Con la entrada en vigor del T-MEC, el pasado 1 de julio, nuestro país deberá pasar de las palabras a los hechos en lo referente a la puntual aplicación de la reforma laboral, aprobada por el Congreso de la Unión en 2019, teniendo como uno de sus objetivos fundamentales el dar cumplimiento al capítulo laboral del nuevo tratado comercial.

Dicha reforma, que entró en vigor el 1 de mayo del pasado año, buscó armonizar la Ley Federal del Trabajo (LFT) con el anexo 23 del T-MEC. En este apartado, nuestro país se comprometió a “establecer y mantener órganos independientes e imparciales para registrar las elecciones sindicales y resolver controversias relacionadas con contratos colectivos”, entre otros objetivos, con el fin de acabar con los contratos de protección y los sindicatos blancos, impulsando la decisión de los trabajadores con el establecimiento del voto libre, directo y secreto.

Para cumplir con este compromiso se estableció la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que surgirá tras la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, órganos de justicia que terminaron devorados por la corrupción y las consignas de empresarios y políticos en turno.

Al tiempo que este organismo arrancará funciones, también lo harán los Tribunales Laborales federales, locales y los Centros de Conciliación estatales en las primeras 10 entidades con las que iniciará la implementación del nuevo modelo laboral, a finales de este año, según lo expresado el 23 de agosto del 2019 por la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

De acuerdo con lo establecido, los centros de conciliación serán organismos descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propios que gozarán de plena autonomía para gestionar sus operaciones, su presupuesto y sus decisiones. Se regirán por los principios de certeza, independencia, calidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo y transparencia.

Todo un desafío si se considera que desde hace décadas las Juntas de Conciliación y Arbitraje dejaron de ser una institución confiable para hacer valer, de manera imparcial, los derechos de los trabajadores. De ahí que uno de sus mayores retos sea el elegir al personal idóneo para acabar con este enquistado cáncer, empezando por la designación, por parte del Senado, de quien será el director del nuevo centro de justicia laboral. El titular del nuevo organismo surgirá de una terna que el presidente envíe al Senado para su aprobación.

De acuerdo con lo expresado por la secretaria del Trabajo, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral será la instancia encargada “de todos los registros sindicales del país y los depósitos de contratos colectivos, vigilará los procesos democráticos, como la legitimación de los contratos, y también es el que se encargará de la conciliación a nivel federal”.

Por eso, preocupa que hasta el momento no se hayan designado ni al presidente del Centro Federal de Conciliación ni a sus consejeros, cuando prácticamente ya estamos a mediados de año, pues si bien la pandemia del Covid-19 extendió ciertos plazos, hay asuntos de urgente solución en las controversias laborales de diversos sindicatos del país.

Las reglas en materia laboral establecidas en el T-MEC tendrán un panel de expertos que estará vigilante de que en México los compromisos en la materia se cumplan, razón por la cual las autoridades del país deberán estar alertas para no ser sorprendidas por prácticas charriles y caciquiles que harán todo lo posible por no respetar la libre decisión de los trabajadores en el sentido de designar a sus dirigentes y aprobar los contratos colectivos de trabajo que los habrán de regir, a través de su voto libre, secreto y directo.

Organizaciones del viejo corporativismo priísta y cetemista, como el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), decidieron maquillar la adecuación de sus estatutos establecida por ley para todos los sindicatos del país y cuyo plazo venció el 28 de diciembre pasado, teniendo como prórroga hasta abril de este año.

La cúpula del SUTERM decidió ejecutar a espaldas de sus agremiados los cambios exigidos por los nuevos reglamentos sin consultar a sus bases, como ocurrió en su Congreso Nacional Extraordinario de noviembre de 2019, celebrado a puerta cerrada, en Cancún. Mediante la imposición de candados, Víctor Fuentes del Villar y su camarilla pretenden cerrar el paso a una creciente oposición que, pese a todo, buscará abrir espacios a la democracia interna en las elecciones de las más de 210 secciones del país, cuya convocatoria deberá emitirse en septiembre próximo para la realización de comicios en noviembre.

Las autoridades del trabajo deberán estar al pendiente de que no priven las marrullerías, porque su cúpula determinó que la Comisión Electoral que deberá sancionar las elecciones será nombrada sin el consenso de las mayorías; es decir, por la camarilla que ha secuestrado la democracia interna desde hace décadas.

Los agremiados del SUTERM no conocen la palabra democracia, pues desde hace cinco décadas sus dirigentes, desde el desaparecido Leonardo Rodríguez Alcaine hasta su heredero y sobrino Víctor Fuentes del Villar, han actuado de manera soterrada, traicionando los derechos de miles de trabajadores como en 2008, durante el gobierno del panista Felipe Calderón –quien se ha confesado amigo del líder charro–, cuando aceptaron sin chistar la modificación de la cláusula 69 que puso fin al sistema de jubilaciones solidarias para dar paso a una afore manejada por la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de haber consentido el aumento en la edad para pensionarse que en los hombres pasó de 30 a 40 años y en las mujeres de 25 a 30.

También está pendiente que por primera vez y con la aplicación del voto libre, directo y secreto, sus afiliados de todo el país aprueben la revisión de su Contrato Colectivo de Trabajo, que debe concluirse todos los años antes del primero de mayo; esta vez por la contingencia, la dirigencia charra ha ampliado el plazo, pero esto no deberá exentarla de aplicar lo establecido con rigor en la nueva ley laboral, al omitir la consulta a sus bases. Ni la CFE ni las autoridades laborales –aunque no esté en funciones el Centro Federal de Conciliación– deberán permitir que se pase por alto tal requisito, porque este sindicato tiene la titularidad de los trabajos para la Comisión Federal, empresa que hace la comercialización de energía a través de los nodos de interconexión con Estados Unidos, precisamente uno de los socios del renovado acuerdo comercial.

Otro de los pendientes que deberá resolverse sin dilación en el contexto del Nuevo Modelo Laboral y la aplicación del Capítulo en la materia del T-MEC, es el respeto al Convenio de Delimitación de Zonas, firmado en 1985 entre el SUTERM y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que establece con claridad cuáles son las áreas de trabajo que pertenecen a cada organización en la zona centro del país. Acuerdo violado de manera arbitraria por el gobierno de Felipe Calderón tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro, en octubre de 2009, y que ahora debe ser respetado en la justa aplicación de la ley.

El SME concluyó una vez más su proceso de elección interna con la participación de sus integrantes, jubilados y activos con derecho, que ejercieron su voto libre, directo y secreto, como ha sucedido desde su nacimiento en 1914. Y lo hicieron aplicando los protocolos de seguridad ante la emergencia sanitaria, demostrando que la verdadera democracia sindical ha existido siempre en nuestra organización. Un ejemplo indiscutible de que la decisión de los trabajadores debe ser el mecanismo que prive en el verdadero sindicalismo que el país anhela en contra de esos charros que se niegan a aceptar que sus épocas de corrupción y abusos de poder deben llegar a su fin.

Martín Esparza*

*Secretario general del SME