Cuando la empresa pública responsable del suministro eléctrico del país echa mano de forma recurrente a situaciones fortuitas para justificar los mega apagones que desde 2019 afectan a todo el país, es momento de valorar seriamente las capacidades de quienes dirigen en la 4T a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Primero se responsabilizó a los incendios de las abruptas interrupciones al servicio en la península de Yucatán, en abril del 2019; y después, el pasado 28 de diciembre, en 12 estados del país. En éste último evento, los funcionarios de la CFE tuvieron el cinismo de presentar un documento supuestamente elaborado por Protección Civil de Tamaulipas, donde se refería que un siniestro registrado en pastizales del municipio de Padilla era la causa de la falla que dejó sin electricidad a 10.5 millones de habitantes.

A los pocos días, debieron aceptar que el documento era falso, poniendo en entredicho el origen del monumental apagón. Ahora sostienen que son las bajas temperaturas las que congelaron los gasoductos lo que impidió que llegara el gas de Texas que hace funcionar a diversas plantas generadoras. Otra versión muy cuestionable por parte de los directivos de la Comisión Federal, pues de ser cierta su tesis, en estos momentos estarían a oscuras amplias regiones de Estados Unidos, Canadá y Alaska. Y esto no sucede.

Lo cierto es que el gobernador de Texas dio prioridad a sus connacionales y giró instrucciones de parar el suministro de gas a México del 14 al 19 de febrero, afectando de esta manera a las termoeléctricas del norte del país. Razón por la que el precio de éste combustible se disparó de 2 dólares a 200 dólares por millón de BTU.

Lo que sí es comprobable es que los costos económicos por las mega fallas son cada vez más preocupantes para los sectores productivos pero también impactan a las finanzas públicas, pues el incremento al precio del gas, del que depende el funcionamiento de plantas de generación de la CFE, se incrementó de manera exorbitante al grado de que para amortiguar la falta de planeación y previsión, el gobierno federal deberá desembolsar 20 mil millones de pesos extras que tanto se necesitan en estos momentos para la compra de vacunas contra la Covid-19.

De esta maraña de pifias surgidas en los escritorios del equipo de colaboradores de Manuel Bartlett, algo es rescatable pues el nuevo mega apagón, que dejó a oscuras a otros 4.7 millones de usuarios el pasado 15 de febrero y con intermitentes fallas a 12 estados durante varios días, visibilizó la inaplazable responsabilidad que tienen en estos momentos los legisladores del partido mayoritario en el Congreso de fortalecer la iniciativa presidencial enviada con carácter preferente, para que el país recupere en todos los sentidos su soberanía energética.

Ha quedado claro que para Estados Unidos, su gas es primero para ellos, cuando aquí por falta de planeación lo estuvimos quemando por décadas en los mecheros de los pozos de extracción, por mencionar uno de los tantos yerros cometidos en el manejo del sector energético durante los gobiernos neoliberales.

Desde la falla registrada en diciembre pasado, voces autorizadas en el tema advirtieron que en la CFE debían dejarse a un lado las excusas y los “palos de ciego”, en el afán de tratar de ocultar el problema de fondo como lo son la falta de mantenimiento a las subestaciones, a las líneas de transmisión y la valoración de escenarios en cuanto al precio del gas.

Otro elemento que debe ser valorado por los diputados y senadores es que la propia CFE aceptó tras el nuevo mega apagón, que desde hace buen rato –y como lo advertimos en este espacio con años de antelación–, el mayor porcentaje de generación de electricidad en México está en manos de los llamados PIE (Productores Independientes de Energía), cuyo retrato hablado responde al nombre de las empresas trasnacionales beneficiadas por contratos leoninos durante los gobiernos panistas de Fox y Calderón.

La Empresa Productiva del Estado –como la reclasificó la Reforma Energética de Peña Nieto–, difundió que la mayor caída en la generación se presentó en las plantas de las firmas privadas. De acuerdo a estas cifras de carácter oficial, el 40 por ciento de la generación de electricidad en el territorio nacional proviene de la CFE y el 60 por ciento restante de las empresas privadas; de hecho, éstas últimas generan el 80 por ciento de la energía en la zona noreste del país, que fue la más afectada con la última mega falla. La Comisión Federal sólo aporta un 20 por ciento. De ése tamaño es la dependencia de México para suministrar electricidad a su población.

Ante la inédita situación, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), difundió en los medios y redes sociales el aviso de que las fallas impactarían no sólo a las regiones del norte y noreste del país, sino también a estados del centro y occidente como Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, aunque los apagones también se registraron en otras entidades como Hidalgo donde el pasado día 15 muchas colonias de su capital, Pachuca, se quedaron a oscuras, lo mismo que municipios como Francisco I Madero, Ajacuba, Tezontepec de Aldama, Mixquiahuala. Huichapan y Cuautepec.

Ante estas circunstancias, los legisladores federales deben abrir sus sentidos para escuchar las diversas voces que no fueron tomadas en cuenta al momento de votar la Reforma Energética de Peña Nieto. No valorar las causas reales de lo que está ocurriendo el Sistema Eléctrico Nacional será condenar al país a un inacabado rescate de su sector energético, exponiendo sus finanzas a sangrías innecesarias como la que ahora le costará 20 mil millones de pesos por el incremento a los precios del gas.

No se pueden tomar decisiones a la ligera y sin la información suficiente en un tema de tal importancia para el desarrollo económico del país en todas sus actividades y sectores productivos como lo es el manejo del sector eléctrico.

Debe valorarse en el Congreso todo lo que está en juego para el futuro del país y de nuestra soberanía nacional, pues no será con excusas sacadas de la manga para justificar incapacidades y falta de planeación, como se garantizará el abasto oportuno de electricidad a millones de mexicanos a un precio justo y sin las fallas recurrentes que ahora se presentan.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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