Calderón llegó al poder de manera muy cuestionada, luego del conflicto poselectoral de 2006 y no logró la aceptación de los sectores mayoritarios, a pesar de todos sus intentos de legitimarse, incluso mediante el apoyo abrumador de cadenas de radio y televisión y de una publicidad oficial que al cuestionar las tradiciones republicanas pregonaba los supuestos éxitos de un gobierno que, según esa retórica, era “del presidente de la República”.

 

El aspecto más polémico y más criminal de este sexenio fue la llamada “guerra contra las drogas” o “guerra contra el narco”.

 

Lamentar los miles de muertos de la guerra contra el narco es un lugar común, pero no lo es, todavía, cuestionar la lógica perversa de la intolerancia, que hizo de esa estrategia “uno de los principales proyectos gubernamentales”.

 

Si en el pasado se perseguía y se asesinaba a la gente por profesar determinada religión, persecución que era fruto de la llamada “intolerancia religiosa”, Calderón sacó al Ejército de los cuarteles y perpetró un genocidio con el pretexto de acabar con el tráfico y consumo de drogas.

Para evidenciar aún más que la guerra contra el narco fue una farsa sangrienta, en noviembre de 2012 se despenalizó el consumo de mariguana en Washington y en Colorado, Estados Unidos.

 

Calderón debe ser juzgado por sus crímenes, por ese genocidio y por todos los demás abusos que cometió a lo largo de su gobierno.

 

Además de la llamada “guerra contra el narco”, de los ataques contra los derechos laborales y los sindicatos, contra la economía de los sectores populares, del desdén hacia la educación pública, el gobierno de Calderón fue, junto con el de Salinas, el que más procuró la destrucción del Estado laico y la recuperación de los privilegios clericales.

 

En esos dos sexenios (el de Salinas y el de Calderón) se consumaron, respectivamente, dos reformas constitucionales a instancias de sectores de la jerarquía católica: la primera de ellas, en 1992, para otorgarle reconocimiento jurídico, beneficio que finalmente tuvo que extenderse a las otras confesiones, y la segunda, apenas hace unos meses, para incorporar en el Artículo 24 constitucional la llamada “libertad religiosa”.

 

En el sexenio de Calderón se pusieron las diferentes dependencias del gobierno federal al servicio de la política confesional.

 

Se impulsó la presencia del clero en el Ejército. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República fungieron como abogados de la Iglesia para tratar de invalidar la despenalización del aborto en la Ciudad de México. En la Catedral Metropolitana, la entonces Policía Federal Preventiva sirvió como cuerpo de protección y represión al servicio del cardenal. La Secretaría de Educación Pública favoreció proyectos conservadores, mientras que en gobiernos estatales, como fue el caso de Jalisco, se otorgaron grandes donativos a la Iglesia con recursos del erario.

 

Cuando el fervor panista no bastó para impulsar esos proyectos, entró en juego el oportunismo de políticos de otros partidos, que los adoptaron para procurar su propio beneficio. Así, la total penalización del aborto y la consecuente persecución de las mujeres que abortan fue un logro para esos políticos oportunistas y una tragedia para esas mujeres, y algo similar puede decirse de la aprobación de la llamada “libertad religiosa”.

 

 

A diferencia de Calderón, Fox llegó al poder con ayuda del llamado “voto útil”, que pregonaba el antipriísmo y la alternancia, y con apoyo de sectores clericales, muchos empresarios y medios de comunicación.

 

Su gabinete fue plural, pero con presencia de personajes provenientes de grupos derechistas en importantes cargos. El caso más notorio fue el de Carlos Abascal Carranza, hijo de Salvador Abascal Infante, dirigente histórico de la Unión Nacional Sinarquista.

 

Exdirigente patronal, Carlos Abascal –uno de cuyos primeros actos fue tratar de censurar el libro Aura, de Carlos Fuentes, en la escuela donde estudiaba una de sus hijas– fue designado primeramente secretario del Trabajo y luego, al final del sexenio, de Gobernación.

 

Antijuarista convencido, al igual que su padre, mantuvo abiertamente la posición de favorecer los intereses clericales, al grado de que en septiembre de 2006, agentes de migración intentaron detener y deportar a Jeff Anderson y otros abogados estadunidenses por haberse atrevido a venir a México a impartir una conferencia donde criticaron a Norberto Rivera por su supuesta complicidad en casos de pederastia.

 

Ése fue un ejemplo de lo que significa anular el Estado laico y convertir al gobierno en una nueva inquisición, para volver a forjar cadenas al pensamiento y a las libertades.

 

Otra presencia fue la de Ana Teresa Aranda, panista y exdirigente de la Asociación Nacional Cívica Femenina (Ancifem, caracterizada por ser un grupo conservador y antiabortista) como titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, donde impulsó esa ideología; al final del sexenio foxista, también fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

 

Al principio del sexenio de Calderón, Ana Teresa Aranda fungió nada menos que como subsecretaria de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, mientras que otra exdirigente de la Ancifem, Cecilia Romero, estuvo al frente del Instituto Nacional de Migración, de la misma dependencia.

 

A pesar de sus raíces y de sus desplantes antijuaristas, impulsar las ideas tradicionales de la derecha política no fue la prioridad de Fox, al grado de que no le cumplió a la jerarquía católica un decálogo de promesas que le ofreció durante su campaña.

 

El final de su sexenio estuvo marcado por el desencanto generalizado por el incumplimiento de las promesas de una solución milagrosa para los problemas nacionales, que supuestamente sobrevendría automáticamente con la salida del Partido Revolucionario Institucional del poder.

 

Lo que sí ocurrió una década después fue la transmutación del propio Fox, quien de enarbolar un visceral encono contra el priísmo, pasó a ser ferviente partidario de Peña Nieto.

 

 

Fue Carlos Salinas de Gortari quien durante su sexenio abrió la puerta del gobierno a la derecha; cogobernó con el Partido Acción Nacional (PAN) y se valió de la figura de Juan Pablo II, en las visitas que hizo a México, para ganar popularidad.

 

La llegada de Salinas a la Presidencia de la República en 1988 coincidía con el inminente derrumbe del bloque socialista y con la consecuente derechización de la política mundial.

 

En ese contexto comenzaron a llegar al poder personajes provenientes de grupos conservadores que, con un celo de cruzados, ponían en práctica proyectos que resultaban insólitos para quienes habíamos vivido bajo gobiernos laicos.

 

Se ejerció la censura de espectáculos, exposiciones y hasta modas, que funcionarios municipales panistas consideraban “inmorales” por el hecho de que exhibían algunas partes de la anatomía humana, pues la sexualidad, al menos en el discurso, les horrorizaba.

 

Se impulsaron reglamentos municipales para prohibir esas expresiones “impúdicas” en territorios como Mérida y Monterrey, mientras que en un nivel más amplio, algunos políticos comenzaban a citar gratuitamente a Dios en sus discursos políticos y a mezclar sus creencias religiosas con sus funciones públicas.

 

Así ocurrió a principios de 1992, cuando el entonces gobernador interino Carlos Medina Plascencia encabezó la peregrinación anual al Cerro del Cubilete.

 

Muchos de los personajes que alentaban esa política crecieron políticamente de manera impresionante con la llegada del PAN al gobierno federal.

 

Entre ellos, además de los ya mencionados, se cuentan Francisco Xavier Salazar Sáenz y Alejandro Zapata Perogordo. Panistas los dos y provenientes de Baja California. Hacia 1992 apoyaban las campañas moralistas contra la educación sexual en esa entidad; el primero de ellos era diputado, mientras que Zapata era funcionario municipal. Con los años, este último llegó a la Cámara de Senadores, mientras que Salazar fue secretario del Trabajo al final del periodo de Fox.

 

Prácticamente todos los gobernadores panistas provenían de grupos de la ultraderecha, o bien del sector empresarial. Por ejemplo, Marco Antonio Adame, de Morelos, fue dirigente del grupo ultraderechista Testimonio y Esperanza; y Emilio González Márquez, de Jalisco, fue uno de los que más se dieron a conocer como aliados de la jerarquía católica.

 

A finales de la década de 1990, en Nuevo León, sectores derechistas trataban de aprobar una ley contra el aborto, lo cual no pudieron hacer ante la oposición de grupos sociales y de la fracción priísta en el Congreso local. Uno de sus principales impulsores era un personaje cercano a los Legionarios de Cristo, así como a empresarios poderosos, y que solía participar en eventos como las llamadas Reuniones Internacionales de Políticos y Legisladores a favor de la Vida, organizadas por el Vaticano para impulsar una agenda contraria al aborto, al divorcio, etcétera.

 

El personaje en cuestión es Bruno Ferrari García de Alba, último secretario de Economía del gabinete de Calderón, mientras que políticos priístas, motivados por sus propios intereses, se prestaron a aprobar la ley que tanto ansiaban los panistas y que tanto perjudica a las mujeres en edad reproductiva.

 

En la década de 1990, mucha gente pensaba que esos casos de censura, de violaciones al Estado laico, no eran algo de qué preocuparse, que eran extravagancias de algunos políticos de dicho partido, y que lo importante era procurar la alternancia en el poder.

 

La realidad fue distinta y, como lo sabemos todos luego de este sexenio, mucho más aterradora.

 

*Maestro en filosofía; especialista en estudios acerca de la derecha política en México

 

 

 

 

 

Fuente: Contralínea 313 / Noviembre de 2012