Han pasado más de tres años del desastre que hizo desaparecer por entero la comunidad Juan de Grijalva, Chiapas. El lamentable hecho fue aprovechado por el gobierno del estado para poner en marcha el ambicioso proyecto Ciudades Rurales, el cual, lejos de solucionar los problemas, incrementó la confrontación al interior de las comunidades afectadas, la dispersión de sus habitantes y la represión de los movimientos sociales surgidos.

En noviembre de 2007, se desgajó un cerro sobre el Río Grijalva, bloqueando su cauce y haciendo desaparecer por completo la comunidad. Este desastre, al que se le sumaron las estrategias de desazolve de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para liberar dicho afluente, mantuvo bajo el agua por más de tres meses a 404 casas de 33 pueblos y 960 mil hectáreas productivas (datos obtenidos de la cobertura que realizó el diario La Jornada durante 2007 y 2008). Ante esta situación, los gobiernos estatal y federal, la CFE y la Conagua, así como Fundación Azteca y Fomento Social Banamex aportaron recursos y llevaron a cabo programas de ayuda para los damnificados. Los gobiernos: el pago de indemnizaciones y la compra de terrenos por debajo de los 100 metros del nivel del mar (nueva zona de riesgo en la costera del Río). La iniciativa pública y privada: la construcción de la Ciudad Rural Nuevo Juan de Grijalva, anunciada como primer “ciudad autosustentable” en el mundo: zona de viviendas que pretende dar hogar a los desplazados por el tapón, así como acercar a habitantes de comunidades lejanas a los servicios y recursos de una población mayor, que, además, se presenta como punta de lanza en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio esgrimidos por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es de aplaudir los esfuerzos y las iniciativas tanto privadas como públicas para ayudar a damnificados, así como toda contribución técnica y financiera que permita erradicar la pobreza. Pero preocupa que esta ayuda se lleve a cabo sin considerar la opinión y necesidades de la población que la recibe, en menoscabo de sus derechos; que se entregue o programe sin dar seguimiento a su utilización o que se abuse de la buena voluntad para cometer fraudes o con el fin ulterior de obtener un beneficio personal. En el caso que aquí se toca, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, tras un trabajo de investigación a partir de visitas desde 2008 a la fecha, ha elaborado un informe en el cual se manifiestan graves irregularidades y conflictos sociales debido al abandono y corrupción en la entrega de recursos y realización de proyectos. Podemos enumerar los siguientes:

• Baja calidad en la construcción de la Ciudad Rural. Contrasta con los avalúos del Catastro Chiapas, donde se especifican, oficialmente, materiales de construcción mejores que los que, a la vista, fueron utilizados: tubería de metal –en realidad, son de plástico– y tejas de metal –en realidad, son de material reciclado–, y varios más. Esto supone un fraude millonario. Además, no se tomó en cuenta la opinión de los pobladores, pues éstos manifiestan su descontento ante la lejanía de este proyecto respecto de las tierras de trabajo, así como la inexistencia de espacios necesario para cultivo o cuidado de animales. Asimismo, la Ciudad Rural está construida lejos de vías de tránsito importantes, por lo que depende sólo del consumo de sus habitantes, quienes, al vivir en la pobreza y lejos de sus trabajos, no cuentan con la capacidad de activar la economía interna, es decir no hay flujo de capital. Todo ello conlleva a la desintegración, pues mientras las familias tienen que quedarse obligatoriamente en sus casas para no perderlas (como reza el contrato), las cabezas de familia deben emigrar en busca de empleo.

• Desintegración, enfrentamientos y abusos de autoridad en comunidades afectadas. Ante la falta de seguimiento de la entrega de recursos a afectados y la expropiación de terrenos a los habitantes de zonas en riesgo, se aprecia una distribución irregular de las aportaciones económicas: mientras que la mayoría de damnificados tiene que mudarse con familiares y amigos, emigrando, a veces, de sus comunidades, unos pocos se enriquecen. Esta situación, aunada a la poca atención prestada por autoridades a reclamos, crea bandos, conflictos y un ambiente generalizado de miedo. Los damnificados denuncian el incumplimiento de compromisos por parte de autoridades estatales y municipales; acciones de presión contra quienes no aceptan el traslado, al grado de restringir los servicios de salud y educación para provocar que se muden a la Ciudad Rural.

• Criminalización de los movimientos sociales. Dada la poca respuesta de autoridades ante el descontento, los afectados se han organizado y tomado acciones más radicales para hacerse escuchar. La respuesta general de las autoridades ha sido el encarcelamiento, la fabricación de delitos contra presuntos miembros de organizaciones, la persecución, amenaza y acoso a quienes se mantienen en lucha dentro de las comunidades.

• Abandono. Más de 300 familias viven hacinadas en un insalubre conjunto de cabañas de 2 por 3 metros; fueron originalmente construidas como refugio temporal en la Villa Rural. Sus habitantes aún esperan la construcción de su prometida Ciudad y la entrega de otros recursos acordados.

Por ello, el gobierno y la iniciativa privada deben realizar mesas de diálogo abiertas con afectados y, en conjunto, dar seguimiento exhaustivo al uso de los recursos aportados. El pueblo también aportó dinero a través de sus impuestos y donaciones. Si queremos que México tome un rumbo de justicia social y legalidad, es necesario que se ponga fin a la criminalización de las organizaciones sociales y al encarcelamiento político, y que todos pongamos atención al desarrollo de asuntos como éste, pues es el reflejo de las situaciones que tienen que vivir los desplazados ambientales. Igualmente conciernen a todo el país las presuntas soluciones, como la Ciudad Rural, pues ésta es parte de un programa más amplio que pretende un eco no sólo nacional, sino mundial. *Integrante del área de difusión de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, AC Fuente: Contralínea 228 / 10 de abril de 2011