Un grupo de 23 mil personas firmó una solicitud ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, para que se enjuicie a diferentes funcionarios mexicanos y a narcotraficantes. El asunto causó revuelo, ya que en la lista está Felipe Calderón. Entre los ilícitos a perseguir, al decir de los demandantes, hay crímenes de guerra y de lesa humanidad, amén de que no existen protocolos internacionales en las fuerzas del orden nacionales, lo que propicia innumerables víctimas civiles.

 

La petición es encabezada por Netzaí Sandoval –nieto de un viejo comunista fallecido, Pablo Sandoval Cruz, e hijo de un militante del Partido Comunista Mexicano y sindicalista universitario, Pablo Sandoval Ramírez, que murió hace poco–; cuenta con estudios de doctorado, cuya tesis asesora Genaro Góngora Pimentel, exministro de la Corte.

 

El 25 de noviembre la Secretaría de Gobernación, a cargo de Alejandro Poiré –quien ya se exhibe en todas partes como ayudante del proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN), organización que busca desesperadamente a su candidato a la grande–, había dicho que el caso no tenía mayor sustento y la propuesta iba a ser desechada.

 

Inexplicablemente, el lunes 28 la administración federal pagó un desplegado en todos los medios, en el que señala que en México hay una “democracia vibrante” [sic tembloroso y cadencioso] y que “las imputaciones al gobierno de México son claramente infundadas, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia [sic priísta que aplaude a rabiar]. Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a las personas e instituciones, sino que afectan terriblemente al buen nombre de México (sic que se apropia de la nación), por lo cual, el gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”.

 

Además de que ni siquiera el texto fue a manos de un redactor, quien lo hubiera puesto en buen castellano, las amenazas a quienes se atrevieron a intentar juzgar las acciones de una democracia vibrante y con maracas, rayan en discursos de la época de Díaz Ordaz (“mano tendida” y “muchachitos rebeldes”) o Luis Echeverría (“los emisarios del pasado”). Grave en una administración que se intenta desligar del priísmo autoritario.

 

Lo terrible fue que los defensores automáticos de Felipe Calderón hayan sido Javier Lozano, quien motejó de “ruines” a los “abajo firmantes”, y, obviamente, Ernesto Cordero, quien dijo que son “calumniadores” quienes osan demandar a su jefe Felipe, e insistió en que el Ejecutivo continúe su acción judicial contra los atrevidos, no obstante que Alejandra Sota –la que expresó que los firmantes eran 29 mil, seis mil más de los conocidos– había afirmado que Calderón no ejercería acción judicial.

 

Pero, oh sorpresa, también apoyaron al ocupante de Los Pinos el muy valiente y honrado –no obstante el saqueo de la partida secreta presidencial, Luis Téllez dixit–, Carlos Salinas, el que llamó “iluminados” a los ciudadanos discrepantes; Emilio Chauyffet, quien se olvidó de Acteal debido a los anises que se tomó y ahora recordó que, ante las “injurias”, el señor presidente tiene el derecho de defenderse, luego de un regaño continuado a los periodistas que le consultaban.

 

Enrique Peña Nieto, entre su destape como en los tiempos idos con cargada y matraca, y las presentaciones de su libro que será un clásico de la política (mayor que El liberalismo mexicano, de Jesús Reyes Heroles), dijo que las tesis de los que fueron hasta Holanda no tenían sustento, que don Felipe ha combatido acertadamente la delincuencia, que era un despropósito que se denunciara a Calderón, ya que éste “personalmente” debería atender el asunto y que no debería haber ninguna acusación para apartar de su trabajo a quien manda en el país. En síntesis, apresurado, poco conocedor de las leyes, sus tiempos y formas, aunque eso sí, proyectando lo que hará si llega a la silla embrujada, ignorar a quien lo desvíe de su ruta programada, el esposo de la Gaviota mostró quién es realmente.

 

Más ponderado, Gerardo Laveaga, encargado del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), y considerado el encargado gubernamental, dijo que el asunto no sería atraído por la CPI, ya que fue equivocada la ruta: primero hacerlo en México y luego en el extranjero, que no hay una guerra –algo que antaño enarbolaba Calderón y luego cambió a lucha contra los narcos– y que no se podría argumentar la existencia de crímenes de lesa humanidad, entre otras consideraciones.

 

Algunos articulistas muy conocidos dijeron que los narcotraficantes estaban detrás de esta acción, igual que lo hicieron con las movilizaciones de Javier Sicilia y llamaron “infames” a quienes, equivocados o no, tienen derecho a eso y más. Como bien señalaron las comisiones nacional y capitalina de los derechos humanos. Además, hubo desplegados de ciudadanos, abogados y especialistas en contra de que se criminalice a los peticionarios. Y hasta una reunión ante la Procuraduría General de la República de los denunciantes y de un buen número de ciudadanos que se sumaban a lo planteado por miles, entre los que estaba el reciente premio nacional de literatura, José Agustín.

 

En esas andábamos cuando en Sonora asesinaron al activista y quien pedía la aparición de su hijo, Nepomuceno Moreno. Claro que Javier Sicilia y otros exigieron lo de siempre: ¡justicia! La respuesta del gobernador Guillermo Padrés, a través de subordinados, era que el señor andaba desde antes cercano a los criminales, algo recurrente. Pero ¿y si fuera así, sin conceder, no sería bueno investigar y detener a los culpables? Para ratificar lo que dicen algunos columnistas: existe un gobierno “plenamente democrático”.

 

El 9 de noviembre Human Rigths Watch indicó que en México hay 170 casos de tortura, 39 desapariciones forzadas y 24 ejecuciones extrajudiciales, cuando menos, sin resolver. ¿No valdrá la pena demandar a esa agrupación internacional por calumniadora?

 

Netzaí Sandoval, hijo de comunistas, coincide de otra manera con lo que realiza en Chile Camila Vallejo, también de padres rojos. El regreso de los izquierdistas en Latinoamérica es notorio.

 

*Periodista

 

[TEXTO PARA TWITTER: ¿Calderón también perseguirá a Amnistía Internacional y a Human Rigths Watch por “calumniadoras”?]