En los últimos días hemos atestiguado el descaro y el cinismo de los políticos por robarse el dinero público y enfrentarlo como si estuvieran preparados para ello. Las imágenes del momento de la captura del veracruzano Javier Duarte no tienen desperdicio en ese sentido. Uno y otro gobernador, sin distinción de partidos, sólo son atrapados cuando sus predecesores deciden investigarlos por delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, protección al crimen organizado, abuso de poder o tráfico de influencias.

En los últimos años, estos arrestos y persecuciones de gobernadores corruptos han aumentado gracias a la alternancia en el poder, pues en la mayoría de los casos cuando llega al cargo un mandatario de un partido distinto al de su predecesor es casi seguro que encontrará elementos de la enorme corrupción cometida en el gobierno.

Sin embargo, para desgracia de la justicia, eso no sucede cuando se trata de los expresidentes, pues ni aún la alternancia (Partido Revolucionario Institucional-Partido Acción Nacional-PRI) ha permitido que algún exmandatario vaya a prisión por corrupción, a pesar de que todos han abusado del enorme poder que otorga la omnipotente Presidencia de la República.

Ejemplos hay muchos, pero baste mencionar a tres de los más cínicos expresidentes: Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Felipe Calderón, uno priísta y dos panistas, a quienes la prensa les documentó cualquier cantidad de corruptelas y nada ocurrió. Un manto de impunidad protege a los exmandatarios como si se tratara de un pacto tácito entre quienes ocupan la silla presidencial, para que el mandatario entrante perdone todas las fechorías y abusos del presidente saliente.

Pero esa impunidad podría terminar pronto y los próximos mandatarios que cometan abusos podrían ir a prisión ante la presión social, pues los mexicanos están hasta la madre de tanta corrupción gubernamental y que cada sexenio aparezcan decenas de funcionarios coludidos con empresarios en posesión de inmensas fortunas obtenidas de dinero público y una acumulación de bienes en México y el extranjero.

Ésa es la preocupación de muchos políticos y de algunos exmandatarios porque en 2018 pueda llegar a la Presidencia de la República quien ahora encabeza las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, y de imponerse en las elecciones someta a proceso penal a quienes han abusado de sus cargos y se han robado el dinero público, ante lo cual muy pocos se salvarían.

Algunos expresidentes, obedientes a las correctas formas políticas, una vez terminado su mandato se han retirado, sea por voluntad propia o por la presión presidencial, pero otros, como Carlos Salinas y Felipe Calderón, insisten en regresar a la política para seguir robándose los fondos públicos.

Uno priísta y el otro panista, ambos desean continuar interviniendo en las decisiones gubernamentales, ya sea para obtener contratos públicos o poder designar funcionarios en los cargos más altos del gabinete. Calderón pretende que su esposa asuma la candidatura del PAN en busca de la Presidencia y desde su posición de consorte volver a gobernar el país, ante una sumisa Margarita. Este cinismo del calderonista es igual o más perverso que el del corrupto Javier Duarte.

El otro es Salinas, el villano favorito, quien en los últimos días volvió a la escena política y pretende interceder en el PRI por sus recomendados para que ocupen cargos públicos. Participó como orador principal del foro de la Conferencia Latinoamericana de Estudiantes de la Harvard Kennedy School en Massachussetts, en donde declaró que el país padece inseguridad, injusticia e insuficiente crecimiento.

El cínico exmandatario cree que los mexicanos ya olvidamos el mal uso que hizo de la llamada “Partida secreta”, la cuenta bancaria número 6300-0005 en Banco Mexicano Somex, a nombre de los hermanos Francisco y Araceli Vázquez Alanís, ambos funcionarios de Los Pinos, que manejaban miles de millones de pesos del erario para servir los caprichos de Carlos Salinas cuando ocupó la silla presidencial.

Políticos como el expresidente Miguel de la Madrid y el exsecretario Luis Téllez acusaron de corrupción a Carlos Salinas, pero no paso nada. También lo hizo su propio hermano Raúl en aquella conversación telefónica que sostuvo con Adriana Salinas y que fue filtrada a Televisa.

Entre 1994 y 1997, Luis Téllez se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República cuando ésta era ocupada por Ernesto Zedillo Ponce de León. Durante ese periodo inició lo que podría considerarse la única investigación seria y profunda, aunque inconclusa, sobre el abuso presidencial para usar a su antojo los recursos públicos que guardaba la denominada “Partida secreta”.

En el gobierno de Ernesto Zedillo se abrieron expedientes en contra de Salinas en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Unidad de Lavado de Dinero de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Esas investigaciones estuvieron a cargo de la exsubprocuradora María de la Luz Lima Malvido y de quien fuera responsable de investigar el lavado de dinero en México, María de la Luz Núñez Camacho. Ambas tuvieron evidencias de cómo el expresidente Salinas de Gortari no sólo protagonizó un gobierno corrupto y lleno de componendas con poderes políticos y fácticos, sino que incurrió en el delito de peculado. De aquellas indagatorias acaso podría decirse que la nación obtuvo un beneficio: la desaparición como tal de aquella “Partida secreta” que no estaba sujeta a la obligación de rendir cuentas y mucho menos a la supervisión de los órganos superiores de fiscalización.

Por eso ya es momento de que los presidentes también vayan a prisión cuando cometen actos de corrupción.

Contralínea 537 / del 01 al 07 de Mayo 2017