Peña, el peñismo, los desgobernadores y las delincuencias la han tomado contra los periodistas, particularmente contra los reporteros y quienes ejercen sus derechos a la libertad de prensa para investigar e informar los hechos. La otra cara de ese fenómeno es el contagio a la Trump, ya que también los funcionarios municipales se suman a la violencia homicida que no es combatida a fondo para tener atemorizada a la población; y que ésta, ocupada en defenderse, no agregue más protestas contra el mal gobierno. Se dice que en lo que va del peñismo hay más de 80 mil homicidios reconocidos oficialmente, sin contar una cantidad igual en fosas clandestinas donde sicarios y funcionarios esconden a sus muertos.
Ambos son las dos caras del dios romano Jano (Pierre Grimal, Diccionario de Mitología Griega y Romana; editorial Paidós), que miran al presente ordenando agresiones, amenazas, atentados y asesinatos. Y, para colmo, Peña permite el espionaje para adicionar intimidaciones que huelen a criminalidad porque ¿a cuántos periodistas asesinados espiaron? En ese tenor, los reporteros Astrid Rivera y Horacio Jiménez (El Universal, 3 de julio de 2017) expresan: “los periodistas son atacados por dos frentes: el crimen organizado y los funcionarios públicos”. Estos últimos apoyados por las “descalificaciones de los políticos” como López Obrador, Jaime Rodríguez, Enrique Alfaro, Javier Corral y Javier Duarte.
A las críticas al comportamiento peñista se suman los ensayos de Víctor Sancho sobre los ataques de Trump. El de Matt Sanders criticando la violencia contra los periodistas mexicanos. Y un comentario de Luis Raúl González Pérez solicitando respeto a la crítica de la presa; quien por cierto, no ha enviado una recomendación a Peña ni a Osorio, como tampoco a López Obrador, al Bronco, ni a Javier Duarte. Aunque sí a uno que otro desgobernador.
Así que, el síndrome Trump ha venido a reforzar a los funcionarios de los tres niveles y a los delincuentes mexicanos que siguen cometiendo hechos sangrientos contra los trabajadores de los medios de comunicación, como un abuso más del autoritarismo gubernamental.
Ésta es una pinza que trata de impedir la información y la crítica, lo cual es imposible porque los periodistas han mantenido el cumplimiento de su deber para el trabajo profesional de investigar, y publicar los hechos, contra lo que exigen funcionarios y delincuentes, “eliminando la función crítica de la prensa, porque algunos políticos prefieren que les den la razón y no los sometan a la crítica… El periodismo de calidad y la libertad de expresión están amenazados porque algunos políticos han descubierto que quizá la nueva política se puede hacer mejor y con mucho éxito sin un periodista exigente… cumplir con ese deber es más necesario que nunca, pero también es más difícil que nunca” (Antonio Caño, “La democracia requiere hechos”, en El País, 26 de junio de 2017).
Así que estalló la réplica mundial por el autoritarismo de Peña cuando brotó su visceral ataque a las libertades de prensa con su descarada amenaza, porque varios periodistas, defensores de derechos humanos y otros activistas reprobaron el espionaje de que han sido víctimas por el programa Pegasus. Este programa fue diseñado para investigar y enfrentar a la delincuencia y al terrorismo; y fue comprado por Calderón y Peña para “colgarse” de los teléfonos de quién sabe cuántos mexicanos, para conocer de antemano la información con la que cuentan y seguirlos con su policía secreta; y tal vez hasta para otros fines. A nivel mundial, el autoritarismo de Peña se hizo más evidente porque en cuanto los periodistas se presentaron a denunciar el espionaje ante la PGR –que aunque ésta es juez y parte, hay que agotar las instancias internas antes de presentar las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humano y la Corte Penal de La Haya–, Peña soltó la lengua para lanzar amenazadora advertencia propia de un dictador.
Con gesto enfurecido, Peña expresó: “Yo espero, al amparo de la ley (de la ley del más fuerte, obviamente), pueda aplicarse contra aquellos que han levantado falsos señalamientos contra el gobierno”. Ésta fue la respuesta al “yo acuso” de quienes, ejerciendo sus derechos constitucionales, informaron sobre el espionaje de que han sido objeto, indudablemente no sólo para que Peña y los peñistas se enteren de lo que no les importa. Se trata de algo más perverso en las retorcidas mentes de los espías, entre los que están: Sedena, Gobernación, Presidencia, SCT, Hacienda, Sedesol, Comunicación de Presidencia, STPS, PGR.
Y desde donde Peña, Osorio, Cienfuegos, Meade, Videgaray, Robles, Ruiz Esparza, Eduardo Sánchez, Navarrete Prida y muchísimos más, atacan a los mexicanos. Todos ellos se comportan como ni el imbécil de Trump ha osado hacerlo (Aaron James: Trump, ensayo sobre la imbecilidad; Malpaso ediciones). Así que en cuanto Peña salió de su estupidez política de estilo autocrático, reculó con cartas y aclaraciones, como consignó el reportero Javier Lafuente, en su nota: Peña Nieto se desdice de sus declaraciones y asegura que no amenaza a periodistas (El País, 24 de junio de 2017). Lo mismo que en muchos medios de comunicación más.
En eso estábamos cuando metió su cuchara el secretario de derechos humanos de Gobernación: Roberto Campa Cifrián, y posando al lado de una escultura de Juárez –cuando debió hacerlo ante la foto de Peña–, declaró: “No hemos podido ganar la confianza de periodistas” (El Universal, 19 de junio de 2017). Y se escuda diciendo que con Peña apenas ha habido 18 homicidios. Que Calderón tuvo 31 y Fox 61. Pero Campa olvida que aún falta –para desgracia del país y los periodistas– más de un año para que Peña se vaya. Y queden ante el juicio político durante otro año, para deslindarles responsabilidades. Y si fuera el caso, ingresen a la lista de los Duarte, medina, Borge, Cué, Padrés, Moreira, etcétera.
El hecho de que Peña haya reculado no lo salva de esa amenaza.
Álvaro Cepeda Neri
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: DEFENSOR DEL PERIODISTA]
Contralínea 549 / del 24 al 30 de Julio de 2017
