La ejecución del periodista Maximino Rodríguez en uno de los principales centros comerciales del puerto de La Paz en pleno día y justo el pasado viernes 14 de abril (Viernes Santo) durante el periodo vacacional es, sin duda, la ratificación de la violencia criminal que afecta al estado desde hace casi 3 años y es, también, la confirmación de la ineficacia de las autoridades para proteger a la población y garantizar el primario derecho a la vida de los ciudadanos. La muerte dolosa de Rodríguez no es la primera, hasta la fecha y desde que la violencia nacional se instaló en Sudcalifornia: se cuentan centenares de homicidios; pero su lamentable deceso representa un punto de quiebre en la “interacción” de las autoridades, los criminales y la sociedad, pues él, Maximino, era periodista y cubría la nota policiaca, que en últimas fechas en la entidad no versa sobre otra cosa que ejecuciones entre bandas criminales y enfrentamientos entre éstas y diversas corporaciones policiaco-militares. Su muerte es y deberá ser considerada una disyuntiva en el proceso de deterioro social que la violencia ha impuesto en Baja California Sur, ya que hasta ahora los ataques del crimen organizado habían sido contra criminales antagonistas o miembros de corporaciones policíacas, y el atentado contra Rodríguez es el segundo directo contra la población civil –en marzo de este año el reportero Julio Omar Gómez fue atacado en Los Cabos y durante los hechos falleció un escolta que le había asignado la Secretaría de Gobernación, pues él era asediado por criminales desde finales de 2016–. Lo anterior lo digo sin desestimar las muertes de otros civiles y los heridos que ya han resultado en algunos de los enfrentamientos y ejecuciones, esas que el gobierno considera daños “colaterales”.
Hasta julio de 2014 Baja California Sur podía ser considerado uno de los mejores estados del país para vivir, en relación con los niveles de crimen y violencia en todos los aspectos, pues la entidad se mantuvo hasta ese tiempo en los últimos lugares de incidencia delictiva a nivel nacional, por supuesto incluidos los homicidios. En ese tiempo Sudcalifornia compartía con Yucatán el primer lugar nacional con menos homicidios, con la cifra de 23 durante el primer semestre de ese año. Pero si consideramos que para 2015 en la entidad había 712 mil 90 sudcalifornianos y Yucatán tenía 2 millones 97 mil 175 habitantes (http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/default.aspx?tema=me), indiscutiblemente la media península sudcaliforniana era el último paraíso mexicano para vivir tranquilamente. Pero esa situación comenzó a desaparecer pues la ola criminal que ha violentado a la población comenzó a mediados de 2014, justo en la parte final de la administración estatal panista de Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor.
La violencia y la barbarie nacional empezó a incrementarse durante la presidencia del panista Felipe Calderón con su infructuosa “guerra contra el narcotráfico”, cuya tendencia a no arrojar resultados favorables se ha mantenido durante la administración priísta de Enrique Peña Nieto. La diferencia es que durante la dirección de Calderón la violencia criminal se expandió por regiones, en unas se incrementaba, mientras en otras no había, y en algunas aparentemente disminuía; aunque como hemos podido ser testigos, en la mayoría de los casos lo que sucedió es que la población se habituó a sobrevivir en medio de la criminalidad y nuestros gobernantes y muchos medios de comunicación se afanaron en disfrazar y ocultar las realidades de varios estados del país. En cambio, bajo el mandato de Peña Nieto esa ola de violencia se ha expandido a todo el territorio nacional. Ya no queda una entidad sin sufrir los estragos de la batalla entre corporaciones policíaco-militares y las bandas de criminales o entre éstas.
Para darnos una idea de la caída de la seguridad en Baja California Sur tomemos en cuenta los 132 homicidios dolosos cometidos en la entidad de julio de 2011 a junio de 2014 (http://onc.org.mx/tendencia-por-entidad-federativa/baja-california-sur-2/), durante los 3 años previos al inicio de la espiral de violencia y consideremos las más de 500 ejecuciones relacionadas al crimen organizado que se estiman en algunos medios de comunicación han sido cometidas de julio de 2014 y hasta la fecha –esta cifra no incluye los homicidios culposos ni los dolosos no relacionados al crimen organizado–, lapso en el que la entidad ha conquistado varios de los primeros lugares a nivel nacional relacionados con la violencia, como el record histórico de homicidios en 20 años, la mayor tasa de los mismos por mes en repetidas ocasiones o el mayor número de ejecutados en 24 o 48 horas. Lamentablemente el tipo de noticias que ahora enmarcan a la entidad.
Con el asesinato de Maximino Rodríguez, el primer reportero que es ejecutado en Baja California Sur desde que en 2014 se desató la violencia, que cada vez lesiona más a la sociedad sudcaliforniana, se da paso a una etapa en la que se deberán replantear las acciones de gobierno a nivel federal, estatal y municipal, pues lo realizado hasta ahora, incluyendo el enorme y aparatoso despliegue de fuerzas castrenses en la entidad, no ha amedrentado a los criminales, al contrario, cada vez toman mayor ventaja de un Estado que en materia de seguridad debe ser considerado como fallido. A este respecto el gobernador panista Carlos Mendoza Davis acumula ya una gran deuda con los sudcalifornianos, pues aunque el deterioro de la seguridad en el estado no inició en su administración, hasta ahora no ha resuelto el problema como prometió haría durante su campaña electoral para la gubernatura; además de que en su administración la violencia criminal es ya cometida directamente contra la sociedad civil.
Roberto E Galindo Domínguez*
*Maestro en ciencias; arqueólogo; buzo profesional; literato; diseñador gráfico. Cursa la maestría en apreciación y creación literaria en Casa Lamm. Miembro del taller literario La Serpiente
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]
Contralínea 537 / del 01 al 07 de Mayo 2017
