El pasado 6 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto del Poder Ejecutivo federal por el que se creó la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, organismo descentralizado de la administración pública cuyo objetivo es asegurar que las víctimas de la violencia criminal reciban apoyo del gobierno. Entre sus atribuciones figuran asistencia médica y sicológica especializada, el acceso a apoyos económicos o seguros médicos, becas y compensaciones previstas en diversos programas oficiales, además de orientación jurídica en la búsqueda de personas desaparecidas.
Durante el Quinto Informe de Gobierno realizado en el Museo Nacional de Antropología e Historia el 2 de septiembre pasado, el titular del Poder Ejecutivo, Felipe Calderón ya había anunciado su intención de crear dicha instancia. Al dar a conocer desde Los Pinos, el pasado 6 de septiembre, la promulgación del decreto, entre otras cosas afirmó que éste se promulgó como una respuesta a una “muy legítima y sentida demanda de la sociedad”. El propio subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora Castro, expresó en días pasados que la voz del escritor Javier Sicilia había sido escuchada, y que ello se reflejaba en el decreto.
Vale la pena recordar que en el encuentro que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad tuvo con Felipe Calderón y varios integrantes de su gabinete, en el Castillo de Chapultepec el 23 de junio pasado, se pidió en efecto la creación de una instancia de este tipo, aunque con diferente composición: la participación efectiva de la sociedad civil, y desde luego tomar en cuenta a todas las víctimas del delito, no solamente las causadas por la violencia criminal. Y que en una de las cuatro mesas de interlocución –que posteriormente a ese encuentro se instaló con representantes del gobierno federal y dicho Movimiento en las instalaciones de la organización civil Servicios y Asesoría para la Paz– la de justicia para las víctimas, precisamente, se volvió a reiterar esa petición.
Por eso cuando se anunció su creación, se pensaba que estaría enmarcada en la promulgación de una Ley de Asistencia Integral a Víctimas, o de una Ley General de Derechos de las Víctimas que acompañaba a la petición y que también se ha pedido al Poder Legislativo. No fue así, sino que el Ejecutivo la estableció simplemente por decreto, con base en el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y en los artículos 14, 15 y 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que facultan al Ejecutivo para crear organismos desconcentrados, lo cual deja a la nueva Procuraduría en una debilidad institucional. Para ello, el Movimiento –que había expresamente formulado esa petición– ni siquiera fue informado y menos consultado sobre su creación.
Ya se ha hecho notar a la opinión pública que esta instancia surge además sin personal y presupuesto propios, “no oneroso”, como se indicó, y que de la manera como fue creada corre el riesgo de duplicar funciones, que de por sí ya deben llevar a cabo otras dependencias del gobierno federal, como la Procuraduría General de la República, las secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Salud y de Desarrollo Social. Y que en su composición la participación de la sociedad civil queda reducida a cuatro personas, invitadas por el Ejecutivo, con voz, pero sin voto.
Por ello, dentro del Movimiento ha sido considerada más bien como una institución adorno de fin de sexenio, cuya eficiencia está en entredicho, además de que se observa la contradicción entre su instalación, los propósitos que se le pretenden asignar y la forma insistente con que se repite la continuidad de la estrategia armada, casi como única y principal medida para enfrentar al crimen y la delincuencia organizada. En congruencia con esto, hay que tomar en cuenta que el Movimiento pidió al Poder Legislativo la creación de una comisión de la verdad y la reconciliación, con participación efectiva de la sociedad civil y con todas las competencias que este tipo de instancias tienen y han tenido en otros países, para indagar la verdad histórica de todos los crímenes que han quedado impunes; identificar a las víctimas y establecer su identidad personal; esclarecer la verdad jurídica y el derecho de las víctimas y sus familiares a la justicia; reparar y resarcir de manera integral los daños que les pudieran haber infringido las instituciones del Estado; y garantizar las condiciones legales y políticas de que dichos delitos no se repetirán, todo ello como elementos indispensables en la realización de sus procesos de transición a la democracia. Por eso el Movimiento mira ahora con interés la iniciativa que el senador Ricardo Monreal Ávila presentó en días pasados al Congreso de la Unión, para crear precisamente una Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
Pero lo más cuestionable de este organismo –creado por iniciativa del Ejecutivo– es que, en contra de lo reglamentado por los estándares internacionales de derechos humanos, el derecho comparado e incluso legislaciones análogas en algunos estados de la República, reduce sus competencias a las víctimas producidas por la delincuencia organizada y deja fuera a las ocasionadas por las fuerzas de seguridad del Estado. Al anunciar su promulgación, Calderón señaló que esta instancia se creaba como respuesta a “quienes hayan sido víctimas de la violencia criminal”.
La Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal y la Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito de Chihuahua, por ejemplo, no hacen distinción entre los victimarios, sino que simplemente se refieren a las personas “que hayan sufrido daño como consecuencia de acciones u omisiones realizadas en su contra, tipificadas como delito” (Distrito Federal), o “al directamente afectado por el delito” y “las agrupaciones en los delitos que afectan intereses colectivos o difusos” (Chihuahua). Por ello se consideran a estas personas como legalmente víctimas u ofendidos, y junto con sus familiares, parientes, consanguíneos o dependientes en diversos grados. Lo mismo hace Colombia en su legislación, que únicamente excluye como víctimas a aquellos que se han enfrentado violentamente con las fuerzas de seguridad del Estado, pero no a “los niños, adolescentes que hubieren sido desvinculados de algún grupo armado organizado al margen de la ley, al ser menores de edad”, e incluso tampoco al “cónyuge, compañero permanente o parientes de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley”, desvinculados del conflicto armado, ley por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.
En la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y del abuso de poder, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1985, en su resolución 40/34 –a la que México se adhirió– se define como víctimas del delito a “las personas que, individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”, se entiende que de parte de las autoridades.
En síntesis, la publicitada Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos surge con competencias acotadas, debilidad institucional y capacidades de operación precarias. No responde por ello a las demandas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y mucho menos a los derechos y expectativas de las víctimas de la “guerra” contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Además de que de manera sesgada únicamente es coherente con esta última estrategia, que en forma simple se replica por todos los tonos.
*Filósofo, sociólogo y teólogo; director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC
