respetó la oferta educativa que se ofreció en principio.

La beca resultó insuficiente para una estancia digna. Para efectos del apoyo económico de estudios de la maestría, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) otorgó una beca mixta, la cual usualmente cubre 12 meses de apoyo en intercambio extranjero. Sin embargo, el Conacyt (sólo a partir de la generación de Iván) no continuó el apoyo completo de 12 meses de beca mixta y lo redujo a 8, en el entendido de que, de acuerdo a como está formulado el Programa de Maestría en Ecología Internacional, el intercambio efectivo con la universidad canadiense en Sherbrooke aplicaba sólo por 8 meses de la estancia. Las prácticas profesionales posteriores se realizan en otro país (Belice) diferente a la universidad canadiense, sede del intercambio. A pesar de lo anterior, la Coordinación de Maestría los envió a realizar la práctica al extranjero sólo con la cobertura de una beca nacional que no era suficiente para que los alumnos y alumnas cubrieran los gastos de transporte, vivienda, alimentación y, mucho menos, un seguro médico.

Hay una ausencia de protocolo o plan de actuación ante casos de emergencia o accidentes. Nicolás, compañero de grupo de Iván, apareció afortunadamente minutos después del ataque. Fue quien le brindó los primeros auxilios y lo transportó en su vehículo a la clínica más cercana. No había un plan de acción previsto en casos como éste por parte de Ecosur. De hecho el contacto se generó hasta 3 días después, ya que Iván Juárez estaba en México y mediante una grabación de voz en el teléfono. Literalmente Birgit Schmook, coordinadora de la maestría en México, dijo que no había recibido el correo que mandó Nicolás y reconoció que no existía ningún teléfono previsto para dar a conocer de emergencia un caso como éste. Hasta la fecha no ha habido ningún contacto formal de la Coordinación de la Maestría en Canadá, sólo una comunicación vía Facebook recibida hasta 16 días después. En el portal de internet del Programa de Maestría en Ecología Internacional de la Universidad canadiense se colgaron las medidas de seguridad solamente hasta después de lo ocurrido. En el portal mexicano simplemente no existen.

Por lo anterior, se interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El 11 de noviembre de 2015 se presentó una queja ante dicha Comisión por los actos u omisiones de Ecosur y la Cancillería mexicana, específicamente por la falta de medidas y condiciones de seguridad, así como de atención y protección consular.

Es necesario e importante que la CNDH reconozca que Iván Juárez fue violentado en sus derechos humanos, que se repare el daño ocasionado y se brinden garantías de no repetición, para que otros mexicanos becados en el extranjero puedan continuar con sus estudios y vean garantizado su derecho a la educación de calidad, a una vivienda digna, a la alimentación adecuada, salud, seguridad y protección consular.

La reparación del daño no puede quedar a la buena voluntad de las instituciones responsables, como lo hizo ver Ecosur, pues en un intento por reparar el daño ocasionado a Iván, el 9 de julio se presentó en su domicilio Birgit Smoock, dejándole a su madre una computadora en franco deterioro, sin operar el audio ni la batería. Pidió firmar un cheque suyo por el pago del boleto de avión (2 mil 746 pesos) y ofreció pagar cinco o seis sesiones de sicología que, a decir de ella, serían suficientes para que se restableciera el estudiante.

Lo que le sucedió a Iván Juárez Torrijos nos invita también a mirar lo ocurrido en noviembre de 2015, cuando la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que las renovaciones de becas para estudiantes que se encontraban realizando sus posgrados en el extranjero serían canceladas debido a los cortes presupuestales al sector educativo, los cuales han sido calificados por Aurelio Nuño Mayer, secretario de educación, como “inevitables” debido a la baja de los precios del petróleo. La medida anunciada no se llevó a cabo, pues Nuño Mayer afirmó unos días más tarde que las becas no debían cancelarse para dichos estudiantes, ya que esa medida carecía de sentido; sin embargo, esto no evitó que becarios que se encontraban en Alemania y otros países se quejaran contra la medida anunciada, debido a los problemas que representaría para ellos encontrarse estudiando lejos de su país natal.

Éste no es un hecho aislado: la SEP ha intentado, desde 2014, dejar de darle continuidad a los programas de becas otorgados a estudiantes mexicanos en el extranjero; siendo que anteriormente dichos programas funcionaban con regularidad; amén de los recortes al presupuesto destinado a la educación y a las universidades públicas que ya se prevén para este 2016.

Johana Sánchez Rojas*

*Abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]

Contralínea 470 / del 11 al 17 de Enero de 2016